El gobernador Ron DeSantis sorprendió a la Legislatura de Florida al organizar una conferencia de prensa en la que anunció su intención de convocar una sesión legislativa especial para enfocarse en una serie de temas que incluyen la inmigración y la reforma de condominios.
Existe una necesidad real de abordar el problema de las tarifas de mantenimiento astronómicamente altas que enfrentan los propietarios de condominios en el sur de Florida. Esto se debe a la aprobación de una ley mal redactada que requiere inversiones de mantenimiento en los edificios y al mismo tiempo exige grandes cantidades de fondos de reserva para estos edificios.
DeSantis parece estar dando prioridad nuevamente a la inmigración para la sesión especial. Lanzó duras amenazas de destituir a funcionarios electos que obstruyan la cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración, prometió dificultar que los floridanos envíen remesas a sus seres queridos en el extranjero, y prometió derogar una ley estatal que permite a estudiantes indocumentados pagar las mismas tasas de matrícula universitaria que los ciudadanos estadounidenses.
Esto no va a arreglar las tasas astronómicas de seguros de propiedad y las tarifas de mantenimientos que los floridanos están pagando, pero claro, los legisladores de Florida ya han tenido dos sesiones legislativas especiales para abordar la implosión de seguros en el estado. Lo único que se les ocurrió fue otorgar $2 mil millones a las aseguradoras de propiedades, un rescate financiado por los contribuyentes con pocas condiciones que no soluciono nada.
Es muy poco probable que la legislatura encuentre una solución sustancial a estos problemas, por lo que DeSantis está empleando su manual habitual, distraer al público con un tema polémico de alto perfil, esta vez la inmigración.
Desde que asumió su cargo en 2019, DeSantis ha impulsado a la legislatura una serie de leyes antiinmigrantes, comenzando con la SB 168, legislación que prohíbe las ciudades santuario en Florida, aunque en el momento de su aprobación, ninguna ciudad de Florida había promulgado políticas tipo ciudad santuario. A esto le siguió más legislación que amenazaba las licencias de refugios sin fines de lucro que albergan a niños migrantes no acompañados, y más proyectos de ley prohibiendo las políticas de santuario, aunque, una vez más, ninguna ciudad del estado había promulgado esas políticas.
El impulso antiinmigrante culminó con la aprobación en 2023 de la SB 1718, un proyecto de ley que establecía cargos por delitos graves al cruzar la línea estatal con una persona indocumentada en su vehículo aunque fuera un familiar, ordenando que proveedores de atención médica que acepten dólares de Medicaid pregunten al paciente su estatus migratorio, estableciendo el uso de E-verify para empresas privadas con 25 o más empleados, y más. La ley provocó que grandes cantidades de inmigrantes abandonaran la Florida a pesar de que la propia Oficina de Investigación Económica y Demográfica del estado admitió en un informe de 2024 que las tendencias demográficas en el estado estaban exacerbando la escasez de trabajadores y que la mejor manera de aliviarlas era a través de “más inmigracion”.
El líder del Senado, Ben Albritton, y el presidente de la Cámara de Representantes, Danny Pérez, respondieron al llamado de DeSantis para una sesión especial diciendo que era “irresponsable” y “prematuro”. A pesar de la falta de apetito por parte de la legislatura para cumplir con los deseos de DeSantis, y el sabiendo muy bien que la legislatura se reunirá en marzo para la sesión anual regular de 60 días, igual emitió una proclamación, lo que obliga a los legisladores a reunirse a fines de enero y ha pasado los últimos días presionando a legisladores estatales republicanos.
Es particularmente vergonzoso que esté amenazando la ley de matrícula estatal para estudiantes indocumentados. Florida promulgó la ley en 2014 con un amplio apoyo bipartidista, defendido por líderes republicanos, incluido el entonces gobernador Rick Scott y ahora la vicegobernadora Jeanette Núñez. La política reconoce la inversión ya realizada en estos estudiantes a través de la educación pública K-12 en la Florida. No permite que los estudiantes indocumentados paguen menos que los ciudadanos estadounidenses sino simplemente las mismas tarifas, no es sólo una inversión en nuestra fuerza laboral sino que también genera ingresos, alrededor de $15 millones por año, para las universidades de Florida al aumentar la inscripción.
Derogar la matrícula estatal, como el resto de las propuestas de política migratoria de DeSantis, no hará nada para mejorar las vidas de los floridanos. Podría hacer lo contrario, exacerbando la escasez de trabajadores, lo que a su vez crea presión inflacionaria al dañar las cadenas de suministro y sectores económicos vitales como la construcción y la agricultura, algo que fue reconocido por el representante estatal republicano Rick Roth, a quien captamos en video admitiendo que la antes mencionado ley SB 1718 causó daño económico al estado después de su aprobación. Los legisladores de la Legislatura de Florida deberían tener esto en cuenta antes de ceder ante las rabietas de DeSantis.
