El juicio que enfrenta al cantante puertorriqueño Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala Rodríguez) con su futura exesposa Mireddys González sumó en las últimas horas nuevas acusaciones cruzadas y puso la lupa sobre una transferencia millonaria que habría efectuado el reggatonero "sin previo aviso".
En la última audiencia celebrada el miércoles, el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, emitió una orden pidiendo que controlen sus “emociones y ego”. De lo contrario, ambas partes se expondrían a una multa de 5.000 dólares o, incluso, a ser descalificados.
“Los abogados y abogadas de las partes se abstendrán de continuar presentando escritos al expediente judicial hasta tanto el tribunal resuelva los escritos presentados. Aquel abogado o abogada que no pueda controlar sus emociones o su ego e incumpla esta Orden, deberá consignar la suma de 5.000 dólares como sanción económica”, agregó el letrado, de acuerdo a la información publicada este jueves por el portal ElNuevoDía.com.
La orden de Cuevas Ramos tuvo lugar horas después de que los abogados del artista Carlos E. Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel radicaran una moción donde acusaron a la representación legal de las hermanas González Castellanos de caer en una “agresión personal” en el pleito por el acceso a las corporaciones Los Cangris Inc. y El Cartel Records Inc.
“Una vez dispuesto de lo inconsecuente, queda aún latente la solicitud improcedente en derecho de las demandadas, que pretende que en un pleito de naturaleza interdictal y en donde ya se ha dictado sentencia final, se designe un administrador judicial. A tales efectos, se reitera la improcedencia jurídica del remedio solicitado”, agregaron.
El escenario sumó, además un último componente. Es que, el reporte de una filtración de documentos confidenciales en la demanda corporativa interpuesta por Yankee sacó a la luz una transferencia bancaria de 118 millones de dólares que habría realizado sin consultar a su aún esposa.
González calificó al movimiento de ser una violación de sentencia por “capricho" y solicitó al Tribunal el nombramiento de un administrador judicial para las corporaciones vinculadas al artista, argumentando un ambiente de incertidumbre y un “empate irreconciliable” en la toma de decisiones administrativas.
Según alegó, esta situación generó daños irreparables, incumplimientos de órdenes judiciales y conflictos graves entre los accionistas, incluyendo otras transacciones sustanciales realizadas sin su conocimiento.
