El resultado de los conflictos se encuentra a la par de otros países latinoamericanos que atravesaron por procesos similares, sin embargo, en Colombia ocurrió algo peculiar: con el objetivo de sanar heridas antiguas y construir nuevos caminos hacia la reconciliación, decenas de ex rebeldes, funcionarios, antropólogos forenses y líderes religiosos ahora trabajan juntos en la búsqueda de los desaparecidos del país.
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Imágenes de desaparecidos en Colombia.
En 2016, un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo rebelde del país, le valió al entonces presidente Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, ni él ni sus sucesores han podido abordar completamente los problemas que ayudaron a desencadenar el conflicto de Colombia en los años 60, como la violencia endémica, el desplazamiento y la desigualdad.
En las últimas elecciones de 2022, Gustavo Petro asumió como el primer líder de izquierda del país. Su objetivo es desmovilizar a todos los rebeldes y pandillas narcotraficantes, pero a pesar de que se llevó a cabo un cese al fuego, las negociaciones con el grupo guerrillero restante de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fracasaron y la violencia resurgió. Simultáneamente, los grupos disidentes de las FARC y las mafias del narcotráfico continúan afectando al país.
El pacto de paz estableció tres instituciones clave para los esfuerzos de búsqueda: la Comisión de la Verdad; la Jurisdicción Especial para la Paz, que fomenta que los delincuentes confiesen sus crímenes y tomen acciones de restitución a cambio de no cumplir condena; y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que rastrea las desapariciones, realiza exhumaciones y devuelve los restos a los familiares dolidos.
“Han pasado 17 años y sigue doliendo”, dijo Doris Tejada madre de Óscar Morales, desaparecido en 2007, a AP. Gracias a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Doris pudo enterrar los restos de su hijo en 2024. “Le pedí ayuda a Dios porque fue difícil ver sus huesos. Aún lloramos", lamentó.
Tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos ilegales fueron responsables de las masacres, reclutamientos forzados y desapariciones, pero según la Comisión de la Verdad, los grupos paramilitares cometieron el 45% de los homicidios, mientras que las guerrillas, la mayoría de ellas de las FARC, fueron responsables del 27% y las fuerzas gubernamentales del 12%.
En Paraguay se fue el dictador pero siguió el partido
El general Alfredo Stroessner fue derrocado en 1989 después de 35 años de terror, periodo durante el cual 20.000 personas fueron torturadas, ejecutadas o desaparecidas. Sin embargo, algunos paraguayos todavía sienten la presencia del general en la política nacional.
“Probablemente este sea el único país en el que el partido político que apoyó a un dictador, una vez que él se va, sigue en el poder”, dijo Alfredo Boccia, experto en la historia de Paraguay. “Por eso la escrutinación tardó tanto, la mayoría de los desaparecidos nunca fueron encontrados y apenas hubo juicios", apuntó.
Mientras que en países como Argentina 30.000 personas desaparecieron durante una dictadura que duró menos de una década, en Paraguay la cantidad de desaparecidos en 35 años de régimen fue de 500 personas. De todas formas, la particularidad del país es que de ese número solo se han recuperado 15 cuerpos, por lo que las familias reclaman que la búsqueda continúe.
Stroessner fue presidente de Paraguay, líder del conservador Partido Colorado, comandante de las fuerzas armadas y jefe de policía. No fue derrocado por sus enemigos, sino por su propio consuegro, Andrés Rodríguez Pedotti, y los miembros militares involucrados estaban afiliados a su partido, que ha gobernado casi sin interrupciones desde entonces.
El dominio del Partido Colorado hace que la rendición de cuentas sea esquiva. Pocos de los responsables de los crímenes han sido procesados, y las escuelas públicas evitan mencionar la dictadura en las clases de historia.
“Los paraguayos ahora votan por el partido libremente”, dijo Boccia. “Para nosotros, los que luchamos por la memoria, esa batalla se perdió", añadió.
Rogelio Goiburu mira los huesos de un esqueleto encontrado en una excavación en los cuarteles de las Fuerzas Especiales de la Policía en Paraguay, en 2013 - Foto por Jorge Sáenzpara AP.webp
Rogelio Goiburu, integrante de la Comisión de la Verdad y Justicia de Paraguay, mira los huesos de un esqueleto encontrado en una excavación en los cuarteles de las Fuerzas Especiales de la Policía en Asunción, Paraguay, el 19 de marzo de 2013. Su padre desapareció en 1977.
AP/Jorge Sáenz
Rogelio Goiburu, quien ha buscado a su padre durante 47 años, fue nombrado director de memoria histórica en el Ministerio de Justicia, pero no tiene presupuesto. Por sus propios medios o recaudando fondos, ha llenado los vacíos sobre el destino de su padre y otros desaparecidos, ganándose la confianza de oficiales retirados de la policía y el ejército que le confesaron cómo se disponían de los cuerpos.
Solo se ha realizado una excavación importante en Paraguay en busca de desaparecidos. Fue dirigida por Goiburu entre 2009 y 2013. De los 15 cuerpos encontrados, solo cuatro fueron identificados.
“Cada desaparición ataca el derecho al luto”, dijo a AP Carlos Portillo, quien entrevistó a miles de víctimas para la Comisión de la Verdad. “No hay cultura que no tenga un ritual para el luto. Una desaparición es la negación de este ritual, y por eso es imposible dejar ir", señaló.
En Perú, 20 años de conflicto dejaron un saldo de 20.000 desaparecidos
En Perú, se estima que 20.000 personas desaparecieron entre 1980 y 2000 durante un brutal conflicto entre el gobierno y el grupo Sendero Luminoso, una organización comunista que buscaba la transformación social mediante una revolución armada.
El grupo, fundado en la década de 1970 por Abimael Guzmán, atacaba con burros cargados de explosivos que detonaban en multitudes, bombas que hacían explotar farolas para sumergir las ciudades en oscuridad, y perpetraba masacres que acababan con familias enteras. Sin embargo, el terror no sólo fue desatado por los senderistas. Las Fuerzas Armadas también fueron responsables de miles de muertes y violaciones a los derechos humanos.
Cientos de hombres, muchos de ellos inocentes, fueron capturados por el ejército, a menudo para enfrentar torturas y ejecuciones. Otros fueron asesinados y enterrados en fosas comunes por los insurgentes que buscaban controlar comunidades sembrando el miedo.
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Restos de varias personas asesinadas en el conflicto armado interno de Perú yacen juntos en una misa de funeral en la catedral de Ayacucho, después de que los identificara la fiscalía y fueran devueltos a sus familias, el miércoles 23 de octubre de 2024.
AP/Silvio La Rosa
Aunque desde entonces han desaparecido cientos de personas por otros motivos, la Comisión de la Verdad dijo que este fue el período más violento de la historia de Perú. Más de 69.000 personas son contadas como “víctimas fatales”, unas 20.000 clasificadas como “desaparecidas” y el resto asesinadas por el ejército o los insurgentes.
“De muchas maneras, Perú aún está lidiando con las repercusiones de la violencia política de finales del siglo XX”, dijo Miguel La Serna, profesor de historia en la Universidad de Carolina del Norte.
“Generaciones enteras de hombres adultos desaparecieron y eso impactó las demografías en estas comunidades. La gente se mudó para escapar de la violencia y algunos nunca regresaron”, agregó. “Y eso sin mencionar el trauma social y colectivo que experimentaron las personas.”
A pesar del trabajo de médicos forenses, fiscales y organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, solo se han encontrado unos 3.200 restos. Algunos temen ahora que la presidenta Dina Boluarte pueda recortar el apoyo gubernamental para seguir buscando.
