Tarek William Saab administra a piacere el destino de las más de 2000 personas que fueron arrestadas por participar en las protestas después de las elecciones del 28 de julio. Justifica liberaciones o retenciones a discreción, según describen organismos con larga experiencia en la defensa de los Derechos Humanos. Lo hace desde su condición de fiscal general de Venezuela. Al momento, el número total de prisioneros liberados asciende a 910, menos de la mitad de los detenidos originalmente.
El grupo Valiñas ha documentado 850 casos de violaciones graves de derechos humanos en Venezuela, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, entre otros delitos.
En su último informe, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela advirtió que las autoridades “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente” tras las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador sin mostrar las actas de votación.
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El viernes 11 de octubre, un día después de que se publicara este reporte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años el mandato de la misión con el voto a favor de 23 países (entre los que figuran Argentina, Chile, Costa Rica y República Dominicana), 18 abstenciones (entre ellas Brasil) y 6 países en contra (Algeria, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam).
Uno de los apuntados centrales por su responsabilidad en ese cruel panorama es Tarek William Saab.
La represión en Venezuela derivó en al menos 27 muertos. Saab, sin embargo, se desentendió de esa tragedia. Incluso achacó las víctimas mortales declaradas por la ONG Human Rights Watch a fallecimientos a “la propia violencia de los manifestantes”. Es decir, culpó a los manifestantes por las muertes de los manifestantes.
Saab a su vez negó que existan niños detenidos, pero admitió que al menos un 10% de los encarcelados tenían entre 16 y 17 años.
Los organismos de DDHH, por el contrario, registraron secuestros masivos y que los presos no cuentan con derecho a defensa ni la asistencia de los servicios consulares por el sólo hecho de disentir políticamente con el régimen.
En Tocorón, por ejemplo, hay una celda de tortura conocida como la "cama de Adolfo", según le dijo Juan a BBC. Juan es un joven de unos 20 años que asegura haber sido torturado física y psicológicamente por las fuerzas de seguridad venezolanas tras ser detenido en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
"Es un cuarto oscuro y sin mucho oxígeno del tamaño de una bóveda. Te meten ahí por unos minutos hasta que no puedas respirar y te desmayes o comiences a golpear la puerta con desesperación. A mí me metieron y duré poco más de cinco minutos. Pensé que me iba a morir", recuerda Juan.
La sinuosa trayectoria de Tarek Saab
En ese contexto, Tarek Saab es una de las figuras más controvertidas del chavismo. El militante revolucionario desde su juventud se convirtió en una influyente figura política en la Venezuela de los últimos 25 años.
Abogado, Saab fue designado fiscal general en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente. Poco antes de ese ascenso, la Casa Blanca le había impuesto sanciones. Lo acusaron, junto a un grupo de dirigentes chavistas, de “socavar la democracia, la libertad y el imperio de la ley”, según detalló entonces el gobierno de EEUU en un comunicado.
Desde entonces, a Saab se dedicó a desafiar las acusaciones hechas contra el Estado venezolano por los excesos cometidos contra activistas opositores y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Nicolás Maduro. Las denuncias fueron realizadas en foros internacionales, muy especialmente en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional.
Las múltiples acusaciones y sanciones internacionales cuestionan su integridad y desempeño como fiscal del régimen.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado que Saab ha actuado como un facilitador de las políticas represivas del gobierno. En particular, se lo acusó de hacer la vista gorda ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos.
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Juan Carlos HERNANDEZ / AFP
Devoto militante chavista desde la génesis del movimiento, en los años noventa, los continuos desencuentros con la prensa y las constantes pugnas con la oposición lo convirtieron en un personaje desconfiado, irritable y ultra sensible con la crítica. Particularmente, a partir de sus años como gobernador del estado Anzoátegui, entre 2004 y 2012.
Se convirtió en un suspicaz crónico. Jamás pudo volver a confiar en las intenciones de la oposición. Se tomaba como personales los cuestionamientos a su Gobierno. Reaccionaba indignado ante cualquier cuestionamiento de su desempeño como activista de derechos humanos.
Sanciones Internacionales y acusaciones de corrupción
En 2017, Estados Unidos impuso sanciones a Saab, acusándolo de socavar la democracia y participar en actos de corrupción. Por entonces Saab ocupaba el cargo de Defensor del Pueblo.
Su misión en teoría era defender los derechos humanos en Venezuela. Las protestas contra el régimen de Maduro, sin embargo, resultaron en represión y violencia ante la actitud cómplice de Saab. Así lo determinó desde la Casa Blanca a respetados organismos de Derechos Humanos.
La oposición venezolana estimó que hasta 15.000 civiles resultaron heridos en las protestas, con más de 3.000 detenidos y 431 presos políticos sin un proceso judicial justo y transparente. “Proliferan las detenciones arbitrarias, al igual que el abuso físico contra los detenidos; presuntos casos de tortura y otras violaciones y abusos de los derechos humanos son perpetrados por la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y otros servicios de seguridad”, detalló entonces el gobierno de EEUU.
Las sanciones incluyeron la congelación de activos y la prohibición de realizar transacciones financieras en territorio estadounidense. A pesar de estas medidas, en octubre de 2024, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, ratificó a Saab como Fiscal General por un nuevo período de siete años, lo que generó críticas sobre la falta de transparencia y la perpetuación de prácticas corruptas en el país.
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Protestas en Venezuela
AFP
Informes de la Corte Penal Internacional han documentado casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales, tratos degradantes y violencia sexual, sin que se observen acciones judiciales efectivas para sancionar a los responsables.
En octubre de 2024, Saab generó tensiones diplomáticas al acusar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de ser un agente de la CIA. Estas declaraciones fueron desautorizadas públicamente por el propio gobierno venezolano, evidenciando divisiones internas y cuestionando la credibilidad del Fiscal General.
La figura de Tarek William Saab continúa siendo una de las más controvertidas en el panorama político y judicial de Venezuela. Las múltiples acusaciones en su contra, sumadas a las sanciones internacionales y a los cuestionamientos sobre su integridad moral, plantean serias dudas sobre su idoneidad para ejercer el cargo de Fiscal General en un país que enfrenta profundos desafíos en materia de justicia y derechos humanos.
