Como ocurrió con varias de las medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump, la justicia intervino para frenar la deportación de decenas de migrantes a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador sin el debido proceso. Ahora, la Corte Suprema la dio la razón al republicano y habilitó la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, para estas expulsiones. Además, en otro fallo favorable al líder MAGA, aceptó dejar en suspenso la orden que obligaba a devolver a un migrante salvadoreño enviado por error a su país.
En una decisión dividida (5-4), el máximo tribunal habilitó el uso de esta legislación, utilizada en tiempos de guerra y que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial, pero aseguró que la administración Trump debe darle a los migrantes, a los que acusa de ser miembros de bandas como el Tren de Aragua, "tiempo razonable" para impugnar sus detenciones mediante una demanda de habeas corpus y poder cuestionar si la ley se está aplicando de manera correcta.
A la vez, la mayoría conservadora de la corte determinó en su fallo que las impugnaciones legales deben realizarse en Texas y caso por caso. La demanda original, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, pretendía bloquear el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros mediante una "acción colectiva", en la que un grupo de personas puede demandar en nombre de todas las demás en situación similar.
El Salvador - Cecot - AFP.jpg
Los migrantes fueron deportados a la cárcel de máxima seguridad de Bukele en El Salvador
AFP
De esta forma, la Corte Suprema revocó la orden del juez James Boasberg, del Tribunal del Distrito de Columbia, que el 15 de marzo emitió una orden para bloquear la deportación de los más de 250 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de Nayib Bukele, por considerar que el instrumento legal utilizado no se podía aplicar a este caso.
El gobierno de Trump justifica el uso de la ley, que le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que EEUU se encuentre en guerra, porque los presuntos criminales protagonizaron una "invasión" al país.
Qué dijeron los jueces que votaron en contra
Los tres jueces liberales de la Corte Suprema, que votaron en contra del fallo del lunes junto a la conservadora Amy Coney Barrett, señalaron que la administración buscó evitar el escrutinio judicial en este caso y que la corte estaba "premiando ahora al gobierno por su comportamiento".
"La conducta del Gobierno en este litigio supone una amenaza extraordinaria para el Estado de Derecho", escribió la magistrada liberal Sonia Sotomayor en una opinión discrepante. "Nosotros, como nación y como tribunal de justicia, deberíamos ser mejores que esto", añadió, según la citó NBC News.
sonia-sotomayor.webp
La jueza Sonia Sotomayor votó en contra del fallo
Otra de las juezas liberales, Ketanji Brown Jackson, cuestionó que el máximo tribunal utilizara cada vez más el "shadow docket" o "expediente de emergencia", una vía utilizada para obtener decisiones rápidas sin el proceso habitual de deliberación y justificación legal detallada.
"Con dictámenes significativos que se dan cada vez más a la sombra de nuestro expediente de emergencia, la corte de hoy en día deja cada vez menos huella. Pero no se equivoquen: estamos tan equivocados ahora como lo hemos estado en el pasado, con consecuencias igualmente devastadoras. Simplemente parece que ahora estamos menos dispuestos a enfrentarlo", escribió.
Las reacciones al fallo
"La Corte Suprema ha defendido el Estado de Derecho en nuestro país al permitir que un presidente, sea quien sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro propio país. ¡Un gran día para la justicia en Estados Unidos!", escribió Trump en su red Truth Social.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también saludó el fallo y lo calificó de "una victoria para la seguridad basada en el sentido común".
Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Sec_Noem/status/1909392948007260647&partner=&hide_thread=false
Por su parte, el abogado de ACLU Lee Gelernt dijo que el "punto crítico" del dictamen es que permite que los migrantes sean sometidos al debido proceso y puedan impugnar su deportación. "Esta es una victoria importante", señaló, según la agencia AP.
Los problemas con las deportaciones sumarias
Las deportaciones de migrantes a la megacárcel salvadoreña despertó fuertes cuestionamientos porque no se cumplió el debido proceso. Los abogados defensores argumentan que el método utilizado por el gobierno para identificar a los presuntos miembros de bandas criminales no es fiable, porque se apoya en parte en si los detenidos tienen tatuajes, por lo que en varios casos fueron expulsados migrantes que no estaban vinculados a grupos delictivos.
En ese contexto, las autoridades admitieron la semana pasada que enviaron por error a un migrante salvadoreño al Cecot, pese a que contaba con un estatus de protección legal en Estados Unidos. El caso de Kilmar Ábrego García quedó entonces en medio de una disputa judicial: una jueza ordenó el viernes pasado que el salvadoreño fuera regresado a EEUU antes de la medianoche del lunes, y la Corte Suprema suspendió el lunes esa orden.
El abogado de Ábrego García destacó a NBC News que la decisión de la Corte Suprema representaba una suspensión temporal. "No dice cuántos días o incluso horas va a durar", dijo Simón Sandoval-Moshenberg. "Pero tenemos plena confianza en que el Tribunal Supremo va a resolver este asunto lo antes posible", aseguró.
Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) admitieron el error en una presentación judicial. Ábrego García estaba en el país desde 2011 y no sólo era residente legal, sino que contaba con un estatus protegido a partir de una orden judicial de 2019 que impedía que lo enviaran de vuelta a su país, donde se temía que fuera perseguido por pandillas.
Su abogado afirma que Ábrego García no tiene ninguna afiliación con el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) ni ninguna otra pandilla. "El gobierno de EEUU no ha presentado ni la más mínima prueba que sustente su acusación infundada", indicó Sandoval-Moshenberg.
Las autoridades, que argumentan que el salvadoreño no logró demostrar en 2019 que no era un miembro de la Mara Salvatrucha y que su liberación "supondría un peligro para los demás", consideraron que el plazo establecido por la jueza de la medianoche del lunes era "arbitrario" e "imposible". Además aseguraron que los tribunales de Estados Unidos no tienen jurisdicción en el caso, ya que Ábrego García se encuentra bajo custodia del gobierno salvadoreño, por lo que no pueden pedir su liberación.
