Con redadas en lugares de trabajo, escuelas o centros religiosos, el gobierno de Donald Trump lleva adelante su plan para lograr la "mayor deportación de la historia". La sensación, para muchos migrantes, es que no hay lugar seguro. De hecho, uno de cada tres inmigrantes en Estados Unidos teme ser deportado o que alguien cercano lo sea. En el caso de los latinos, que representan un 20% de la población total del país, esta cifra es aún mayor: el 42% tiene esta preocupación, un aumento de tres puntos porcentuales con respecto a 2021.
El dato surge de un informe reciente del Pew Research Center, que encuestó a más de 5.000 adultos en todo el país para saber qué opinaban de las deportaciones masivas. La posibilidad de ser expulsado de EEUU se incrementó durante la administración Trump para los alrededor de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.
En el marco de su política de mano dura con los migrantes, a los que acusa de una "invasión", el gobierno del líder MAGA declaró desde el primer día la emergencia en la frontera con México y canceló las citas de los que buscaban solicitar asilo. Además, suspendió los vuelos de miles de refugiados que tenían autorización para ingresar a EEUU, revocó el permiso temporal TPS para miles de venezolanos, así como el parole humanitario para más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos concedido por el gobierno anterior.
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También ordenó recortar el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento, aunque esta medida se encuentra frenada por la justicia. Un juez también intentó frenar la aplicación de una ley de 1798 usada en tiempos de guerra, que permite una deportación sin el debido proceso, utilizada para enviar a decenas de migrantes venezolanos a la cárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele en El Salvador. La administración Trump, sin embargo, que acusa a los migrantes de pertenecer a bandas criminales como el Tren de Aragua, mantuvo las expulsiones.
Los cambios de rutina por las políticas de Trump
"Armamos una carpeta con documentos, y ya no mando a mi hijo a la escuela sin una copia del pasaporte en la mochila o un contacto de emergencia", le contó Marisela, una inmigrante guatemalteca que lleva casi dos décadas en Estados Unidos pero sin papeles, a BBC Mundo.
Su caso es el de muchas familias con situación migratoria mixta, o sea, con al menos uno de sus miembros indocumentados, que se preparan para una posible separación por la deportación de alguno de sus integrantes. De acuerdo con datos del Pew, más de seis millones de hogares en EEUU cuentan con situaciones migratorias mixtas, lo que representa el 5% del total.
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La posibilidad de ser abordado por agentes migratorios llevó a que muchos migrantes adaptaran sus hábitos. Por ejemplo, algunos se acostumbraron a llevar encima la "tarjeta roja", también llamada know-your-rights card(conozca sus derechos), que recuerda a quien la tiene entre manos algunos de sus derechos constitucionales y le resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Según la encuesta del centro Pew, el 4% de los adultos en el país dijo que en el último tiempo comenzó a llevar un documento que pruebe su estatus migratorio o ciudadanía y un 2% que hizo cambios en sus horarios o su rutina diaria. En el caso de los latinos, el 12% aseguró que recientemente empezó a estar pendiente de salir con este tipo de documentos.
El apoyo a las deportaciones masivas
En general, la mayoría de los estadounidenses apoya la deportación de migrantes, pero con algunas diferencias sobre quiénes deberían ser expulsados y dónde deberían realizarse redadas, de acuerdo con el estudio. El 32% considera que todos los inmigrantes que viven de manera irregular en EEUU deberían ser deportados, mientras que el 16% cree que ninguno debería ser expulsado y poco más de la mitad (51%) opina que al menos algunos deberían ser echados.
A su vez, entre los que creen que algunos de los migrantes sin papeles deberían ser deportados, casi todos (97%) respaldan la expulsión de aquellos que cometieron delitos violentos, alrededor de la mitad (52%) la de los que cometieron delitos no violentos y otros tantos (44%) de los que llegaron al país en los últimos cuatro años.
Aunque Trump aseguró siempre que el foco estaba los "criminales" que "invadieron" el país, muchos de los de migrantes detenidos para ser deportados o expulsados en los últimos meses no entran en esa categoría. Un ejemplo podría ser el de Wilson Velásquez, un hondureño de 38 años que fue detenido en enero por agentes migratorios frente a la iglesia de Atlanta a la que había ido como todos los domingos junto a su familia. Según contó su esposa a BBC, carecía de antecedentes y contaba con un permiso de trabajo provisional.
Uno de los cambios más importantes del nuevo gobierno fue que amplió estas operaciones a lugares considerados "sensibles". Para eso, revocó una orden de la era Biden que protegía ciertas áreas - como iglesias, escuelas y hospitales- de la aplicación de la ley de inmigración y permitió que agentes del ICE pudieran tomar medidas en estos espacios utilizando el llamado "sentido común".
De acuerdo con la encuesta de Pew, la mayoría considera que no deberían llevarse adelante redadas en lugares de culto (65%), escuelas (63%) y hospitales (61%). Sin embargo, sí está de acuerdo con que se implementen en protestas o mitines (66%), en sus hogares (63%) o lugares de trabajo (54%). Entre los latinos, de todas formas, el respaldo a las detenciones en estos lugares es minoritario: el 48% apoya que sea en protestas o mitines, el 38% en sus hogares y el 32% en el lugar de trabajo.
