Como una de sus primeras medidas como presidente, Donald Trump desvinculó a su país de los compromisos asumidos por su antecesor, Joe Biden, con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para aplicar un impuesto mínimo global a las grandes empresas, que busca unificar los gravámenes a las corporaciones más allá de dónde operen.
En su primer día en la Casa Blanca, Trump firmó un memorando a través del cual instruyó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a comunicar a la OCDE que no se aplicará el acuerdo para el impuesto global en Estados Unidos.
Este acuerdo, suscrito en el año 2021 por 140 países, aunque todavía sin ratificar por el Congreso de EEUU, es un factor que puede suponer "represalias" para las empresas estadounidenses si ese país no cumple con las reglas pactadas, afirmó el memorando.
"Trump no solo acaba de matar la débil reforma fiscal de la OCDE, sino que también amenaza con destruir todo lo que se construyó desde hace un siglo" en materia de tributación de empresas, reaccionó en un comunicado Alex Cobham, titular de la ONG Tax Justice Network, que milita por una tributación más justa, según recogió la agencia AFP.
https://www.bbc.com/mundo/articles/cg451pwwz92o
Getty Images
Qué empresas debían pagar, según el acuerdo
El pacto suscrito en el marco de la OCDE establece que los países deben aplicar un tipo mínimo del 15% para los beneficios de las grandes empresas que facturan más de 750 millones de euros, aproximadamente unos 780 millones de dólares al cambio actual.
En Estados Unidos, esas grandes empresas pagan un 21% de impuestos sobre sus ganancias, más que ese 15% global; pero luego pueden recurrir a numerosas deducciones fiscales y otras herramientas para minimizar la cantidad que terminan pagando al fisco, según detalló la agencia EFE.
El acuerdo implica que si las grandes corporaciones multinacionales no pagan al menos el 15% sobre sus ganancias en sus países de origen, otras naciones podrían cobrarles un impuesto adicional. Esto significa que ciertos ingresos imponibles se trasladarán y gravarán en el lugar donde se obtuvieron, en lugar de donde la empresa tiene su sede o tiene presencia física.
1707130076513.webp
La OCDE estima que "el crecimiento mundial se mostró resistente en 2023", con un 3,1% del PIB.
Wikipedia Commons
El acuerdo de la OCDE ha sido ratificado por cerca de 45 países, entre ellos varios de la Unión Europea, como España o Francia; el Reino Unido; naciones latinoamericanas como Uruguay, México, Argentina o Colombia; además de la India, Turquía y Tailandia.
Según la OCDE, esta gran reforma fiscal debería aportar cada año más de 200.000 millones de dólares en tributos.
Las empresas que no quieran pagar podrían evitar hacer negocios en los países signatarios del acuerdo. Para que esto funcione sin la cooperación de Estados Unidos, esas naciones necesitarían una colaboración inquebrantable, sobre todo porque el gobierno de EEUU no verá con buenos ojos a los que impongan impuestos a las empresas estadounidenses de manera unilateral.
Para frenar estos intentos de antemano, la orden ejecutiva de Trump dio al secretario del Tesoro y al representante comercial de Estados Unidos 60 días para "investigar si algún país extranjero no cumple con algún tratado fiscal con Estados Unidos o tiene alguna norma fiscal vigente, o es probable que establezca normas fiscales, que sean extraterritoriales o afecten desproporcionadamente a las empresas estadounidenses".
¿Es necesaria la participación de Estados Unidos para llegar a un acuerdo?
Para que un acuerdo global de estas características funcione de manera eficiente, Estados Unidos debe ser parte de él, sobre todo porque muchas de las empresas que serían blanco de ataques son empresas estadounidenses como Amazon, Apple, Google y Facebook.
"El fracaso del acuerdo es una posibilidad real debido a la no participación de Estados Unidos en el mismo", dijo Robert Dever a Deutsche Welle el pasado mes de julio.
"Desafortunadamente, esto significa que el éxito del acuerdo probablemente quedará en manos de la situación política en Washington", dijo el responsable de la práctica fiscal irlandesa de Pinsent Masons, un bufete de abogados multinacional.