"Solo hago lo que los votantes querían que hiciera" porque "la lucha contra la inmigración ilegal pudo haber sido la razón número uno" de la victoria electoral de noviembre, escribió usando mayúsculas, como acostumbra a hacer.
El planteo le valió una llamada de atención del jefe de la Corte Suprema, John Roberts. "Desde hace más de dos siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial", afirmó en un comunicado.
1696249357620.webp
El conservador John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos., reprendió a Trump.
Flickr
Cronología del conflicto sobre los deportados
El viernes por la noche, luego de que el Congreso aprobara el proyecto de financiación enviado por el gobierno, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite deportaciones sumarias de personas provenientes de países en guerra con los Estados Unidos. En este caso, la orden ejecutiva tenía como objetivo permitir el arresto y rápida deportación de aquellos a los que la administración identifica como miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua (TdA), evitando los largos procesos legales comunes en los casos de inmigración.
El sábado, el juez James E. Boasberg, del Tribunal de Distrito Federal en Washington, emitió una orden de restricción temporal bloqueando al gobierno de deportar a cualquier inmigrante bajo invocación de esa ley. En una audiencia programada apresuradamente por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Boasberg ordenó que cualquier vuelo que hubiera salido con inmigrantes venezolanos bajo la orden ejecutiva regresara a suelo estadounidense "de la manera en que se logre, ya sea dando la vuelta al avión o no".
No obstante, el domingo por la mañana, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la llegada al país de 238 detenidos, supuestamente miembros de TdA, transferidos desde EEUU al “Centro de Confinamiento por Terrorismo” salvadoreño, donde serían retenidos por al menos un año.
Deportados venezolanos llegan a El Salavador - Reuters.webp
Deportados venezolanos llegan a El Salvador.
Reuters
“No tienen jurisdicción”, dice el gobierno
La administración de Trump negó el domingo que hubiera violado la orden judicial, afirmando que los vuelos ya se encontraban sobre aguas internacionales y, por lo tanto, la orden no aplicaba. Además, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en un comunicado que los tribunales federales “no tienen jurisdicción” sobre la conducción de los asuntos exteriores por parte del presidente, ni sobre su poder para expulsar a "terroristas extranjeros de territorio estadounidense y repeler una invasión declarada".
“Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente del suelo estadounidense”, sostuvo la secretaria de Prensa en un comunicado.
"Si los demócratas quieren argumentar a favor de devolver un avión lleno de violadores, asesinos y pandilleros a los Estados Unidos, esa es una pelea que estamos más que dispuestos a enfrentar," dijo Leavitt a Axios cuando se le preguntó sobre el caso.
Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PressSec/status/1901584664906682833&partner=&hide_thread=false
Los funcionarios no informaron cuándo aterrizaron los vuelos de deportación en El Salvador, pero Leavitt insistió en que los migrantes “ya habían sido retirados del territorio estadounidense” en el momento de la orden del juez, sin especificar si los aviones pudieron haber, como ordenó el juez, girado y regresado a los Estados Unidos. De todas formas, la administración Trump apeló la orden del juez.
Según Axios, fue el subdirector del gabinete para políticas de la Casa Blanca , Stephen Miller, quien "orquestó" el proceso de deportación en el Ala Oeste junto con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Pocos fuera de sus equipos sabían lo que estaba sucediendo y, dentro de la Casa Blanca, los funcionarios discutieron si ordenar que los aviones se dieran la vuelta, pero siguiendo el consejo de un equipo de abogados que asesora al gobierno, la administración decidió seguir adelante.
La decisión de la administración de seguir adelante con los vuelos, a pesar de la orden del juez federal, marca un fuerte precedente, con una movida fuera de lo normal y se espera que inicie una batalla judicial más amplia sobre su justificación legal.
La fiscal general Pam Bondi criticó al juez el sábado por la noche en un comunicado, escribiendo que se había alineado con “terroristas sobre la seguridad de los estadounidenses”, y que su orden “desprecia la autoridad bien establecida respecto al poder del presidente Trump, y pone en riesgo al público y a las fuerzas del orden”.
Donadl Trump y Pam Bondi en el Departamento de Justicia de EEUU donde cuelga una foto del presidente republicano - The New York Times.webp
Donald Trump y Pam Bondi en el Departamento de Justicia de EEUU donde cuelga una foto del presidente republicano, este viernes.
The New York Times
La retórica del Gobierno contra los tribunales
Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump y su nueva administración parecen haber elevado el tono de sus críticas hacia el poder judicial de Estados Unidos. En un contexto de crecientes reveses legales que vienen frustrando los intentos del ejecutivo de implementar una agenda ambiciosa sin la aprobación del Congreso, los tribunales federales fueron los que bloquearon varias de las medidas destinadas a reestructurar el gobierno federal y la economía del país.
Este enfrentamiento cada vez mayor despierta serias preocupaciones entre la oposición, expertos y activistas que advierten sobre una posible crisis constitucional que podría amenazar la independencia judicial, un pilar fundamental del sistema democrático estadounidense.
Según un artículo publicado por la agencia AP, los observadores legales internacionales sospechan que en Estados Unidos los partidarios de Trump están repitiendo parte de la retórica y las acciones que en otros lugares han precedido a los ataques al poder judicial, destacando casos como los de México, Hungría y El Salvador.
Las declaraciones de funcionarios y seguidores de Trump
En las últimas semanas, los partidarios de Trump han intensificado su retórica. Stephen Miller publicó la semana pasada en la red social X un mensaje en el que acusó a "jueces radicales y deshonestos" de establecer precedentes que podrían permitir a un tribunal de distrito en Hawái prohibir movimientos de tropas en Irak.
"Los jueces no tienen autoridad para administrar el poder ejecutivo. O para anular los resultados de una elección nacional”, dijo el funcionario, quien en su momento dirigió un grupo legal que presentó demandas para que los jueces bloquearan las iniciativas del expresidente Joe Biden, y remarcó: "O tenemos democracia o no la tenemos".
Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/StephenM/status/1899981583592947918&partner=&hide_thread=false
Estas declaraciones fueron acompañadas por propuestas de algunos congresistas republicanos y del magnate y aliado de Trump, Elon Musk, cuyo Departamento de Eficiencia Gubernamental estuvo en la mira de gran parte de la litigación, para destituir a jueces que han fallado en contra de la administración.
Luego de la deportación de los venezolanos detenidos, Charlie Kirk, una de las estrellas más influyentes de los medios MAGA, también escribió en X y dijo: "Parece que finalmente está comenzando un enfrentamiento tan necesario con jueces corruptos del tribunal de distrito".
Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/charliekirk11/status/1901372286462263656&partner=&hide_thread=false
En la búsqueda por recortar el gasto público y reformar al gobierno federal, la administración republicana ordenó el cierre y desfinanciamiento de varias agencias estatales, como la USAID, y el despido de miles de trabajadores federales. En diferentes ocasiones, jueces federales bloquearon las medidas y comenzaron una disputa contra el gobierno por la constitucionalidad de las mismas.
Leavitt se refirió a las decisiones de los jueces la semana pasada y dijo: “Tienes a estos jueces de nivel inferior que están tratando de bloquear la agenda del presidente. Es muy claro”. La portavoz de Trump señaló que los jueces emitieron 16 órdenes bloqueando iniciativas de Trump en tan solo dos meses de gobierno, a diferencia de las 14 órdenes emitidas contra Biden durante sus cuatro años de gestión.
Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PressSec/status/1900650069616889950&partner=&hide_thread=false
Un "instinto autoritario básico" incompatible con la democracia
Trump no es el primer presidente en reclamar por los fallos de los tribunales. Biden se quejó cuando la justicia bloqueó sus esfuerzos para perdonar la deuda de préstamos estudiantiles y Barack Obama advirtió a la mayoría conservadora de la Corte Suprema que no anularía su expansión histórica de la atención médica.
Sin embargo, la retórica anti-judicial no ha alcanzado en décadas el tono que tiene ahora, aseguran los expertos, según AP. Una razón para ello es que Trump emitió más órdenes ejecutivas que cualquier otro nuevo presidente, muchas de las cuales se basan en teorías legales novedosas sobre el poder presidencial que van en contra de los precedentes judiciales de larga data o que nunca han sido probadas en los tribunales.
La escalada verbal no pasó desapercibida entre los jueces. Dos magistrados de alto rango, nombrados por republicanos, advirtieron recientemente sobre el peligro de que el poder judicial se convierta en blanco de ataques. "Las amenazas contra los jueces son amenazas contra el gobierno constitucional", declaró el juez Richard Sullivan, designado por Trump en su primer mandato para una corte federal de apelaciones en Nueva York.
“No les gusta lo que ven en los tribunales, y esto está configurando lo que podría ser una crisis constitucional sobre la independencia del poder judicial”, dijo Heidi Beirich, fundadora del Proyecto Global Contra el Odio y el Extremismo.
Por su parte, Steven Levitsky, coautor de Cómo mueren las democracias, describió estas acciones como un "instinto autoritario básico" incompatible con la democracia.
En Estados Unidos, destituir a un juez requiere una mayoría de dos tercios en el Senado, un umbral difícil de alcanzar con solo 53 republicanos en la cámara. No obstante, la retórica antijudicial de la administración Trump, combinada con sus esfuerzos por expandir el poder presidencial, despertó una alarma sobre el futuro del Estado de derecho en el país.
