Emergencia nacional en la frontera con México
"Primero, voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur", dijo Trump durante su primer discurso como presidente número 47 en el Capitolio, en el que anunció también las deportaciones masivas que venía prometiendo.
"Enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país", agregó, mientras era ovacionado por el público, y sostuvo: "Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolución de millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde proceden".
La declaración de emergencia nacional en la frontera sur permitiría la asignación de recursos adicionales del Departamento de Estado y las Fuerzas Armadas para continuar con la construcción del muro fronterizo, una de las promesas clave de la campaña de Trump.
La subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, detalló que Trump emitirá este lunes diez órdenes ejecutivas relacionadas con asuntos fronterizos y confirmó a los medios que declararán la emergencia nacional en la frontera. "La orden ejecutiva manda a los militares a dar prioridad a las fronteras y la integridad territorial", dijo.
Kelly también puntualizó que el gobierno de Trump trabajará en ampliar el muro que se extiende por buena parte de los 3.145 kilómetros de frontera terrestre entre México y Estados Unidos.
"Esto específicamente se orienta a construir los muros, conseguir y deportar extranjeros ilegales (...) priorizar la seguridad pública y desarrollar alianzas federales y regionales para aplicar las políticas y prioridades migratorias", dijo.
Los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras
“Como comandante en jefe, no tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones”, dijo el nuevo mandatario al anunciar la designación de los cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).
La posibilidad de que Estados Unidos designe a los cárteles mexicanos como FTO era un tema que ya se discutía durante la primera administración de Trump, pero que resurgió con fuerza en las últimas semanas.
Durante su discurso en el Capitolio, Trump confirmó que su administración designaría a estas organizaciones bajo el estatus de FTO y, de acuerdo con Reuters, ordenó al Pentágono a prepararse para utilizar “fuerzas especiales, guerra cibernética y otras acciones encubiertas y manifiestas” con el fin de desmantelar estas estructuras delictivas.
Funcionarios del nuevo gobierno habían mencionado que se incluirían también a grupos criminales como el venezolano Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña MS-13, cuyo impacto en la violencia y el crimen organizado ha sido motivo de preocupación en varias ciudades estadounidenses. Esta medida también permitiría utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para tratar a estos grupos como "fuerzas armadas irregulares", con todas las implicaciones legales y militares que ello conlleva.
Esta medida podría tener profundas repercusiones en la relación diplomática con México y para la estrategia de combate al narcotráfico y el crimen organizado.
En el plano legal, esta categoría permitiría al gobierno estadunidense congelar activos, imponer sanciones económicas, restringir viajes y procesar a quienes apoyen a estas organizaciones. Sumado a esto, también podría abrir la puerta a acciones militares directas en territorio mexicano, lo que representaría una violación del derecho internacional y un desafío a la soberanía de México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió rápidamente a las declaraciones de Trump. “México es un país libre, soberano e independiente y no aceptamos injerencismos”, dijo la mandataria desde Mazatlán, Sinaloa.
La presidenta destacó que, aunque existe disposición para la cooperación bilateral en temas de seguridad, esta no debe implicar subordinación ni violaciones a la soberanía nacional. “Nosotros colaboramos, coordinamos trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar (...) Es coordinación, colaboración, pero no es subordinación”, resaltó.
Fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento
Trump, quien centró su campaña en un discurso anti-inmigración y cuyas políticas ganaron popularidad incluso entre las comunidades de inmigrantes radicados en Estados Unidos, también planea poner fin al derecho de suelo, que garantiza la ciudadanía de forma automática a toda persona que nazca en el país.
Más temprano, la subsecretaria de Prensa Kelly dijo: "Vamos a poner fin al asilo (...) lo que abre un proceso inmediato de remoción sin la posibilidad de asilo. Luego, vamos a poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento".
En términos legales, la acción busca modificar la interpretación de la 14ª Enmienda, específicamente en la frase "sujeto a la jurisdicción de la misma", para aclarar que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense no recibirían automáticamente la ciudadanía.
"El gobierno federal no reconocerá el derecho a la ciudadanía por nacimiento de forma automática a los hijos de extranjeros ilegales que nacieron en Estados Unidos", agregó.
Este será una de las medidas más cuestionadas y enfrentará claros desafíos legales, ya que eliminar una determinación de la Constitución no es algo que el presidente esté autorizado a hacer mediante una orden ejecutiva. Analistas señalan que, para llevarse a cabo esta iniciativa, se necesitaría una enmienda constitucional o un cambio significativo en la jurisprudencia, lo que podría llevar a una batalla legal prolongada.
La funcionaria dijo además que la gestión de Trump planea imponer la pena de muerte contra extranjeros en situación ilegal que cometan crímenes capitales tales como homicidio.
"Esto estimula a las agencias estatales y a los fiscales de distrito a presentar cargos capitales por estos delitos. Esto se trata de seguridad nacional", dijo.
Por último, el mandatario afirmó que restablecerá el programa conocido como "Quédate en México", de su primera administración, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el país vecino hasta tener una cita con una corte de migración en Estados Unidos.
Trump, quien utilizó políticas sanitarias para bloquear el acceso a inmigrantes a través de la frontera sur, busca revertir las medidas de Joe Biden, quien a su vez enfrentó enormes desafíos legales para facilitar el acceso al asilo y para proteger ciertos grupos de inmigrantes que llegaron al país tras huir de naciones como Venezuela o Nicaragua.
El nuevo presidente ha prometido la "deportación más grande de la historia de Estados Unidos", entre otras acciones, que de acuerdo con especialistas no son sencillas de ejecutar y pueden causar graves perjuicios a Estados Unidos.
