En el entorno de Donald J Trump se encuentra un grupo de empresarios e inversores petroleros que recomiendan al nuevo presidente electo abandonar la política de máxima presión que aplicó en su primer mandato contra el régimen de Nicolás Maduro y, en su lugar, llegar a un acuerdo con Venezuela. ¿De qué tipo? Más petróleo a cambio de menos migrantes.
Enero será un mes clave para ambos países. Mientras que el 10 de enero está pautado el inicio del nuevo ciclo de gobierno en Venezuela, con un Maduro que se resiste a entregar el poder a Edmundo González Urrutia, el día 20 de ese mismo mes Joe Biden entregará la presidencia para dar lugar a un nuevo gobierno de Trump. En el medio, empresarios e inversores especulan frente a la nueva política que tomará la Casa Blanca de cara al país latinoamericano.
Algunos empresarios, como Harry Sargeant III, un multimillonario donante del Partido Republicano conocido por jugar al golf en el club Mar-a-Lago de Trump un día y volar a Caracas al siguiente, están tratando de mostrar a la administración entrante los beneficios de negociar con Maduro en lugar de intentar desplazarlo, según informó The Wall Street Journal.
La semana pasada, Global Oil Terminals, parte de un conglomerado de Florida fundado por Sargeant, despachó un envío de 43,000 barriles de asfalto líquido venezolano, suficiente para pavimentar unos 88 kilómetros de carretera, en el puerto de Palm Beach, a unos kilómetros de la residencia de Trump en Florida. Esta fue la primera entrega de asfalto desde Venezuela al puerto desde que la administración de Trump impuso sanciones petroleras a principios de 2019, que prohibieron a las compañías estadounidenses extraer y transportar crudo venezolano.
El envío fue posible gracias a una licencia que el Departamento del Tesoro bajo la presidencia de Biden otorgó a algunas compañías petroleras para reiniciar operaciones en Venezuela.
Estos empresarios sostienen que un cambio de política para acordar con Maduro podría reducir la migración venezolana en el país, ayudar a mejorar los precios de la energía en EE. UU. y frenar el avance de China y Rusia en Venezuela. Ellos proponen lo que llaman "un enfoque más pragmático" y sostienen que el objetivo de restaurar la democracia en Venezuela pasaría a ser una prioridad menor.
"Es indiscutible que el flujo renovado de asfalto venezolano de alta calidad y bajo costo hacia EE. UU. ha sido un beneficio para el contribuyente estadounidense", dijo Harry Sargeant IV, presidente de Global Oil Terminals y hijo del fundador. "Ha sido un golpe para nuestros competidores estratégicos porque, bajo las sanciones, estos barriles se convirtieron en petróleo combustible con grandes descuentos que simplemente subsidiaron la economía china", agregó.
El propio Maduro ha sugerido un reinicio con Washington. "En mi primer gobierno, las cosas no nos fueron bien con el presidente electo Donald Trump -dijo en un reciente discurso televisado-. Este es un nuevo comienzo, así que apostemos por una victoria para todos".
Fuentes cercanas al régimen creen que, al facilitar el suministro de petróleo a EE. UU. y aceptar los vuelos de deportación de migrantes venezolanos que habían sido suspendidos después de que las negociaciones con la administración Biden se desgastaran, Maduro podría ayudar a cumplir los principales objetivos de política de Trump, como la deportación de migrantes venezolanos.
El fracaso de las sanciones económicas
Venezuela representa uno de los desafíos de política regional más complejos para el gobierno entrante. En Estados Unidos se encuentran cerca de 700.000 venezolanos, de los 8 millones que migraron durante el mandato de Maduro por la mala gestión económica, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.
La economía de Venezuela depende en gran parte de las exportaciones de petróleo, por lo que algunos economistas y exdiplomáticos aseguraron que las sanciones económicas de 2019, diseñadas para asfixiar financieramente al régimen, no solo fracasaron en generar un cambio político en el país, sino que también contribuyeron a acelerar el éxodo de migrantes, empobreciendo aún más a las personas.
Hace dos años, el gobierno de Biden redujo las sanciones para persuadir al gobierno autoritario de que celebrara elecciones libres y justas. Pese a las sucesivas trabas y proscripciones políticas, las elecciones se realizaron en julio de este año. Pero Maduro se resiste a abandonar el poder tras el triunfo de González Urrutia. El líder opositor está en una suerte de exilio en España, pero prometió volver a Caracas a tomar posesión del mando.
Las empresas petroleras que operan en Venezuela gracias a las licencias son principalmente la estadounidense Chevron, la española Repsol y la italiana Eni.
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En el último tiempo, el régimen ha intensificado las amenazas de arrestar a María Corina Machado. La principal líder de la oposición se escondió después de liderar un esfuerzo de base para recolectar y publicar a mano las boletas que el régimen mantenía en secreto y que mostraban que Maduro perdió las elecciones de julio por un margen de 2 a 1.
En septiembre, la oposición venezolana tocó un tema tabú. El asesor político de Machado en Estados Unidos, Rafael de la Cruz, habló en una conferencia organizada por la Americas Society/Council of the Americas en Nueva York, y, ante El Observador USA y otros medios, el dirigentepidió al gobierno de Estados Unidos la cancelación de las licencias a las petroleras que trabajan en Venezuela. Según el asesor, esto obligaría a Maduro a sentarse a negociar y "acordar garantías" para que el régimen entregue de "manera pacífica y ordenada el gobierno"
El consejero de la líder opositora se vio obligado a aclarar que su planteo no busca "confrontar con las empresas". De la Cruz agregó: "Somos responsables y nos vamos a hacer cargo del gobierno. Chevron estuvo 100 años en Venezuela y sabemos que somos un país petrolero. Queremos que se queden. No podemos estar en contra de las compañías. Pero es un tema de contexto. Se trata de un paso para presionar al régimen".
La Casa Blanca y el Departamento de Estado, sin embargo, optaron por no apretar ese botón al momento. A cuatro meses de cometido el fraude electoral por parte de Maduro, Biden coquetea con la posibilidad de cortar ese flujo de producción petrolera. Pero el contexto de la guerra en Ucrania desincentiva a la administración demócrata.
Lo que sí hicieron el miércoles pasado fue sancionar a 21 funcionarios venezolanos, en un intento por sumar presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Así se lo confirmaron altas fuentes del gobierno de demócrata a El Observador USA y otros medios.
Las nuevas sanciones, que bloquean cualquier propiedad o interés en bienes de los sancionados en Estados Unidos y prohíben transacciones con entidades estadounidenses, apuntan "a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro". El recurso de las restricciones en las visas ya fue utilizado, sin éxito, en el pasado por la administración de Biden.
El paso que el gobierno de EEUU no se anima a dar es quitar las licencias a las compañías petroleras que operan en Venezuela. "Que no lo hayamos hecho hasta ahora no significa que no lo vayamos a hacer en el futuro próximo", dijo un alto funcionario de la Casa Blanca en una llamada de prensa con este medio.
Expectativa de los bonistas
Numerosos inversionistas petroleros y tenedores de bonos occidentales con miles de millones de dólares en deuda venezolana en default, viajaron a Caracas a principios de este año para evaluar las perspectivas comerciales en caso de un avance bilateral. Así lo confirmó el Wall Street Journal. Con el objetivo de devolver la prosperidad a la industria petrolera en el país, Maduro ofreció la posibilidad de acuerdos favorables para los inversionistas que pudieran ayudar a persuadir a EE. UU. de levantar las sanciones.
En su campaña, Trump solía aludir a Caracas, que antes era un punto caliente de homicidios, como un lugar seguro y llegó a decir, en tono de broma, que se mudaría allí si perdía las elecciones. Estos comentarios alimentaron las especulaciones entre algunos inversionistas de que Trump estaría dispuesto a dar un giro en su política hacia Venezuela.
Los funcionarios elegidos por Trump despiertan dudas sobre un cambio de política
Sin embargo, las esperanzas de un cambio de política recibieron un golpe cuando Trump nominó al senador de Florida Marco Rubio como su secretario de Estado. Rubio ha defendido durante mucho tiempo una presión internacional contundente contra Maduro y otros regímenes autoritarios en las Américas.
Varios de los nombramientos arrojan dudas sobre el futuro de las más de 150 solicitudes de licencias que pasarán al equipo de Trump una vez que asuma el cargo. Tanto el exasesor de seguridad nacional Mauricio Claver-Carone, como Elon Musk, quien desafió a Maduro a un enfrentamiento durante las disputadas elecciones venezolanas, son fervientes opositores del régimen. Además, algunos republicanos, como el excontratista de defensa Erik Prince, han estado presionando al gobierno de EE. UU. para aumentar la recompensa de 15 millones de dólares que tiene sobre Maduro por presunto narcoterrorismo a 100 millones.
A principios de este mes, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un proyecto de ley bipartidista que prohíbe a Washington contratar a cualquier persona que tenga negocios con Maduro o con cualquier gobierno venezolano sucesor que no sea considerado legítimo por EE. UU. Uno de los patrocinadores del proyecto es el representante Mike Waltz de Florida, elegido por Trump como su asesor de seguridad nacional.
