El Congreso de El Salvador, a solicitud del presidente Nayib Bukele, aprobó una reforma a la Ley Penal Juvenil que permite que menores condenados por delitos relacionados con el crimen organizado y vinculados a pandillas sean enviados a cárceles de adultos, aunque estarán detenidos en áreas separadas.
En las cárceles, los menores estarán separados en pabellones hasta los 18 años, cuando pasarán al "régimen general de adultos", según la reforma aprobada el miércoles.
Lo que se busca es evitar que los menores vinculados al crimen organizado "reciban el mismo tratamiento que aquellos que han cometido delitos de menor gravedad o de manera aislada", consigna la iniciativa leída por el diputado Walter Cotto.
Por eso, los adolescentes con pena de internamiento procesados por delitos comunes continuarán en centros administrados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de La niñez y La Adolescencia (ISNA) para "cumplir fines de la reintegración social".
La reforma se da en el marco que de la "guerra contras las pandillas" que libra Bukele desde 2022, amparado en un régimen de excepción que incluye la suspensión de algunos derechos constitucionales y la concesión a la policía de más poderes para detener y encarcelar a sospechosos.
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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele
Daniela RODRIGUEZ / AFP
Los poderes de emergencia permitieron las detenciones masivas y sin cargos, encarcelando a más de 83.000 personas -alrededor del 1% de la población total del país- sin el debido proceso, mientras que al menos 354 han muerto bajo custodia del gobierno. Aunque el gobierno ha liberado a 8.000 detenidos por falta de pruebas, los grupos de derechos humanos afirman que miles siguen encarcelados sin justificación.
Sin libertad condicional para condenados por delitos del crimen organizado
El Congreso aprobó además otra reforma que niega la libertad condicional a condenados por delitos de crimen organizado.
"No se aplicarán los beneficios de la libertad condicional, ni la libertad anticipada a las personas condenadas por delitos cometidos en la modalidad de crimen organizado", indica la legislación, según consignó la agencia AFP.
La reforma enfatiza que "es necesario limitar" el acceso a figuras que pretendan sustituir la ejecución de las penas impuestas a los integrantes de grupos del crimen organizado "por ser el principal flagelo que ha afectado el desarrollo, los derechos humanos y las libertades de toda una nación".
La ola de reformas que endurecen las penas para diferentes delitos se inició el pasado viernes, cuando el Congreso elevó las penas hasta 60 años de prisión para casos de homicidio agravado.
Las políticas de "mano dura" de Bukele, cuestionadas por organismos de derechos humanos, permitieron que El Salvador registrara una drástica reducción de la criminalidad, lo que ayudó a la popularidad del mandatario y a que ganara la reelección. El país cerró 2024 con la tasa de homicidios más baja en más de diez años. Frente a los 6.656 asesinatos de 2015, este último año registró sólo 114 homicidios, reduciendo el índice en un 98%.
