Una vez más, el Congreso lleva adelante una carrera contrarreloj para evitar el cierre del Gobierno. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de gastos destinado a garantizar la financiación del gobierno federal hasta el 30 de septiembre. Ahora deberá ser aprobado en el Senado, donde los republicanos deberán apoyarse en el voto de los demócratas, a los que les preocupa el gasto discrecional que prevé para Donald Trump, que en ese caso podría centrarse en su agenda de recorte del gasto, deportaciones masivas e impulso de la producción de energía.
La cámara baja, de mayoría republicana, acordó el martes en una votación casi partidista de 217 a 213, con un republicano votando en contra y un demócrata a favor, mantener la financiación del Gobierno hasta otoño. El Senado, liderado también por los republicanos, debería aprobarlo antes de la medianoche del viernes para que no haya una parálisis en los servicios públicos, conocida como "shutdown".
Durante la negociación, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, tuvo que vender el paquete a varios representantes republicanos escépticos con el proyecto de financiación temporal, que en su mayoría congela el gasto en lugar de introducir recortes. Gracias a la presión de Trump y miembros de su gabinete, legisladores republicanos que tradicionalmente se han opuesto a las medidas provisionales, votaron por primera vez a favor, mostrando un frente unido.
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El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, habla con los periodistas tras la votación.
EFE
Qué establece el proyecto
Los demócratas se oponen mayoritariamente a la propuesta de 99 páginas, que reduciría el gasto nacional en unos 13.000 millones de dólares en relación a los niveles de 2024 y aumentaría el de defensa en unos 6.000 millones de dólares. Además, establece un tope de 1,7 billones de dólares en gasto discrecional.
El proyecto de ley no cubre la mayor parte del gasto público, incluidos la Seguridad Social y Medicare. La financiación de estos dos programas está en piloto automático y no es revisada periódicamente por el Congreso.
Aunque los republicanos describen a la legislación como una resolución “limpia”, sin medidas partidistas, los demócratas replican que está lleno de añadidos ideológicos, y advierten que de aprobarse daría más margen al presidente Donald Trump y a Elon Musk para redirigir la financiación como mejor les parezca, en medio del ajuste que vienen llevando a cabo en la administración federal a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
Según la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, dirigida por el Partido Republicano, el proyecto de ley financiaría completamente los servicios federales básicos y mantendría las operaciones sin aumentar el gasto.
“Sin tácticas de píldoras venenosas o cláusulas adicionales no relacionadas, el proyecto de ley es simple: extender la financiación y la certidumbre para la nación”, dijo el presidente de la comisión, Tom Cole, de Oklahoma, en un comunicado.
Entre las medidas, los republicanos destacaron la reducción de gastos no relacionados con la defensa, la financiación de los servicios y prestaciones sanitarias de los veteranos, el aumento de sueldos para los bomberos voluntarios, el aumento de la financiación de los sistemas de control del tráfico aéreo, la asistencia nutricional a madres, bebés y niños en el programa WIC y del Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos.
Sin embargo, la medida contiene algunas peticiones del Gobierno de Trump. La que más ruido hizo fue la disposición que renuncia a la autoridad del Congreso para bloquear los aranceles de Trump, que se impusieron bajo poderes económicos de emergencia, lo que significa que cualquier miembro puede forzar una votación para ponerles fin. Además, el proyecto incluye 485 millones de dólares adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para impulsar las deportaciones.
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Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Reuters
Los demócratas están en contra de financiar el gobierno hasta el final del año fiscal con un proyecto de este tipo y argumentan que el paquete es ambiguo y no proporciona las directrices específicas de financiación para muchos programas y prioridades que se establecerían en un proyecto de ley de gastos negociado para todo el año. Por ese motivo, aseguran, sería más difícil impugnar las acciones de la administración Trump en los tribunales.
Señalaron además recortes que suman miles de millones de dólares de un programa para veteranos expuestos al "agente naranja", un herbicida usado durante la Guerra de Vietnam, y a pozos de quemaduras tóxicas, así como de la investigación de afecciones médicas, desde cáncer y Alzheimer hasta enfermedades cardíacas. También hay un ajuste de cientos de millones de dólares en programas de no proliferación nuclear, banda ancha rural, inspecciones alimentarias, ayudas al alquiler y financiación de la seguridad electoral.
Una posible parálisis
Si el Congreso no amplía la financiación federal para las agencias, las operaciones gubernamentales no esenciales cesarán después del viernes hasta que los legisladores actúen.
Rachel Snyderman, directora gerente de política económica del Centro de Política Bipartidista, afirmó que casi 900.000 trabajadores federales podrían ser suspendidos sin sueldo y más de 1,4 millones podrían tener que seguir trabajando, muchos de ellos sin sueldo. Snyderman aclaró que estas estimaciones no incluyen los despidos y salidas que se han producido en las primeras semanas del Gobierno de Trump, informó CNN.
En diciembre, el Congreso evitó a último minuto una parálisis de este tipo, pero solo hasta el 14 de marzo. Durante el primer mandato de Trump, una disputa con los demócratas sobre el financiamiento del muro en la frontera sur con México provocó una parálisis parcial del Estado federal por 35 días.
La encrucijada de los senadores demócratas
En el Senado, los demócratas están bajo presión para ofrecer una fuerte oposición a la agenda de Trump, pero son cautelosos a la hora de bloquear el proyecto, por temor a ser culpados por el cierre resultante. Los republicanos necesitan un mínimo de 60 votos para aprobarlo y el senador conservador Rand Paul, de Kentucky, ya indicó que su voto será negativo, lo que significa que el líder de la mayoría, John Thune, necesitará el apoyo de al menos ocho demócratas.
Los representantes demócratas se encuentran en una tensa situación donde, por primera vez desde que perdieron la mayoría en cambas cámaras, poseen un punto de influencia para negociar con la administración republicana, pero en el medio se topan con el riesgo de asumir la culpa por un cierre del gobierno.
Mientras algunos argumentan que votar a favor del proyecto daría poder a Trump para desmantelar más del gobierno federal, otros sostienen que un cierre perjudicaría aún más a los trabajadores federales que al Gobierno.
En la puja de la interna demócrata, los sectores más liberales presionan a los senadores para que voten en contra del proyecto y negocien una medida que prohíba explícitamente que el DOGE de Musk confisque cualquier fondo ordenado por el Congreso, en un intento de frenar los despidos y recortes unilaterales de la administración Trump.
"Este es realmente el único punto significativo de influencia que tienen los demócratas en el Congreso este año", dijo Ezra Levin, cofundador del grupo liberal de base Indivisible, a The Washington Post. "Me parece una locura que cualquier demócrata diga: 'Sí, vamos a votar a favor'. Ten un poco de respeto por ti mismo", añadió.
No obstante, otros creen que deben renunciar a esa influencia para evitar lo que podría ser un cierre caótico y políticamente arriesgado. Si los demócratas cierran el gobierno para exigir barreras en torno a Musk, se arriesgan a asumir la culpa de sobrecargar aún más a los trabajadores federales y detener los servicios básicos del gobierno.
"Si les preocupa que la economía se tambalee al borde de una recesión, imaginen lo que pasaría si cierran el Gobierno", dijo a la prensa el senador demócrata por Pensilvania John Fetterman, hasta ahora el único demócrata que dijo públicamente que votaría a favor.
Al menos 100.000 de los 2,3 millones de empleados civiles del gobierno fueron despedidos o aceptaron indemnizaciones hasta la fecha, y Trump ya cerró efectivamente las agencias que gestionan la ayuda exterior y la protección del consumidor. Según Reuters, el gobierno de Trump también ordenó una segunda ronda de despidos, cuyos planes se presentarán a finales de esta semana. Los demócratas afirman que la iniciativa de recorte de personal de Trump pisotea la autoridad del Congreso en materia de gasto.
