Eliminar regulaciones, despedir a miles de empleados públicos y actuar por decreto: así es la base de la propuesta de Elon Musk y Vivek Ramaswamy para el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que liderarán a pedido del presidente electo Donald Trump. El plan, con el que buscan reducir 2 billones de dólares del presupuesto federal mediante reformas profundas, fue presentado en un artículo de opinión firmado por ambos empresarios en The Wall Street Journal.
"La burocracia atrincherada y en constante crecimiento representa una amenaza existencial para nuestra república, y los políticos han sido cómplices de ella durante demasiado tiempo. Por eso estamos haciendo las cosas de otra manera. Somos emprendedores, no políticos", aseguraron en la columna del miércoles, en la que cuestionaron que muchas decisiones han sido tomadas históricamente por "burócratas" que no fueron elegidos por la gente.
DOGE funcionará como una agencia externa al gobierno, lo que implica que Musk y Ramaswamy no serán empleados federales. De esta forma, podrán mantener sus vínculos con sus empresas mientras actúan como "voluntarios externos". Según los autores del proyecto, esto permitirá un enfoque más flexible e independiente en la implementación de las reformas.
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Musk y Trump en el lanzamiento de un cohete de SpaceX en Texas
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Tres pilares para transformar el gobierno
El enfoque del proyecto DOGE está centrado en tres pilares principales. El primero es la revocación de regulaciones que consideran exceden las facultades legislativas otorgadas por el Congreso. Según dijeron, esto busca reducir la carga normativa sobre las empresas y los ciudadanos. "Cuando el presidente anule miles de regulaciones, los críticos alegarán extralimitación ejecutiva. De hecho, estará corrigiendo la extralimitación ejecutiva de miles de regulaciones promulgadas por decreto administrativo que nunca fueron autorizadas por el Congreso", afirmaron.
El segundo eje es la reducción administrativa, con el objetivo de recortar gastos operativos y optimizar los recursos del gobierno. Musk y Ramaswamy indicaron que el DOGE trabajará con las agencias para identificar el número mínimo de personal necesario para que los departamentos funcionen y sigan manteniendo su eficacia, lo que implica despidos masivos en organismos estatales.
"El número de empleados federales que se debe reducir debería ser al menos proporcional al número de regulaciones federales que se anulen: no solo se necesitan menos empleados para hacer cumplir menos regulaciones, sino que la agencia produciría menos regulaciones una vez que se limite adecuadamente su ámbito de autoridad", señalaron. A la vez, dijeron que los empleados cuyos puestos desaparezcan deben ser "tratados con respecto" y apoyados en su "transición al sector privado".
Finalmente, el tercer pilar se enfoca en la generación de ahorros estructurales mediante reformas destinadas a maximizar la eficiencia y racionalizar el uso de fondos públicos. El objetivo, según ellos, es recortar más de 500.000 millones en gastos gubernamentales.
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El equipo de DOGE estará compuesto por expertos en derecho y tecnología, descritos como "cruzados del gobierno pequeño", y trabajará de cerca con la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), que es responsable de formular las solicitudes presupuestarias del presidente al Congreso.
Acciones ejecutivas en lugar de leyes
Una de las características más destacadas del plan DOGE es que buscará no depender de la aprobación de nuevas leyes en el Congreso. Musk y Ramaswamy pretenden ejecutar las reformas a través de órdenes ejecutivas y decisiones judiciales. Este enfoque busca evitar los bloqueos legislativos y acelerar la implementación de las medidas propuestas.
Entre las acciones específicas que contemplan está recortar el financiamiento a medios de comunicación públicos y a organizaciones como Planned Parenthood (ONG sin fines de lucro que ofrece servicios de salud reproductiva, de educación sexual, de planificación familiar y de aborto en los Estados Unidos). Estas iniciativas forman parte de su estrategia para reducir el gasto público y redirigir recursos hacia otras prioridades.
Los críticos cuestionan que el objetivo de recortar 2 billones del presupuesto federal sea factible. El gobierno federal gastó 6,75 billones de dólares en el año fiscal 2024, según el Departamento del Tesoro, de los que un 45% está dirigido a programas de seguro médico, como Medicare, y a la Seguridad Social.
Precedentes judiciales como base del plan
A pesar de la ambiciosa agenda, los planes para desmantelar programas tropezarán muy probablemente con la oposición de políticos, incluso republicanos.
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Por eso, los empresarios apuntaron que su proyecto se basa en recientes fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Uno de los casos citados es West Virginia vs Environmental Protection Agency (2022), donde se restringió la capacidad de las agencias para regular emisiones de dióxido de carbono. Otro es Loper Bright vs Raimondo (2024), que anuló el precedente del caso Chevron (1984), reduciendo el poder de las agencias para interpretar leyes de forma amplia.
Según Musk y Ramaswamy, estas decisiones refuerzan la necesidad de eliminar regulaciones "ilícitas" que, en su opinión, exceden las facultades otorgadas por el Congreso.
En su artículo, señalan que estas reformas son fundamentales para impulsar la prosperidad económica y limitar lo que consideran un exceso de poder por parte de la burocracia federal.
"Estamos preparados para la embestida de los intereses atrincherados en Washington. Esperamos prevalecer. Ahora es el momento de actuar con decisión", señalaron los empresarios, que dijeron que su objetivo es que el DOGE funicione hasta el 4 de julio de 2026.
