El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado miércoles una orden ejecutiva que refuerza la lucha contra el antisemitismo y endurece la política migratoria en los campus universitarios del país. La medida apunta a deportar a estudiantes extranjeros involucrados en protestas propalestinas que han derivado en actos de violencia, intimidación y discursos de odio contra la comunidad judía, muchos de los cuales han sido documentados en videos y redes sociales.
"A todos los extranjeros residentes que se unieron a las protestas yihadistas, les advertimos: en 2025, los encontraremos y los deportaremos", declaró Trump en un comunicado emitido por la Casa Blanca.
El documento oficial destaca que estas manifestaciones han promovido una "ola sin precedentes de discriminación antisemita, vandalismo y violencia" en las universidades estadounidenses desde el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023. Entre las medidas adoptadas, se encuentra la cancelación inmediata de los visados de estudiantes que expresen apoyo a Hamas, un grupo designado como terrorista por Estados Unidos, y la obligación de las universidades de monitorear y reportar actividades que puedan estar vinculadas con la incitación al odio y la violencia.
Universidades bajo la lupa y reacciones
Mientras algunos sectores progresistas han criticado la medida, lo cierto es que los incidentes de antisemitismo han escalado en numerosas universidades, con estudiantes judíos siendo hostigados y amenazados por grupos radicales. La orden ejecutiva de Trump es vista por muchos como una acción necesaria para restaurar la seguridad en los campus.
Amanda Silberstein, estudiante de la Universidad de Cornell, relató que ha sido víctima de ataques físicos y acoso constante en su campus. "Las universidades que han ignorado el hostigamiento y la agresión contra estudiantes judíos ya no podrán desentenderse de su responsabilidad de proteger a todos los alumnos por igual", afirmó. Silberstein también denunció que muchas de estas manifestaciones supuestamente "pacíficas" han servido de pantalla para la difusión de un discurso de odio evidente.
Voces críticas de la decisión gubernamental la califican como un abuso de poder. Sarah McLaughlin, investigadora principal de la Foundation for Individual Rights and Expression, declaró: "La revocación de visas de estudiantes no debería utilizarse para castigar y filtrar ideas que no son del agrado del gobierno federal". Agregó que "los estudiantes que cometan delitos —incluidos el vandalismo, las amenazas o la violencia— deben enfrentar consecuencias, y esas consecuencias pueden incluir la pérdida de una visa". No obstante, McLaughlin sostuvo que los estudiantes no deben ser castigados "por protestar o expresar opiniones que, de otro modo, están protegidas por la Primera Enmienda".
Muchos campus universitarios no cuentan con una definición clara sobre qué constituye antisemitismo, y varios manifestantes han denunciado que sus protestas contra Israel han sido injustamente equiparadas con antisemitismo. Sin embargo, numerosos estudiantes judíos rechazan esa afirmación, asegurando que lo que han experimentado ha trascendido la protesta política para convertirse en violencia e intimidación.
Noah Rubin, estudiante de la Universidad de Pensilvania, expresó: "Creo que las universidades deberían ser un lugar donde la Primera Enmienda sea sagrada y donde los estudiantes puedan tener conversaciones difíciles sobre cualquier tema". No obstante, advirtió que los extremistas han dejado en claro que "no están aquí para conversar en absoluto. De hecho, muchos de ellos tienen políticas estrictas para no entablar ninguna conversación. Esto no es un problema de la Primera Enmienda, sino una cuestión de violencia, intimidación y acoso".
Frente a las críticas de ciertos grupos defensores de los derechos civiles, la administración Trump ha dejado claro que la medida no atenta contra la libertad de expresión, sino que busca castigar la apología del terrorismo y la incitación a la violencia, tal como lo establece la legislación vigente.
"La revocación de visas no es un castigo por tener una opinión, sino una consecuencia de participar en actividades que promueven el odio, el antisemitismo y el respaldo a grupos terroristas", afirmó un vocero del gobierno. En este sentido, la orden de Trump deja en claro que no se tolerará la glorificación del terrorismo en suelo estadounidense.
El caso de Mohsen Mahdawi y las primeras deportaciones
Uno de los primeros que podría enfrentar la aplicación de la nueva normativa es el estudiante de la Universidad de Columbia, Mohsen Mahdawi. Según la agencia de noticias Jewish Breaking News, Moahdawi fue ingresado en la base de datos de deportación tras ser identificado como un promotor activo del odio contra los judíos. Columbia no lo confirmó. Mahdawi fue denunciado por celebrar la masacre del 7 de octubre, elogiar a la terrorista Dalal Mughrabi y promover discursos abiertamente antisemitas en redes sociales.
Entre sus publicaciones, escribió en redes sociales: "Fuck the Jews! Fuck the Jews!". Sus palabras, una incitación directa al odio y a la violencia, motivaron que su situación migratoria fuera revisada.
Ante esta situación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estaría preparando los procedimientos para su expulsión del país. Su caso es emblemático dentro del nuevo marco de acción del gobierno, que busca establecer un precedente claro: los discursos de odio y la glorificación de la violencia no serán tolerados en Estados Unidos.
La orden de Trump también ha puesto el foco en las universidades, que deberán ser más rigurosas en su política de admisión y permanencia de estudiantes extranjeros. La administración ha pedido a las instituciones educativas que colaboren activamente en la detección de discursos extremistas y que reporten de inmediato cualquier actividad sospechosa a las autoridades migratorias. Se prevé que esta medida afecte principalmente a aquellos con visas de estudiante F-1 y J-1.
