Esa resolución implica que el ganado a nombre de terceros que esté en los campos del Grupo Larrarte podrá ser reclamado por los inversores
La Justicia laboral aclaró que la medida cautelar que rige sobre el ganado en poder del Grupo Larrarte abarca únicamente al ganado y a los bienes que están a nombre de Jairo Larrarte y de la SAS pero no rige sobre al ganado que está a nombre de los inversores.
“La medida (cautelar) dispuesta no alcanza a terceros titulares de ganado que se encuentre en los campos cuya titularidad pertenece al Grupo Larrarte SAS y a Jairo Larrarte, sino a los semovientes de los que sean titulares Jairo Larrarte y Grupo Larrarte SAS”, señala la resolución tomada por la jueza de trabajo de tercer turno, Suana Moll, en el marco de un juicio laboral iniciado por un trabajador de la empresa y a la que accedió El Observador.
Esa resolución implica que el ganado del Grupo Larrarte que está a nombre de los inversores no está bajo medidas cautelares por lo que podrá ser reclamado y retirado.
La semana pasada la empresa había emitido un comunicado en el que afirmaba que una vez finalizada “la inspección del Ministerio de Ganadería, los asesores legales han comenzado a desarrollar un protocolo para el retiro de ganado. Una vez que se levante la interdicción, los inversores que así lo deseen podrán proceder a retirar su ganado”.
Fuentes judiciales señalaron que entre las propuestas que se barajaron por parte de la defensa de Larrarte estaba la de realizar un remate de ganado para vender lo que queda y poder devolver el dinero o al menos parte de lo invirtieron, algunos particulares.
La empresa enfrenta denuncias penales por estafa, apropiación indebida, falsificación de documento, insolvencia societaria fraudulenta y asociación para delinquir por parte de personas que invirtieron desde US$ 20.000 en adelante para adquirir ganado ya que se les ofrecía una rentabilidad anual de 11.3%.
En junio de este año, luego de que empezaron a circular rumores sobre problemas económicos en la empresa, varios de los inversores realizaron averiguaciones ante el Ministerio de Ganadería y descubrieron que no tenían ni una cabeza de ganado o que tenían mucho menos de lo que figuraba en los acuerdos firmados.
Desde ese momento Jairo Larrarte y sus representantes dejaron de responder a los mensajes, lo que motivó que se empezarán a presentar las denuncias que actualmente llega a las 50 básicamente por la estafa de un monto que ya superó los US$ 4 millones.
La estimación de las fuentes allegadas a la empresa es que la estafa alcanza a los US$ 6 o US$ 7 millones y que quedan más de 3.000 cabezas de ganado en unas 4.000 hectáreas de campo. Inicialmente el Grupo Larrarte tenía más de 8.000 hectáreas.
A su vez, está a consideración de la justicia concursal la posibilidad de iniciar un concurso necesario, que fue solicitado por un acreedor y que implica que se aparta a los titulares de la empresa de la administración mientras dura el proceso. La jueza de concurso María Constanza Farfalla dio traslado a Larrarte para que en diez días responda sobre el pedido de concurso necesario.
Coincidentemente a que se presentó el pedido de concurso la abogada Lucila Pírez se comunicó con varios inversores para ofrecerles sus servicios para que se presenten en el concurso . “Buenas tardes, le habla la Dra. Lucila Pírez, del Estudio Jurídico Lagos Pirez y Asociados. Me comunico con usted para ofrecer nuestros servicios legales a los efectos de que se presenten en el concurso de Grupo Larrarte, para que logren cobrar el crédito que tienen".
Al recibir los mensajes, se comentó en uno de los grupos de inversores de Whatsapp que comparten más de cien personas y rápidamente se percataron de que Pírez decía en su perfil de Instagram que era socia de Leticia Latorres, asesora legal Grupo Larrarte, como informó El Observador.
Pírez no está habilitada por la Suprema Corte de Justicia para ejercer como abogada ya que no figura en el Registro de Profesionales habilitadaos que se puede consultar en la web del Poder Judicial.
A uno de los inversores que le preguntó cuánto cobraba le informó que por presentarlo en el concurso y el proceso civil, incluida la etapa de conciliación cobraría US$ 4.000 lo cual no incluía los costos de los timbres judiciales y gastos del proceso. Ofrecía pagar 50% al inicio y el resto en cuotas.
Este jueves la abogada Latorres se comunicó con El Observador para aclarar que Pírez no era su socia y que si bien la conocía nunca habían trabajado juntas. De hecho informó que a su pedido, Pírez aclaró en su perfil de Instagram que no eran socias. Latorres dijo que Pírez había creado ese perfil para "captar clientes". Consultada sobre cómo consiguió los teléfonos de los inversores dijo que no tenía una explicación. También afirmó que ella no captaba inversores para Grupo Larrarte sino que su función era "exclusivamente la de abogada, siendo convocada para tareas específicas". "Nunca he tenido un rol en la captación de clientes ni en la gestión comercial de la empresa". Latorres ya fue convocada por la fiscal Sabrina Flores, que investiga las denuncias.
