La fiscalía especializada de delitos de Lavado de Activos, una apuesta del anterior gobierno impulsada por Jorge Chediak, quien era titular de la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), está bajo la lupa de la nueva administración de Yamandú Orsi.
En línea con la postura de la actual administración, que ha criticado duramente al anterior gobierno y lo ha responsabilizado por lo que calificó como "un retroceso en la lucha contra el lavado", como reiteró este martes el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, luego del segundo Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo evalúa dar un paso en ese sentido y eliminar la fiscalía especializada, lo que deberá hacerse por una ley, como puede ser la de Presupuesto.
El tema de eliminar la fiscalía surgió en la Torre Ejecutiva durante el encuentro previo a la Semana Santa de la Comisión Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo presidida por Díaz.
Según reconstruyó El Observador, ante una consulta que le realizaron a la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero en esa reunión, afirmó que la tarea que lleva adelante esa fiscalía especializada, la puede realizar cualquier otra de las fiscalías y explicó que desde su tarea de fiscal especializada en estupefacientes, o antes en Crimen Organizado, llevó adelante muchas investigaciones por lavado. Teniendo imputados por un delito precedente de lavado el fiscal queda habilitado a investigar.
En esa reunión participó también en nombre del Ministerio del Interior, la subsecretaria Gabriela Valverde, quien expresó su disconformidad con el funcionamiento de esa fiscalía y dijo que habían detectado “oportunidades de mejora”.
En caso de que el Parlamento dé luz verde a esta medida, la Fiscalía General de la Nación deberá resolver cómo redirigir los recursos.
La creación de una fiscalía especializada en esta materia se concretó con la Rendición de Cuentas del 2023 bajo la premisa de que las de lavado de activos “son causas muy difíciles de investigar” y que “requieren la participación de profesionales, de contadores, de escribanos, de abogados, a los efectos de desmontar esos velos que se ponen para cubrir el origen ilícito del dinero”.
Si bien la ley estableció que junto con la fiscalía se creara un cargo de contador para que trabajara directamente con el fiscal como asesor, ese cargo nunca se asignó. Desde la fiscalia de Corte se informó que se comenzó ahora a trabajar en la selección del perfil del contador que se requiere para investigaciones de delitos de Lavado y se llamará a concurso. Se aclaró que el año pasado no pudo hacerse porque al ser año electoral no estaba permitido habilitar gastos.
Esa fiscalía, que actualmente investiga las estafas de Conexión Ganadera y República Ganadera, en subrogación de las fiscalía de delitos económicos, es dirigida por el fiscal Enrique Rodríguez, el fiscal letrado con mayor antiguedad en Montevideo después de Ferrero. Rodríguez, que actúa junto a los fiscales adscriptos Andrea Graña y Federico Rodríguez, había sido propuesto para ese cargo por Chediak en acuerdo con el entonces fiscal de Corte subrogante Juan Gómez.
20250217 Enrique Rodríguez, fiscal. Primera audiencia de Conexión Ganadera.
Foto: Inés Guimaraens
Otras fuentes de fiscalía consideraron que las fiscalias antilavado existen en todo el mundo y que lo importante es dotarlas de recursos materiales y humanos, que fue lo que no se hizo en Uruguay.
Cuestionamientos y defensa
Uno de los cuestionamientos que se le han hecho a la fiscalía y al sistema de justicia en general son las escasas condenas que se han logrado por lavado desde que existe la fiscalía especializada. Sobre eso respondió al Parlamento el fiscal de Lavado Rodríguez en octubre de 2023. “La baja cantidad de condenas por lavado de activos es un fenómeno mundial. No se trata de 'a mal de muchos, consuelo de tontos´, pero es real. Es un tema mundial; no solamente ocurre en Uruguay, sino también en potencias internacionales”, dijo el fiscal.
En esa oportunidad Rodríguez puso el ejemplo de Chile donde hubo entre 16 y 17 condenas por año en promedio. “La cantidad de sus habitantes sextuplica a la de Uruguay. Digo esto para que tengan una idea. Además, desde el punto de vista procesal es un país serio; cuenta con legislación, legislación antilavado y también con recursos económicos. O sea que un país de 17 millones de habitantes tiene 16 o 17 condenas, en promedio, por año”.
El fiscal señaló que en materia de normativa Uruguay "está a la par de los principales países del mundo" y si bien hay que hacerle "retoques" a las leyes el país está bien. "Yo no he visto ningún trabajo serio que diga que muestre que acá hay lavado de activos (en una magnitud generalizada). Se podrá decir que en Uruguay se lava, pero eso hay que probarlo”.
Por otra parte, el diputado del Partido Nacional y ex subsecretario del Interior Pablo Abdala respondió este miércoles a los afirmaciones de Díaz y dijo que "se sigue insistiendo en construir el relato de herencia maldita".
Abdala recordó el convenio firmado entre el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que dotó a esta unidad de más "recursos humanos y técnicos" para trabajar y destacó justamente la creación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.
El legislador mencionó también la creación de un plan de acción que incluyó la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat), destacó el aumento en las incautaciones de drogas, allanamientos y condenas de narcotraficantes.
"El país avanzó en un camino que no empezó con el gobierno anterior, pero que ese gobierno fortaleció y profundizó", afirmó Abdala. "Ojalá el actual gobierno pueda seguir profundizando y continuando ese camino".
