El presidente ha solicitado al máximo tribunal del país, mediante una petición de emergencia, que avale su decisión de despedir a los miembros de las juntas directivas de otras dos agencias independientes: la Junta Nacional de Relaciones Laborales y la Junta de Protección de Sistemas de Mérito.
Se trata de una impugnación directa de un precedente de 90 años de la Corte Suprema, que limita la facultad del presidente para destituir a miembros de juntas directivas de agencias independientes, excepto en casos de negligencia o malversación. Si este precedente fracasa, el despido de Powell en la Reserva Federal podría ser mucho más fácil de llevar a cabo.
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Trump quiera a Powell afuera
Trump también ha despedido a líderes de otras agencias federales, como la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Comisión Federal Electoral (FEC), y estos despidos también están siendo impugnados en tribunales inferiores.
"No hay ninguna diferencia legal entre Jerome Powell y yo", declaró a Bloomberg un miembro de la junta directiva de la FTC despedido por Trump. "Si el presidente puede destituirme legalmente, puede destituir legalmente a Jerome Powell".
El presidente ahora reflexiona públicamente sobre su deseo de echar a Powell. La semana pasada, en una publicación en Truth Social, declaró que su "despido no puede ser más rápido" y declaró a los periodistas: "Si quiero que se vaya, se irá enseguida, créanme".
Y el lunes volvió a arremeter contra el jefe de la Fed, a quien calificó de "gran perdedor" por no bajar las tasas de interés. "Puede haber una ralentización de la economía, a menos que el 'Señor Demasiado Tarde', un gran perdedor, baje las tasas, ahora", escribió en su red social.
Trump ha mantenido conversaciones privadas con un posible sustituto de Powell, el ex gobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh, según informó el Wall Street Journal. Sin embargo, algunos asesores económicos de Trump le han recomendado no destituir a Powell antes de que finalice su mandato en mayo de 2026.
El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, declaró a un periodista el viernes que Trump y su equipo estaban estudiando la posibilidad de despedir a Powell.
Jerome Powell se defiende
Powell, por su parte, ha insistido repetidamente en que su despido no está permitido por ley, y lo volvió a hacer la semana pasada.
Reconoció que está siguiendo el caso ante la Corte Suprema, poniendo a prueba la capacidad de Trump para destituir a miembros de la junta directiva de otras agencias independientes, y afirmó al respecto: "No creo que ese sea un caso aplicable a la Reserva Federal". No obstante, dijo, el banco central lo está "monitoreando cuidadosamente".
La única disposición legal que regula específicamente la destitución de miembros de la junta directiva de la Reserva Federal se encuentra en la Sección 10 de la Ley de la Reserva Federal. La ley establece que cada miembro de la junta ejercerá su cargo durante 14 años "a menos que el presidente lo destituya antes con causa justificada".
El estatuto no contiene ninguna disposición que se refiera específicamente al presidente de la Junta de Gobernadores, ni detalla qué constituye exactamente "con causa justificada". El término se ha interpretado en sentencias judiciales como "ineficiencia, incumplimiento del deber o malversación".
La autoridad legal de Trump para destituir a Powell y a otros jefes de agencias no es segura, según expertos en derecho constitucional, quienes señalan que una compleja combinación de riesgos legales, políticos y financieros dificulta predecir si el mandatario se saldrá con la suya.
Un elemento clave del argumento de Trump de que tiene la facultad de destituir a miembros de las juntas directivas de agencias independientes es el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos. Este artículo confiere al presidente el "poder ejecutivo" para "velar por la fiel ejecución de las leyes".
Cuando la Corte Suprema habló
El primer caso importante de la Corte Suprema que abordó la facultad del presidente para destituir bajo el Artículo II se remonta a la década de 1920, en el caso Myers contra Estados Unidos.
En ese caso, la Corte rechazó una ley de 1876 que facultaba al Senado para proteger a los directores del correo estadounidenses de ser despedidos por el presidente, dictaminando que la ley infringía la facultad del jefe de Estado según el Artículo II.
Pero una década después, la Corte Suprema restringió considerablemente la facultad del presidente en un caso de 1935, titulado Humphrey's Executor contra Estados Unidos, que impugnaba el despido del Comisionado Federal de Comercio por parte del presidente Franklin Roosevelt.
La Corte sostuvo que la autoridad del presidente para despedir a los funcionarios de agencias a voluntad se limitaba a los funcionarios puramente ejecutivos, y no a quienes dirigían agencias independientes dedicadas a la regulación y la adjudicación.
El tribunal distinguió entre los funcionarios del Poder Ejecutivo dentro de agencias que desempeñaban funciones legislativas y judiciales, como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC), y los que no las desempeñaban.
El Congreso, según el tribunal, tenía la facultad de limitar la facultad de destitución del presidente sobre dichos funcionarios "con causa justificada", describiendo entonces ese término como ineficiencia, incumplimiento del deber o mala praxis.
La protección de Jimmy Carter, en duda
Este precedente se mantuvo estable durante cinco décadas. El presidente Jimmy Carter incluso sugirió la ampliación de las protecciones contra la destitución para proteger al fiscal general de los Estados Unidos de ser despedido a voluntad del presidente, según el profesor de derecho de la Universidad de Michigan, Julian Davis Mortenson.
Pero en la década de 1980, las cosas empezaron a cambiar. En un caso de 1988 titulado Morrison contra Olson, se solicitó a la Corte Suprema que decidiera sobre la autoridad del presidente para despedir a la fiscal independiente Alexia Morrison, quien inició una investigación sobre el fiscal general adjunto del presidente Ronald Reagan, Ted Olson.
Olson supuestamente mintió al Congreso sobre un documento proporcionado a la Agencia de Protección Ambiental. El tribunal confirmó la limitación de destitución impuesta por el Congreso bajo la Ley de Ética en el Gobierno de 1978, argumentando que el Congreso podía proteger al fiscal especial y las funciones cuasi judiciales de este.
Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por juristas, abogados y políticos conservadores. En cambio, se centraron en un argumento presentado en una única opinión discrepante del juez Antonin Scalia, quien argumentó que el presidente debe poder controlar todos los usos del poder ejecutivo.
Lo que pase con Powell marcará otro precedente. Para bien o para mal.
