El documento, basado en entrevistas y cuestionarios a familiares y ex presos políticos, denuncia la “violación sistemática de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a una alimentación adecuada, al acceso al agua potable, a la salud y a condiciones dignas de alojamiento e higiene”.
“Cerca de 2.200 personas fueron detenidas de manera arbitraria de acuerdo con las cifras oficiales, que se sumaron a los más de 300 presos políticos que ya había en Venezuela previo al evento electoral”, agrega el documento y explica que estas detenciones “ocasionaron una crisis en las condiciones de reclusión que ya venían siendo precarias”.
Las autoridades han excarcelado a parte de los detenidos, en especial a menores de edad, pero la ONG Foro Penal señaló el 24 de diciembre que aún permanecen 1.800 detenidos por causas políticas.
Familiares se juntan a protestar a fuera de la carcel de Venezuela donde falleció el tercer detenido 2.jpg
Al referirse al derecho a la vida, el Comité recuerda que “lamentablemente entre noviembre y diciembre murieron tres personas que estaban bajo custodia: Jesús Manuel Medina, Jesús Rafael Álvarez y Osgual González, que se sumaron a la ya triste cifra de al menos 19 personas que desde 2015 han muerto en custodia del Estado venezolano”.
Comida con insectos
En las cárceles de máxima seguridad, familiares de los presos afirman que “los alimentos en varias ocasiones tienen insectos, están descompuestos o no son suficientemente cocidos. Las raciones son minúsculas e insuficientes, lo que se ha traducido en pérdida de peso y enfermedades estomacales”, dice el informe.
En la cárcel de Tocuyito, a 180 kilómetros de Caracas, servían “comida descompuesta y con animales (cucarachas, gusanos y cocos)” según familiares entrevistados, mientras que otros se refirieron a “pasta sola, con carne molida en mal estado y frijoles malos con pelos y gusanos”.
Un excarcelado relató que su almuerzo “era arroz o pasta, acompañado de granos o jamonada o vísceras molidas. Las vísceras había que comerlas de inmediato, porque si no a las tres horas ya estaban podridas”.
Poca agua
“Se ha documentado que es poca el agua potable que le suministran a los presos políticos en las cárceles de máxima seguridad del país, y solo se reduce a unos cuantos litros semanales, que se suman a los proporcionados por los familiares en las visitas”, afirma el Comité.
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Cerca de 2.200 personas fueron detenidas por las protestas contra la irregular elección, de acuerdo con las cifras oficiales.
Uno de los presos liberados el pasado 23 de diciembre relató que en el Internado Judicial de Carabobo, a unas dos horas de Caracas, les dieron "un pote de arroz chino que estaba en una celda para seis personas". "Ese pote de arroz chino lo llenaba un custodio tres veces al día, y con ese nos tomábamos un trago de agua cada uno", contó.
Familiares de los detenidos explicaron que al preguntar por la calidad del agua obtuvieron respuestas como: “Es amarilla, de pozo”; “la sacan de un chorro, que no se sabe de dónde viene”; siendo “regularmente turbia”.
Condiciones de reclusión
Los detenidos están alojados en celdas insalubres y sin condiciones elementales. “Dormíamos en literas de cemento con colchonetas muy finitas que parecían un cartón. Permanecíamos siempre en las celdas sin hacer nada, debido a que, si el custodio nos encontraba hablando, nos castigaban. No podíamos hacer bulla”, explican liberados de la cárcel de Tocorón, un penal a 130 kilómetros de Caracas.
El informe indica que “en el centro de reclusión de Tocuyito, los detenidos no contaban con sábanas para abrigarse, por lo que optaron por romper el forro de las colchonetas y así poder abrigarse, metiéndose entre el forro y la goma espuma de la colchoneta”.
Tortura y malos tratos
El Comité recopila testimonios que dan cuenta de tortura física y psicológica. El familiar de uno de los detenidos en Tocorón contó en un cuestionario: “Mi hijo está muy delgado. Mi hijo quedó sordo de una golpiza que le dieron”.
La madre de uno de los adolescentes de 16 años, detenidos tras las protestas poselectorales, denunció en la entrevista que a su hijo “le pegaron hombres y mujeres. Le pasaron corriente en las manos y le querían colocar una funda negra con un polvo blanco. Le ponían una pistola en la cabeza, sino jalaba la corriente. La corriente era para que grabara un video donde debía decir que María Corina (Machado) le dio 30 dólares para protestar”.
“En la torre del penal de Tocuyito donde me encontraba, desde el 26 de agosto hasta la actualidad, nunca las luces fueron apagadas, las lámparas estaban dentro de la celda y siempre las luces de la celda y los pasillos permanecieron encendidas”, narró uno de los excarcelados entrevistados narró.
A esto se añaden tratos degradantes con familiares. “En la visita me sentí violada, me obligaron a desnudarme al frente de otras mujeres, a pegarme contra la pared, a que me agachara y abriera las piernas. Luego me insistieron que me abriera más cuando estaba agachada, que me abriera con los dedos los labios de la vagina, y me colocaron un celular con la linterna prendida entre las piernas”, narró un familiar.
Documentar lo que ocurre en Venezuela
Diego Casanova Maita, miembro del Comité y quien tiene a su hermano de 25 años José Pérez Maita, detenido desde el pasado 29 de julio, explica que “hasta el momento no había ningún documento, ningún reporte que describiera en detalles la represión y la situación de los reclusos; eso nos motivó a hacer este trabajo”.
Añade que su hermano regresaba del trabajo cuando fue detenido y sin prueba alguna fue acusado de “instigación al odio, irreverencia a la autoridad y daño al patrimonio público". "Está preso en un comando policial, tenemos que llevarle la comida todos los días. No se nos permitió nombrarle un abogado, la audiencia telemática fue a media noche y le asignaron un defensor público”, asegura.
El informe solicita a las autoridades “libertad plena de forma inmediata para los presos políticos, civiles y militares, presos de conciencia y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sometidos a juicios sin garantías de imparcialidad judicial”.
Agrega a la lista “crear una comisión independiente para investigar las muertes bajo custodia y establecer responsabilidades penales”, así como “permitir el acceso a defensa privada de los privados de libertad por razones políticas, a quienes se les ha impedido contacto con sus abogados, violando su derecho a la defensa”.
