Sólo con una acusación por un delito menor, como robo o hurto, un inmigrante indocumentado podría ser deportado de Estados Unidos, según la ley Laken Riley, una propuesta republicana que está siendo debatida en el Senado. Pese a haber contado con apoyo demócrata para avanzar, miembros del partido de Joe Biden advierten sobre los altos costos que implicaría la implementación de la legislación y abogan por cambios al proyecto de ley.
Las estimaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) apuntan que la implementación de la ley costaría 26.000 millones de dólares en el primer año, un aumento del 174% en relación al nivel actual, según un mensaje interno enviado por miembros del Partido Demócrata al que tuvo acceso el portal Semafor. En los próximos tres años, la cifra alcanzaría los 83.000 millones de dólares.
El incremento del gasto se debe a la necesidad de sumar 118.500 camas para centros de detención, 40.000 puestos de trabajo en el ICE y a un aumento del 25% en los vuelos de deportación.
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Los demócratas advirtieron que se necesitarían miles de camas más en centros de detención de migrantes
AP
"Más allá de los costos exorbitantes, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) no podría cumplir con el lenguaje tal y como está escrito. Los requisitos de personal, espacio de detención y transporte para ejecutar el proyecto de ley no son factibles de obtener en un futuro próximo (...) ni son sostenibles a largo plazo", señaló el memo interno.
Qué establece la ley
La ley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de 22 años asesinada en febrero del año pasado por un venezolano en situación irregular en el estado de Georgia, establece que los inmigrantes indocumentados que sean acusados por un delito menor deberán ser detenidos por agentes del ICE, que podrían ser deportados incluso antes de que su caso llegue a los tribunales.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
El proyecto, propuesto por los republicanos en el marco de la política de mano dura con la migración que prevé implementar Donald Trump en su nuevo mandato, también prevé que los fiscales generales de los estados puedan demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias. Este punto ha sido particularmente controvertido, ya que podría permitir que los estados conservadores influyan directamente en la aplicación de la ley migratoria a nivel nacional.
La muerte de Riley se convirtió en un tema clave en el debate sobre seguridad fronteriza durante la campaña electoral de 2024. El venezolano José Ibarra fue condenado por el asesinato de la joven, que ocurrió mientras ella hacía ejercicio cerca del campus de la Universidad de Georgia en Atenas. Un tribunal halló a Ibarra culpable de secuestro, agresión y asesinato, sentenciándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Durante su campaña, Trump, que prometió llevar adelante la deportación más grande de la historia, destacó el caso de Riley como un ejemplo de las fallas en el sistema migratorio y atribuyó la responsabilidad a las políticas de la Administración Biden. El republicano sostuvo que Ibarra, quien había sido previamente arrestado por robo en tiendas en Georgia, no fue detenido por el ICE debido a que no se emitió una orden de detención.
La polémica por la ley: el rechazo de las organizaciones latinas
La ley no ha estado exenta de polémica y varias organizaciones latinas se oponen a su aprobación, porque consideran que "socavaría los derechos constitucionales al debido proceso".
"Este proyecto de ley amenaza con pisotear el derecho constitucional al debido proceso, al tiempo que ignora los problemas que condujeron a la reciente tragedia", señaló Frankie Miranda, presidente y director general de Hispanic Federation, en un comunicado en el que lamentó el "cruel y trágico" asesinato de Laken Riley, pero consideró que esta legislación no es la solución.
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"La ley H.R. 29/S.5 confina a las personas a una detención prolongada y a la prioridad de deportación por el mero hecho de supuesta presuntos delitos. La mera posibilidad de culpabilidad se aplica contra las personas -incluidos los posibles beneficiarios del TPS y DACA- sin tener en cuenta la presunción de inocencia", añadió el texto.
Además, las organizaciones consideran que la propuesta estigmatiza a los migrantes, que "comenten delitos en menor proporción que los residentes nativos de Estados Unidos".
Para Voto Latino, la legislación además "allana el camino para la separación familiar y erosiona el debido proceso"."Políticas como el proyecto de ley Laken Riley amenazan con desvirtuar un sistema de inmigración ya fracturado, al tiempo que ignoran las importantes contribuciones que los inmigrantes hacen a nuestro país", señaló su presidenta, María Teresa Kumar, en una declaración.
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El avance de la legislación
En 2024 la ley ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes, donde finalmente logró media sanción la semana pasada, después de que a principios de año asumiera el nuevo Congreso con mayoría republicana en ambas cámaras. El Senado aprobó luego que fuera admitida a debate, incluso con el respaldo de una gran mayoría de demócratas, que sin embargo señalaron que quieren agregarle enmiendas a la legislación antes de que sea aprobada.
"Este es un tema importante. Tenemos que tener un debate y enmiendas", señaló el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer.
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Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, se mostró a favor de debatir la ley
AFP
Con una mayoría de 53 senadores en la cámara alta, los republicanos necesitan el respaldo de al menos siete demócratas para lograr que la ley sea aprobada tal como fue escrita, algo que no está claro si lograrán.
Tras la derrota en las elecciones de noviembre, en las que los votantes confiaron más en Trump que en Kamala Harris para manejar los temas migratorios, según las encuestas a boca de urna de NBC, varios demócratas se mostraron abiertos a debatir la ley, sobre todo aquellos que representan a distritos en disputa o fronterizos.
"Creo que hay una oportunidad de incluir el proyecto de ley y tratar de modificarlo para que sea mejor", dijo el senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut. "El proyecto de ley subyacente parece una pieza legislativa no muy bien elaborada, pero podríamos mejorarla", apuntó.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días y, según analistas, existe incluso la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el 20 de enero en la Casa Blanca.
