El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está empleando herramientas de análisis de datos para examinar las redes sociales de inmigrantes y estudiantes extranjeros, con el fin de detectar posibles actividades antisemitas que puedan servir como base para rechazar solicitudes migratorias o revocar visados. Diversas organizaciones advirtieron sobre los desafíos para la libertad de expresión y hablaron de "censura" y una vuelta del macartismo.
El DHS someterá a escrutinio a estudiantes extranjeros, personas que soliciten la residencia legal o cualquier otro tipo de beneficio migratorio como parte de un plan para "proteger a la patria de los extremistas y terroristas extranjeros" y cumplir con las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump, dijo la agencia en un comunicado difundido el miércoles.
"No hay espacio en Estados Unidos para los simpatizantes terroristas del resto del mundo y no tenemos ninguna obligación de admitirlos o dejar que se queden aquí", señaló en el texto la subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin.
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La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
AFP
La agencia advirtió que apuntará a aquellos que muestren "apoyo" a lo que denominó "ideologías antisemitas violentas" y a organizaciones como Hamás, la Yihad Islámica Palestina, Hezbollah o los hutíes.
"La secretaria (Kristi) Noem ha dejado claro que cualquiera que piense que puede venir a EEUU y esconderse tras la Primera Enmienda para defender la violencia antisemita y el terrorismo, que se lo piense otra vez. No son bienvenidos aquí", agregó McLaughlin.
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Preocupaciones alrededor de la libertad de expresión
El anuncio generó preocupaciones inmediatas sobre cómo Estados Unidos definiría qué constituye un apoyo a actividades antisemitas, y si cualquier crítica a Israel o su manejo de la guerra en Gaza podría ser suficiente para denegar la entrada al país. Además, suscitó un debate más amplio sobre la protección de la libertad de expresión y las libertades civiles, planteando interrogantes sobre los límites de la vigilancia gubernamental.
"Al vigilar a los titulares de visados y green cards y perseguirlos únicamente por expresar ideas protegidas por la ley, el gobierno reemplaza el compromiso de Estados Unidos con el discurso libre y abierto por el miedo y el silencio. Lamentablemente, ese efecto intimidante parece ser precisamente el objetivo de la administración" escribió la Fundación Individual Rights and Expression (FIRE) en X, en un mensaje en el que habló de "prácticas de censura".
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El Council on American-Islamic Relations (CAIR), una organización musulmana de defensa de los derechos civiles, acusó a la administración de "destrozar la Primera Enmienda" en beneficio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y consideró que la nueva política era una vuelta al "macartismo", en referencia a las tácticas utilizadas para identificar a presuntos comunistas en la Guerra Fría que violaban los derechos de privacidad.
"El espíritu de Joseph McCarthy está vivo en la administración Trump, que ha pasado meses descalificando deshonestamente las críticas legítimas a los crímenes de guerra del gobierno israelí en Gaza como antisemitas, persiguiendo la caza de brujas en las universidades estadounidenses y amenazando los derechos de libertad de expresión de los inmigrantes", dijo el subdirector nacional de CAIR, Edward Ahmed Mitchell, en un comunicado el miércoles.
Las herramientas de análisis de datos que se utilizan ahora para rastrear las redes sociales se modernizaron durante el gobierno de Biden, dijo un ex funcionario del DHS a la NBC. Pero aclaró que esta no era la función que la anterior administración pretendía para las mismas. "No teníamos como objetivo la actividad o el discurso político. Sólo los ibamos a vigilar si estaban incitando a la violencia", dijo.
Estudiantes internacionales en la mira
Manifestación en apoyo al activista palestino Mahmoud Khalil, el 10 de marzo de 2025, en Nueva York. AP.jpeg
Manifestación en apoyo al activista palestino Mahmoud Khalil, el 10 de marzo de 2025, en Nueva York.
AP
La directiva del DHS se produce en un momento en que la administración se dispone a revocar visados y deportar a estudiantes extranjeros que participaron en protestas contra la guerra en Gaza que conmocionó a los campus universitarios el año pasado.
En el último mes, casi 300 estudiantes internacionales fueron despojados de sus visados, según informes de los medios y de universidades que han revisado sus sistemas.
Entre ellos se encuentran Mahmoud Khalil, un estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia que fue detenido por las autoridades de inmigración en Nueva York a pesar de tener la green card, y Rumeysa Ozturk, una estudiante turca de doctorado de la Universidad de Tufts, que fue detenida cerca de Boston.
La administración además puso en marcha investigaciones sobre más de 60 universidades, entre ellas la Universidad de Columbia, acusadas de ser excesivamente tolerantes con el acoso a estudiantes judíos durante las manifestaciones.
Las herramientas que utiliza el grupo de trabajo del DHS están gestionadas por el Centro Nacional de Selección de Objetivos y el Centro Nacional de Investigación de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Cualquier posible alerta roja sobre un estudiante se comunica a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que a su vez piden al Departamento de Estado que determine si debe revocarse el visado del estudiante. Si éste decide que debe revocarse, el grupo de trabajo informa a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las oficinas locales para que detengan y deporten al estudiante.
Antes de que se creara el grupo de trabajo, gran parte de la labor de investigación se realizaba en las oficinas locales y se compartía con los agentes locales del ICE. Ahora, los agentes reciben órdenes de personas a las que tal vez no conozcan del grupo de trabajo de Washington sobre a quién detener, sin una orientación clara sobre por qué se les busca.
