El American Immigration Council presentó un informe en octubre donde advierte sobre la situación las tres industrias que serían más afectadas por esta medida: la agricultura, la construcción y la hotelería. Pese a representar un pequeño porcentaje de la fuerza laboral total del país, los inmigrantes indocumentados sostienen roles fundamentales para estas industrias, por lo que su ausencia afectaría de manera contundente al desarrollo de esos sectores productivos.
Además, el informe alerta sobre el importante costo humano que tendría un programa de deportaciones masivas: alrededor de 4 millones de familias con estatus mixto podrían ser separadas, afectando emocional y económicamente al núcleo familiar.
Aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados vivían en los Estados Unidos hasta 2022, lo que representa el 3,3 por ciento de la población total del país. A eso se le suman los 2,3 millones de inmigrantes que fueron liberados de centros de detención del ICE entre enero de 2023 y abril de 2024, que también serían el objetivo de cualquier operación de deportación masiva. El proceso y los costos de deportar a 13,3 millones de personas del país inevitablemente generarán fuertes cambios en la sociedad y economía estadounidense.
Los tres sectores más afectados de la economía
Las advertencias sobre el shock que produciría un programa de deportaciones masivas en el mercado de trabajo se intensifican al resaltar el especial impacto que tendría en algunas industrias claves. Las personas indocumentadas representan entre el 4,4% y el 5,4% de la fuerza laboral total del país, pero cumplen un rol significativo en sectores como la construcción, la agricultura y el hotelero.
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El informe del American Immigration Council muestra que, hasta 2022, la construcción y la agricultura tenían las mayores proporciones de trabajadores indocumentados. Al depender de la mano de obra indocumentada, la escasez de trabajadores podría reducir la producción drásticamente, afectando la oferta de bienes y servicios esenciales.
“La economía no es un juego de suma cero. Cuando una persona tiene un trabajo, no significa que haya un trabajo menos para otra". “La economía no es un juego de suma cero. Cuando una persona tiene un trabajo, no significa que haya un trabajo menos para otra".
En el sector agrícola, los trabajadores indocumentados constituyen aproximadamente el 12,7% de la fuerza laboral total, con un 28% en roles especializados como clasificación y manejo de productos. Estos suelen ser trabajos que los estadounidenses no eligen debido a las malas condiciones laborales, por lo que la ausencia de mano de obra podría provocar una crisis en la producción de alimentos, aumentando los precios al consumidor.
En el sector de construcción, el 13,7% de los trabajadores son indocumentados, pero con porcentajes bastante más altos en determinados rubros. El informe dice que el 39% de los yeseros y albañiles de estuco, el 36% de los instaladores de paneles de yeso, losas de techo y empalmadores, y el 31% de los pintores y empapeladores no tienen documentos. Eliminar esa mano de obra perturbaría los proyectos de infraestructura clave del país, desde viviendas y empresas hasta las impulsadas por inversión pública, como carreteras, hospitales y edificaciones públicas.
Por otro lado, las industrias de hotelería y cuidado personal, que incluyen hoteles, restaurantes y servicios de atención sanitaria, emplean a millones de inmigrantes indocumentados, alrededor del 7% del total, por lo que afectaría a gran parte de sus servicios.
“La economía no es un juego de suma cero”, dijo la autora principal del informe, Chloe East, a The Washington Post. La economista de la Universidad de Colorado, especialista en política migratoria, advirtió: "Cuando una persona tiene un trabajo, no significa que haya un trabajo menos para otra". A medida que las industrias pierdan capacidad de acción, esto podría provocar cientos de miles de trabajadores nacidos en Estados Unidos pierdan sus empleos.
Las deportaciones masivas podrían llevar a una pérdida de entre el 4,2% y el 6,8% del PIB anual, según el informe, lo que equivaldría a entre 1,1 billones y 1,7 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el PIB nacional cayó un 4,3% durante la crisis de 2007-2009.
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AP
El costo humano
Otra cuestión que resalta el informe tiene que ver con el costo humano de la deportación masiva. No solo las personas deportadas sufrirían la medida, sino que muchos estadounidenses se verían directamente afectados también, en particular los 8,5 millones de ciudadanos estadounidenses que forman parte de familias de estatus mixto.
Según el American Immigration Council, alrededor de 5,1 millones de niños ciudadanos estadounidenses viven con un familiar indocumentado. Separar a miembros de la familia no solo significaría un golpe emocional, sino también económico, ya que, al perder a los sostenes del hogar, los ingresos podrían disminuir en un 63% perdiendo cerca de 51.000 dólares al año.
Además, se destacan las pérdidas de cientos de miles de millones de dólares que la deportación masiva le costaría a los gobiernos federales, estatales y locales por la pérdida en ingresos tributarios. Solo en 2022, los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron 46.800 millones de dólares en impuestos federales y 29.300 millones de dólares en impuestos estatales y locales.
Así también, según el informe, EEUU perdería importantes contribuciones que los hogares indocumentados hacen anualmente a los programas de la red de seguridad social, incluyendo 22.600 millones de dólares para la Seguridad Social y 5.700 millones de dólares para Medicare. Su ausencia dificultaría aún más la solvencia de estos programas.
Consecuencias a largo plazo
Sumando todos los costos, una operación única para deportar a los inmigrantes indocumentados costaría al menos 315.000 millones de dólares. De todas maneras, dado que sería casi imposible realizar una operación de tal magnitud en tan poco tiempo, el informe calculó los costos de deportar a un millón de inmigrantes por año, lo cual igualmente superaría el máximo de 500.000 indocumentados deportados en un año. Así, estiman que en un lapso de 10 años y medio, calculando que el 20% de esa población se fuera voluntariamente, el costo rondaría los 967.900 millones de dólares, cifra que incluye la movilización de agentes, infraestructura y procesos legales. Estos gastos representarían un golpe significativo al presupuesto federal.
“Hablar de la enormidad de los costos fiscales y económicos de una deportación masiva no es minimizar la importancia del sufrimiento emocional que significaría para los inmigrantes indocumentados y sus familias, sino que es para reforzar cuán radicales serían las consecuencias de una campaña de deportación dirigida a millones de inmigrantes indocumentados, que han sido fundamentales para la economía y las comunidades estadounidenses”, advirtió el informe dentro de sus conclusiones.
“No hay manera de emprender deportaciones masivas sin un cambio radical del gobierno federal, la economía nacional y de Estados Unidos como país”, cerró.
