La agencia Fitch Ratings reafirmó esta tarde la calificación BBB de la deuda soberana de Uruguay, con perspectiva estable.
La calificadora Fitch Ratings mantuvo la nota de la deuda soberana uruguaya en BBB, con perspectiva estable y de esta forma, la agencia reafirmó la calificación que ubica a Uruguay un escalón por encima del grado inversor.
En el reporte, la agencia señaló que la calificación está respaldada por tener un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita "relativamente alto, sólidos indicadores de gobernanza y finanzas externas sólidas".
De forma contraria, explicó que la nota está limitada por "débiles perspectivas de crecimiento económico a mediano plazo afectadas por desafíos de competitividad, una carga de deuda pública sensible a los movimientos del tipo de cambio y un largo historial de inflación alta (aunque mejorando)".
En junio de 2023, la agencia había resuelto subir la nota de la deuda de Uruguay y en ese entonces pasó desde BBB- a BBB, un escalón por encima del mínimo. La nota de BBB es la más alta otorgada por Fitch a Uruguay, desde que la agencia comenzó a calificar al país en enero de 1995.
Por otro lado, la última mejora en la calificación de esta agencia se había producido hace más de 10 años (marzo de 2013), cuando Uruguay recuperó la calificación crediticia de grado inversor de Fitch de “BBB-”.
De cara a las elecciones presidenciales de octubre 2024, la agencia calificadora dijo que "se perfilan como competitivas" y que se dan en un contexto de "aumento de las quejas sobre la desigualdad de ingresos, corrupción, inseguridad y educación".
No obstante, señaló que la estabilidad social y política de Uruguay "sugiere que un cambio político radical es poco probable" que ocurra.
En relación al próximo gobierno, Fitch indicó que las autoridades "tendrán que enfrentar el desafío" de cumplir con la regla fiscal vigente en el país "en medio de rigideces presupuestarias y presiones para atender las demandas sociales".
La calificadora hizo alusión al plebiscito para reformar la seguridad social y señaló que la decisión del Frente Amplio de no respaldar la iniciativa "señala un consenso político básico en torno a la continuidad de las políticas" estatales.
La condición de grado inversor es un respaldo importante al momento de buscar financiamiento en los mercados de capitales y permite acceso a préstamos con costos de endeudamiento más bajos para el gobierno y las empresas.
El endeudarse más barato implica una menor carga de intereses de deuda y permite liberar recursos hacia otros fines como puede ser gasto público social o inversión. Y es también un medio para continuar mejorando la percepción externa del país como destino atractivo para la inversión extranjera directa y la generación de empleo.