Un ciberatacante expuso información sensible de ciudadanos uruguayos vinculados al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La filtración incluye nombres, cédulas de identidad, licencias de conducir, direcciones de correo electrónico y datos extraído de la red interna del Mides, informó la empresa Birmingham Cyber Arms.
Según pudo comprobar El Observador, hay fotografías de cédulas de identidad y libretas de conducir de casi 300 ciudadanos uruguayos.
"Próximamente subiré credenciales de acceso a sistemas. Disfruten", dijo el atacante en un posteo en el foro BreachForums, donde suelen publicar ataques informáticos.
Desde el Mides señalaron en un comunicado que están al tanto del "incidente de seguridad que implicó exposición de información" y están investigando junto al Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática. "Desde la Dirección General de Secretaría del ministerio se procederá a dar cumplimiento a la normativa vigente con respecto a la protección de datos personales definida por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) y se actualizará la información de acuerdo al avance de las etapas de la investigación", agregaron.
Qué hay en la filtración del Mides
En la filtración, aparecen documentos de todo tipo.
Uno de ellos analiza la situación de embarazos en menores de 15 años en distintas localidades del país, registrando el abordaje institucional de cada caso. Entre los datos recopilados, se incluyen referencias a la posible edad del progenitor, lo que en algunos casos sugiere la existencia de relaciones de poder desiguales o incluso situaciones de violencia.
Además, se detallan intervenciones de organismos como el sistema de salud, la educación y la justicia, reflejando la complejidad de cada caso y las dificultades para garantizar protección y asistencia a las menores involucradas.
Uno de los aspectos más relevantes del documento es la referencia a la judicialización de ciertas situaciones. En algunos casos, se menciona la existencia de expedientes abiertos en el sistema judicial, mientras que en otros se señala que la verificación de una posible denuncia sigue pendiente. También se registran intervenciones de organismos de protección de la infancia y equipos de atención psicosocial, lo que sugiere que en varias de estas situaciones existen indicios de vulnerabilidad o violencia que requieren seguimiento.
Además, aparece otro documento donde se realiza sobre áreas geográficas específicas en Montevideo y otros departamentos del Uruguay que presentan dificultades para la circulación y trabajo de los equipos del Programa de Acompañamiento Familiar (PAF), principalmente por problemas de inseguridad.
