El Departamento de Educación de Estados Unidos abrió una investigación a más de 50 universidades por presunta discriminación racial proveniente de sus programas de diversidad, equidad e inclusión, que, según la Administración Trump, excluyen a estudiantes blancos. Además, el gobierno ordenó a la Universidad de Columbia que destituya de manera inmediata a la dirección de un departamento académico como condición para seguir recibiendo financiamiento federal.
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Las 45 universidades investigadas por "participar presuntamente en prácticas de exclusión racial" incluyen a importantes universidades públicas como Arizona State, Ohio State y Rutgers, junto con prestigiosas escuelas privadas como Yale, Cornell, Duke, Berkeley y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
El Departamento de Educación afirmó que todas ellas podrían haber violado la Ley de Derechos Civiles de 1964 al asociarse con The PhD Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a estudiantes de grupos infrarrepresentados a obtener títulos empresariales con el objetivo de diversificar el mundo de los negocios.
Funcionarios del Departamento dijeron a AP que el grupo limita la elegibilidad en función de la raza y que las universidades que se asocian con él están "incurriendo en prácticas de exclusión racial en sus programas de postgrado".
En un comunicado, el Proyecto PhD afirmó que su objetivo es "crear una cantera de talento más amplia de líderes empresariales actuales y futuros comprometidos con la excelencia y entre sí. Este año, hemos abierto nuestra solicitud de afiliación a cualquiera que comparta esta visión".
"Becas no permitidas basadas en la raza y segregación racial"
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Departamento de Educación de los Estados Unidos.
AFP
El Departamento de Educación anunció, además, la apertura de una investigación sobre otras seis universidades por conceder "becas no permitidas basadas en la raza y segregación racial".
Esas son: Grand Valley State University, Ithaca College, New England College of Optometry, University of Alabama, University of South Florida y University of Oklahoma at Tulsa.
Un comunicado de prensa inicial del Departamento de Educación identificaba erróneamente a la Universidad de Tulsa como una de las escuelas investigadas, pero luego se corrigió.
Además, la Universidad de Minnesota está siendo investigada por presuntamente operar un programa que segrega a los estudiantes por motivos de raza, dijo el departamento.
Intervención del Gobierno en la Universidad de Columbia
El mismo viernes la administración Trump ordenó a la Universidad de Columbia a poner de forma inmediata a su Departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África bajo "administración judicial académica durante un mínimo de cinco años", como una de las varias exigencias descritas como condiciones para recibir financiación federal.
El gobierno de Trump ya había recortado 400 millones de dólares en subvenciones federales a la Universidad de Columbia la semana pasada y afirmó que estaba revisando otros 5.000 millones en subvenciones por denuncias de antisemitismo, acusándola de no proteger a los estudiantes judíos del acoso durante las protestas contra la ofensiva israelí en Gaza.
Columbia y otros campus estadounidenses se vieron sacudidos por protestas estudiantiles contra la guerra de Israel en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Trump y otros funcionarios acusaron a los manifestantes que participaron de los acampes en 2024 de ser "pro-Hamas".
El presidente ha estado amenazando con retirar la financiación federal a las universidades que no se alineen con su agenda, desde la participación de atletas transgénero en deportes femeninos hasta programas de diversidad, equidad e inclusión, pero en los últimos días mostró especial fervor contra Columbia.
Acampe pro-palestina en la Universidad de Columbia, abril 2024 - AP.webp
Acampe pro-palestina en la Universidad de Columbia, abril 2024.
AP
Poner un departamento académico bajo administración judicial está "más allá de la autoridad del gobierno federal y violaría la libertad académica y la Primera Enmienda", dijo Erwin Chemerinsky, académico de derecho constitucional y decano de la Facultad de Derecho de Berkeley, a AP.
La administración judicial académica es una práctica poco frecuente que pone un departamento académico bajo la supervisión de un profesor o administrador ajeno al departamento, aunque la carta enviada por la administración no especificó quién sería. A veces se utiliza para restablecer un departamento con problemas financieros o políticos.
La comunidad académica salió rápidamente a rechazar lo que consideran es un "ataque directo a la libertad académica y una advertencia de lo que está por venir para otras universidades".
"Es una escalada sin precedentes", dijo Joan Scott, historiadora y miembro del comité de libertad académica de la Asociación Americana de Profesores Universitarios a AP. "Ni siquiera durante el periodo de McCarthy en Estados Unidos se hizo esto", aseguró.
Sumado a esto, el Vicefiscal General Todd Blanche dijo que el Departamento de Justicia está investigando si la universidad ocultó a los estudiantes buscados por los EE.UU. por su rol en las manifestaciones.
La carta presentada por el Gobierno a la universidad exige además que Columbia prohíba las máscaras en el campus destinadas a ocultar la identidad del usuario "o intimidar a otros", adopte una nueva definición de antisemitismo, que finalice su proceso actual para disciplinar a los estudiantes y entregue un plan para "reformar las admisiones de pregrado, el reclutamiento internacional y las prácticas de admisión de posgrado".
La universidad dijo que está revisando la carta de la administración Trump. "Estamos comprometidos en todo momento a avanzar en nuestra misión, apoyar a nuestros estudiantes y abordar todas las formas de discriminación y odio en nuestro campus", dijo en un comunicado.
El memorando de advertencia
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Fue el 14 de febrero cuando la administración republicana de Trump envió una carta a las instituciones educativas de todo el país declarando que "ya no tolerará la discriminación racial, abierta y encubierta, que se ha generalizado en las instituciones educativas de este país".
"La ley es clara: tratar a los estudiantes de manera diferente por motivos de raza para lograr objetivos ambiguos como la diversidad, el equilibrio racial, la justicia social o la equidad es ilegal según la jurisprudencia dominante de la Corte Suprema", afirmó el gobierno haciendo referencia a una decisión de la Corte Suprema de 2023 que prohibió a las universidades usar la raza como un factor en las admisiones.
La decisión del Tribunal Supremo se centró en las políticas de admisión en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, pero el Departamento de Educación dijo que interpretará la decisión para prohibir las políticas basadas en la raza en cualquier aspecto de la educación, tanto en las escuelas K-12 como en la educación superior.
En el memorando, Craig Trainor, subsecretario en funciones de Derechos Civiles, sostuvo que los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión de las escuelas y universidades habían estado "introduciendo de contrabando estereotipos raciales y una conciencia explícita de raza en la formación, la programación y la disciplina cotidianas".
El memorando está siendo impugnado en demandas federales interpuestas por los dos mayores sindicatos de profesores del país. Las demandas dicen que este es demasiado vago y viola los derechos de libertad de expresión de los educadores.
