El gobierno de Donald Trump revocó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, un beneficio migratorio que los protegía de la deportación y que había sido otorgada por la administración de Joe Biden poco antes del cambio de mando. Este permiso, que es ofrecido a las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, alcanzaba a unos 600.000 venezolanos, cuya situación ahora es incierta.
La nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó el martes la decisión de Biden de extender el TPS a estos migrantes por 18 meses, hasta octubre de 2026, según confirmó en Fox News, después de que la noticia fuera revelada por The New York Times, que tuvo acceso a una copia de la medida.
La extensión pretendía proteger a estos migrantes, que tienen un permiso legal para residir en Estados Unidos, de la "mayor deportación de la historia" prometida por Trump. Fue firmada el 10 de enero, el mismo día en que asumió Nicolás Maduro para un tercer mandato, luego de autoproclamarse vencedor de las elecciones del 28 de julio, en medio de evidencias de fraude y denuncias de la oposición, que mostró las actas que dan como ganador a su candidato, Edmundo González Urrutia, a quien Estados Unidos reconoce como presidente electo.
"Hemos firmado una orden ejecutiva dentro del Departamento de Seguridad Nacional que dice que no vamos a seguir adelante con lo que hicieron para atarnos las manos", manifestó Noem, que explicó que esto permite a los agentes federales evaluar a todos los venezolanos que están en el país, "incluso aquellos que están aquí y son miembros del Tren de Aragua".
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El TPS se otorga a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición "extraordinaria" y les permite vivir y trabajar hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.
Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar el programa, pero fue impedido por motivos legales. En el primer día de su nuevo gobierno, el republicano emitió una orden ejecutiva para revisar las designaciones de TPS.
"La medida de Trump va a generar inflación en Florida"
Los demócratas, por su parte, señalaron que el fin del TPS tendrá consecuencias negativas para el país. En una llamada de prensa con El Observador USA y otros medios, señalaron que la medida "va a generar estragos grandísimos". El dirigente Marco Frieri, analista político colombiano, señaló ante la consulta de este medio que los migrantes venezolanos van a dejar de ir a trabajar y de llevar a los niños al colegio.
"Son personas con permisos. Políticas extremas de inmigración como las de Trump y el gobernador Ron DeSantis sólo buscan generar miedo. Y van a generar estragos económicos. Miles de venezolanos aportan mano de obra importante en agricultura y construcción. Eso va a tener consecuencias económicas: van a subir los precios en Florida", aseguró Frieri.
La abogada especialista en temas de inmigración Laura Kelley, a su vez líder del Partido Demócrata en Miami-Dade, dijo que la mayoría de los 600.000 venezolanos con TPS viven en el estado de Florida, especialmente en la ciudad de Doral. La presidenta de los demócratas en el estado, Nikki Fried, le dijo a El Observador USA que la demonización de inmigrantes activará nuevamente la inflación, que parecía dominada.
A quiénes beneficiaba el TPS
Al otorgar la extensión a los venezolanos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había explicado que se debía a "la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano de Maduro".
Noem deberá decidir hasta el sábado qué hacer con los casos de los venezolanos cuya protección bajo el TPS vence en abril, caso contrario será renovado automáticamente por seis meses.
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La joven Kristi Noem debutó en una delicada comferencia de prensa en la Casa Blanca.
AFP
"Con esta medida, la secretaria Noem arroja a más de 600.000 personas a un estado de limbo burocrático", dijo Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, al New York Times. "La gente no tendrá certeza sobre si puede permanecer legalmente en el país hasta fin de año", apuntó.
Según el abogado, la decisión podría tener un fuerte impacto en la economía, ya que casi todos los alcanzados por el TPS están trabajando legalmente en el país.
Miles de personas quedarían entonces expuestas a una deportación, pese a no ser necesariamente delincuentes convictos, como prometió Trump. Al extender el TPS, el DHS había aclarado que para tener acceso a la protección debían pasar por un riguroso control de seguridad. "Las personas que hayan sido condenadas por un delito grave o dos delitos menores no podrán acogerse al TPS", indicó.
El gobierno de Biden amplió el TPS para cubrir a más de un millón de personas de El Salvador, Sudán, Ucrania, Venezuela y otros países, permitiéndoles permanecer legalmente en Estados Unidos. Según el Pew Research Center, hasta marzo de 2024 había 1,2 millones de personas elegibles para el TPS o ya beneficiadas con el programa, siendo los venezolanos el grupo más grande, apuntó la agencia AFP.
