La táctica de Donald Trump para conseguir sus objetivos parece clara: va con todo a la ofensiva para lograr que la parte contraria acepte sus condiciones. Esta vez le tocó a un influyente estudio de abogados, conocido por sus vínculos con los demócratas, que aceptó modificar sus prácticas de contratación para eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y ofrecer asesoramiento legal gratuito a causas vinculadas al gobierno MAGA por 40 millones de dólares. A cambio, el republicano dio marcha atrás con una orden ejecutiva que afectaba a la compañía.
Trump decidió el jueves revocar su decreto de la semana pasada después de mantener una reunión en la Casa Blanca con Brad Karp, el presidente del estudio de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Garrison & Wharton, que tiene su sede en Nueva York.
La orden ejecutiva, similar a otras que emitió el presidente contra estudios cuyos abogados dieron asesoramiento legal con el que Trump no estaba de acuerdo, amenazaba con suspender las habilitaciones de seguridad activas de los abogados de Paul, Weiss y con rescindir cualquier contrato federal con la compañía. Como argumento, el presidente apuntaba a Mark Pomerantz, un abogado que fue socio en el bufete y que, como fiscal del distrito de Manhattan, había supervisado una investigación sobre las finanzas de Trump antes de que se convirtiera en presidente.
Según la Casa Blanca, Karp reconoció el "mal accionar" de Pomerantz, así como "los graves peligros de utilizar (a la justicia) como arma", uno de los argumentos que utilizó siempre Trump por las investigaciones en su contra, por las que consideró que era el objetivo de una "caza de brujas". "Paul Weiss está de acuerdo en que el principio básico de la justicia estadounidense es que debe ser imparcial y no partidista", apuntó Trump.
Pomerantz, por su parte, rechazó haber actuado de forma incorrecta. "No cometí ningún delito al trabajar como fiscal para defender el Estado de derecho", señaló el jueves en un comunicado, que reprodujo The New York Times.
Qué aceptó el estudio de abogados
A través de una publicación en su red Truth Social, Trump dio a conocer las condiciones que aceptó el estudio. Estas incluyen aceptar a representar clientes más allá de su afiliación política y contribuir con asesoramiento legal gratuito por 40 millones de dólares a causas defendidas por el republicano, como "la asistencia a veteranos de guerra, la fuerza especial del presidente para combatir el antisemitismo y otros proyectos acordados entre las partes".
Trump y sus aliados han acusado a muchos grandes estudios de abogados como Paul, Weiss de negarse a representar a clientes conservadores por su postura política.
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Brad Karp se reunió con Trump en la Casa Blanca
El bufete es conocido entre la comunidad judicial por contar con varios socios demócratas y entre sus ejecutivos hay ex funcionarios de la administración Obama. Karp ayudó a organizar en 2023 una campaña de recaudación de fondos para la reelección de Joe Biden y uno de sus principales abogados supervisó luego la preparación de la entonces vicepresidenta Kamala Harris para sus debates con Trump, consignó el New York Times.
Ahora, el estudio se comprometió a realizar contrataciones "basadas en el mérito", sin tener en cuenta las políticas DEI que adoptó en el pasado. "Como parte de su compromiso, contratará a expertos para que realicen una auditoría exhaustiva de todas sus prácticas de empleo", indicó el mensaje del mandatario.
La avanzada de Trump contra las políticas DEI y sus opositores
Ni bien asumió el cargo en enero, Trump avanzó contra las políticas DEI en la administración federal y ordenó cerrar todas las oficinas y programas relacionados con la diversidad y la inclusión, así como eliminar todos los sitios web y cuentas de redes sociales de dichas oficinas.
"El presidente Trump hizo campaña para acabar con la lacra de la DEI de nuestro gobierno federal y devolver a Estados Unidos a una sociedad basada en el mérito, en la que se contrata a la gente por sus habilidades, no por el color de su piel", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al dar a conocer las decisiones del líder MAGA.
Varías compañías tecnológicas y financieras, como Google o Meta, anunciaron el desmantelamiento de sus programas DEI para alinearse con la visión del presidente.
Aunque Paul, Weiss también capituló ante los deseos de Trump, otro de los estudios afectados por una orden ejecutiva del mandatario decidió enfrentarlo: Perkins Coie presentó una demanda porque consideró que el decreto representa un acto ilegal de represalia. La empresa defendió a la rival de Trump en las elecciones de 2016, Hillary Clinton, así como a otros demócratas en una serie de acusaciones electorales en 2020.
"La orden ejecutiva es una afrenta a la Constitución y a nuestro sistema de justicia acusatorio. Su claro propósito es intimidar a quienes defienden puntos de vista que el presidente percibe como adversos a las opiniones de su administración, ya se a que se presenten en nombre de clientes de pago o pro bono", señaló la demanda del bufete, que llevó a que un juez de Washington bloqueara temporalmente el decreto en su contra.
