La Casa Blanca anunció que será el gobierno quien determine qué medios de comunicación podrán cubrir regularmente al presidente Donald Trump, rompiendo con la práctica de que un grupo de periodistas elegidos de manera independiente acompañe al mandatario.
La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, aseguró que los cambios buscan modernizar la cobertura e incluir nuevos medios, como servicios de streaming. Sin embargo, expertos en medios señalaron que esto plantea preocupaciones sobre la libertad de prensa.
Según Leavitt, el objetivo es eliminar el “monopolio” de los medios tradicionales en la cobertura presidencial y dar mayor acceso a otras plataformas. Esta medida afectará la presencia de periodistas en espacios clave como el Despacho Oval y el avión presidencial.
Uno de los afectados, por ejemplo, es The Associated Press (AP). La agencia de noticias presentó una demanda ante los tribunales para exigir que le devuelvan el acceso a eventos presidenciales, luego de que el Gobierno los vetara por no cumplir la directiva de llamar "golfo de América" al golfo de México en su manual de estilo. “Los veremos en la corte”, respondió la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Fin de una tradición en la Casa Blanca
La nueva medida supone una alteración en la tradición de que un grupo de periodistas compartiera la información con medios que no pueden asistir a ciertos actos.
Eugene Daniels, presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, expresó su preocupación y afirmó que “en un país libre, los mandatarios no deben poder elegir a su propio grupo de prensa”.
Bruce D. Brown, del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, calificó la medida como “un cambio drástico en cómo el público obtiene información sobre su gobierno”.
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Guiño a youtubers e influencers conservadores
En paralelo a la nueva medida, la Casa Blanca anunció previamente que abriría la sala de prensa a youtubers y podcasters. Karoline Leavitt dijo hace unos días que en la sala de prensa de la Casa Blanca habrá "periodistas independientes, podcasters, personas influyentes en las redes sociales y creadores de contenidos". El poder creciente de estas figuras quedó en evidencia en las últimas elecciones, en las que ayudaron a Trump a ganar el voto joven.
Trump aprovechó los nuevos medios con gran efecto durante la campaña, apareciendo en podcasts presentados por gente como Joe Rogan, Theo Von y los Nelk Boys.
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Contexto legal: la demanda de la AP contra la Casa Blanca
Este anuncio se da en medio de una demanda presentada por AP contra la Casa Blanca por haber sido excluida de eventos oficiales. La agencia de noticias argumentó que la decisión violaba la Primera Enmienda.
Un juez federal rechazó de momento restablecer el acceso de AP, aunque instó al gobierno a reconsiderar la prohibición. El litigio se mantiene en curso, con una nueva audiencia prevista para finales de marzo.
En el centro de la disputa está la negativa de AP a referirse al “Golfo de México” como el “Golfo de Estados Unidos”, como ordenó Trump. La agencia insistió en que su manual de estilo mantendrá la denominación original, aunque informará sobre la postura del gobierno.
Una decisión con impacto en la cobertura presidencial
Tradicionalmente, los periodistas acreditados en la Casa Blanca decidían de manera independiente quién integraba el grupo de prensa. Ahora, el gobierno asumirá ese rol, lo que representa un cambio en la relación entre la administración y los medios.
En la práctica, los asientos en la sala de prensa son asignados por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que negocia con los asistentes del presidente el acceso y la logística.
Trump defendió el cambio y la vinculó con la disputa legal con AP. “Ahora seremos nosotros quienes tomemos esas decisiones”, afirmó en un evento en el Despacho Oval.
El debate sobre el acceso de los medios a la presidencia sigue abierto: ¿impacta sobre la libertad de prensa y el acceso a la información?, ¿apunta a construir un relato oficialista y silenciar la disidencia?, ¿es sólo una guerra contra los medios tradicionales en crisis? Mientras tanto, el gobierno avanza con su nueva política de acreditaciones.
