En medio del desorden, el martes por la tarde, minutos antes de que la medida entrara en vigor, una jueza federal bloqueó la congelación de fondos hasta el lunes siguiente, luego de una audiencia de emergencia solicitada por organizaciones sin fines de lucro que reciben subvenciones federales. Además, estaba pendiente otra demanda presentada por fiscales generales estatales demócratas.
La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió al tema luego de haber rescindido la orden este miércoles y en su cuenta de X aclaró: "Esto NO es una rescisión de la congelación de fondos federales. Es simplemente una rescisión del memo de la OMB. ¿Por qué? Para poner fin a cualquier confusión creada por la orden judicial. Las órdenes ejecutivas del Presidente sobre la financiación federal siguen en plena vigencia y se implementarán rigurosamente".
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Dudas que no pudieron ser respondidas
En ningún momento estuvo claro exactamente qué programas se verían afectados. El memo, redactado de manera vaga y combinado con respuestas incompletas de la Casa Blanca a lo largo del día, dejó a legisladores, funcionarios públicos y ciudadanos comunes tratando de averiguar qué programas se verían afectados por la pausa.
La administración aseguraba que los programas que brindan asistencia directa a los estadounidenses estarían excluidos de la pausa y exentos del proceso de revisión. Entre estos se encuentran Medicaid, cupones de alimentos, asistencia para pequeñas empresas, el programa Head Start, asistencia para el alquiler y becas federales Pell para estudiantes universitarios.
Sin embargo, junto a la orden, la OMB también envió un documento a las agencias solicitando información sobre más de 2,600 programas que al momento se encontraría en revisión, donde incluyeron programas como Medicare y Head Start, que según el gobierno no estarían en riesgo, programas de alimentación escolar para estudiantes de bajos ingresos, la asistencia exterior de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional, inspecciones mineras, el programa de nutrición WIC para mujeres embarazadas y bebés, y un programa de reinserción para veteranos sin hogar.
La administración justificó la pausa como una medida necesaria para dar tiempo a las agencias a revisar si las subvenciones y préstamos federales cumplen con las recientes órdenes ejecutivas de Trump y garantizar que la financiación de los programas no vayan en contra de las políticas del nuevo presidente.
Junto con el documento, la OMB incluyó una hoja de cálculo con preguntas para que las agencias especifiquen sobre los proyectos, tales como: ¿Este programa financia iniciativas afectadas por la orden de eliminar programas discriminatorios, incluidas políticas y actividades ilegales de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA), bajo cualquier nombre que aparezcan?; ¿ Este programa promueve la ideología de género? o ¿Este programa apoya de alguna manera el aborto o actividades relacionadas identificadas en la Enmienda Hyde?
La OMB solicitó que la información fuera enviada antes del 7 de febrero y la congelación estaba programada para entrar en vigor a las 5 p.m. del martes.
“La pausa significa que no habrá más financiación para la gran estafa verde que ha costado a los contribuyentes estadounidenses decenas de miles de millones de dólares", había dicho Leavitt en su primera conferencia de prensa. "Significa que no habrá más financiación para el transgenerismo y la cultura woke en toda nuestra burocracia y agencias federales", agregó.
"Si usted recibe asistencia individual del gobierno federal, seguirá recibiéndola", aseguró Leavitt. Sin embargo, cuando se le preguntó específicamente sobre Medicaid, que brinda cobertura de salud a más de 70 millones de estadounidenses de bajos ingresos y con discapacidades, la vocera no quiso responder. Fue más tarde cuando llegó la aclaración sobre el programa.
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Un gráfico sobre la confianza en los medios mientras la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla en rueda de prensa.
La medida tuvo afectación inmediata en algunas organizaciones
La situación despertó las alarmas entre organizaciones sin fines de lucro, que denunciaron no poder acceder a los sistemas gubernamentales federales utilizados para retirar fondos previamente adjudicados y los portales en línea para acceder a pagos de Medicaid estuvieron temporalmente inhabilitados.
Aunque el gobierno insistió en que los pagos directos a los estadounidenses no estarían en riesgo, el martes los pagos de Medicaid parecían congelados, ya que el acceso a los portales en línea estaba bloqueado en todo el país. Leavitt confirmó en una publicación que los portales estaban fuera de servicio, pero aseguró que ningún pago había sido afectado.
"Si bien entendemos que esta es una historia en desarrollo, esta interrupción, en el mejor de los casos, ralentizará la capacidad de las agencias de Head Start para pagar a cientos de miles de empleados, contratistas y pequeñas empresas que apoyan las operaciones en cada rincón del país", dijo Yasmina Vinci, directora ejecutiva de la Asociación Nacional Head Start, que atiende a 800,000 niños y familias de bajos ingresos en todo el país, a NBC News. Cuando desde la Asociación ingresaron al sitio web donde normalmente acceden a sus subvenciones federales, descubrieron que ya no tenían acceso al dinero necesario para pagar a sus empleados y proveedores. "En el peor de los casos, significa que cientos de miles de familias no podrán depender de estos servicios esenciales y probablemente no podrán trabajar", sostuvo Vinci.
Un mensaje en la parte superior del sitio web de The Payment Management Services, servicio utilizado por proveedores de atención médica y educación infantil, advertía sobre posibles retrasos en los pagos: "Debido a órdenes ejecutivas sobre posibles pagos de subvenciones no permitidos, PMS está tomando medidas adicionales para procesar los pagos. La revisión de programas y pagos aplicables resultará en demoras y/o rechazos de pagos".
Además, universidades de todo el país están intentando determinar cómo la congelación de fondos podría afectar sus programas de investigación, estudiantes y docentes. Según AP, mientras instituciones como la Universidad de Carolina del Norte y Universidad de Florida intentaron llevar calma a sus alumnos y profesores, en universidades como la Universidad Gallaudet en Washington, los investigadores informaron que les dijeron que detuvieran sus proyectos financiados por subvenciones. Por su parte, la Asociación de Universidades Públicas y de Concesión de Tierras declaró que la pausa en la financiación “dejaría de lado a científicos estadounidenses líderes en el mundo que trabajan en curas para el cáncer, desarrollan avances en inteligencia artificial y computación cuántica, impulsan el progreso en la manufactura avanzada y apoyan a los agricultores estadounidenses”.
Alerta en los estados
En promedio, los estados reciben alrededor del 30% de sus ingresos del gobierno federal, según Federal Funds Information for States, una organización sin fines de lucro que analiza el impacto de las acciones federales en los estados. En diálogo con AP, la directora ejecutiva de la organización, Marcia Howard, dijo que "La pausa en las subvenciones es comparable a un cierre del gobierno federal, cuando un estancamiento en el Congreso respecto a la legislación presupuestaria retrasa los pagos federales para algunos servicios estatales y locales". De todas formas, Howard aclaró: "En la mayoría de esos casos, un retraso de un par de semanas no es enormemente disruptivo".
Aun así, algunos funcionarios estatales se mostraron preocupados. “Si el gobierno federal tose, Maryland contrae neumonía”, expresó el martes el presidente del Senado estatal, Bill Ferguson, al discutir cómo la congelación de subvenciones podría afectar al estado.
El bloqueo de la jueza
Democracy Forward, un grupo progresista sin fines de lucro, fue la organización presentó la demanda contra la OMB que llevó a la jueza Loren AliKhan a emitir la orden que bloqueó temporalmente la congelación de fondos. La suspensión administrativa estaba estipulada que dure hasta la tarde del lunes, cuando otra audiencia judicial estaba programada para tratar el asunto por la mañana.
"Si bien esperamos que esto permita a millones de personas en comunidades de todo el país respirar con alivio, condenamos el enfoque dañino e insensible de la administración Trump-Vance al desatar el caos y el sufrimiento sobre el pueblo estadounidense", dijo Skye Perryman, directora ejecutiva de Democracy Forward, en un comunicado. "Nuestro equipo seguirá tomando acciones legales rápidas para proteger al pueblo estadounidense y utilizará el proceso judicial para garantizar que la financiación federal sea restaurada".
Los representantes demócratas argumentaron que el presidente no tenía derecho a detener unilateralmente el gasto aprobado por el Congreso, y apenas unos minutos después del fallo de AliKhan, fiscales generales demócratas de 22 estados y del Distrito de Columbia presentaron su propia demanda para bloquear y prohibir permanentemente que la administración corte la financiación federal.
Programa de retiros voluntarios en el Gobierno
En medio de la confusión, la administración de Trump continuó con sus procesos de recortes y despidos en el gobierno. Este martes el gobierno envió un correo electrónico a casi todos los empleados federales donde ofrecía retiros voluntarios con una indemnización de ocho meses a quienes eligieran dejar su puesto.
La oferta está muy por debajo de la que manejó en campaña el multimillonario Elon Musk, responsable del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). En alguno de sus mítines dijo que se indemnizaría “generosamente” con “dos años o algo así” a los despedidos para reducir la nómina de empleados públicos. Ahora, lo que se ofrece a unos dos millones de funcionarios es que sigan recibiendo sus salarios y prestaciones hasta septiembre si renuncian a sus puestos antes del próximo 6 de febrero.
En el mensaje enviado a los trabajadores públicos, la administración además advierte sobre la nueva obligación de trabajo presencial, que el presidente decretó en una de las órdenes ejecutivas firmadas en su primer día en el cargo. “Los jefes de todos los departamentos y agencias de la rama ejecutiva del Gobierno deberán, tan pronto como sea factible, tomar todas las medidas necesarias para poner fin a los acuerdos de trabajo a distancia y exigir a los empleados que vuelvan a trabajar en persona en sus respectivos lugares de destino a tiempo completo, sin perjuicio de que los jefes de departamento y agencia hagan las excepciones que consideren necesarias”, decía.
El correo electrónico enviado a los empleados el martes, citado por AP, decía: "Si decide no continuar en su papel actual en la fuerza de trabajo federal, le agradecemos su servicio a su país y se le proporcionará una salida digna y justa del Gobierno federal utilizando un programa de renuncia diferida”.
“Este programa entra en vigor el 28 de enero y está disponible para todos los empleados federales hasta el 6 de febrero”, añade, y concluye: “Si renuncia en el marco de este programa, conservará todos los salarios y prestaciones independientemente de su carga de trabajo diaria y estará exento de todos los requisitos de trabajo presencial aplicables hasta el 30 de septiembre”.
Además, otra de las órdenes firmadas por Trump restableció una categoría de trabajadores federales conocida como Esquema F, que carece de las mismas protecciones laborales de que disfrutan los funcionarios de carrera. El argumento que plantea el decreto para sostener este tipo de contratación dice que: "solo el 41% de los supervisores de la función pública confía en poder destituir a un empleado que haya incurrido en insubordinación o falta grave. Aún menos supervisores, el 26%, confían en poder destituir a un empleado por bajo rendimiento".
