El consorcio avanza en la “ingeniería de detalle” del proyecto mientras aguarda para comenzar los diálogos
La firma del contrato para la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí fue un punto de “mucha fricción” –al decir de Jorge Díaz– en la transición entre la administración entrante y la saliente.
El proyecto fue una de las prioridades de Luis Lacalle Pou pero es rechazado por el gobierno de Yamandú Orsi, que ya anunció que prevé modificar el contrato. “Nos sentaremos en una mesa a renegociar el contrato. Implica dos actores, gobierno y consorcio”, dijo el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el lunes en una de sus primeras declaraciones públicas tras asumir en el cargo.
El jerarca, principal operador político de Orsi, señaló que intercambiarían sobre los aspectos del proyecto que cuestionan: el lugar elegido para la toma de agua, la construcción del pólder y el modelo financiero seleccionado.
Este viernes, en una entrevista con Brecha, el prosecretario Jorge Díaz –que liderará la jurídica de Presidencia– agregó que los contratos “se firman para cumplirse”.
Desde el consorcio –integrado por las empresas Saceem, Ciemsa, Berkes y Fast– dijeron a El Observador que las autoridades están aguardando para comenzar el diálogo con el gobierno de Orsi mientras los técnicos siguen trabajando en la “ingeniería de detalle” del proyecto.
En paralelo a la firma del contrato, el consorcio y OSE firmaron un memorándum que incluye cuatro alternativas a la obra que van desde construir una segunda toma en Colonia hasta achicar o quitar el pólder.
El contrato firmado, al que accedió El Observador, incluye capítulos específicos acerca de las condiciones en que deben darse las modificaciones o la renegociación.
Uno de los puntos establece que puede haber una modificación por parte de OSE desde el inicio del contrato hasta el “acta de puesta en marcha”. “OSE podrá solicitar a la contratista (el consorcio) un aumento o reducción de las prestaciones acordadas. El monto máximo de aumento o reducción del gasto comprometido del contrato, no podrá exceder el 20% (veinte por ciento) del monto de la inversión inicial”, dice.
A su vez, establece que el contratista tendrá derecho a recibir una compensación económica por costos adicionales, la cual será abonada mediante una variación en el “pago por disponibilidad máximo”.
El contrato también puede modificarse “por acuerdo mutuo”. El texto establece 12 meses desde la firma para acordar cambios “previa notificación y consentimiento” de los acreedores financieros. “El monto máximo de las nuevas inversiones por las modificaciones acordadas no podrá en ningún caso exceder del 50% del valor de la inversión inicial en UI”, aclara.
En otro pasaje, el texto acordado dice que si se configuran algunas hipótesis (razones de interés público o excesiva onerosidad superviniente) y ello cause una alteración significativa de la ecuación económico-financiera, el contrato puede renegociarse.
Respecto a las razones de interés público, detalla que la causal se configurará cuando OSE modifique los parámetros de costos y beneficios previstos al contratar aunque dicha razón debe cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:
Acerca de la excesiva onerosidad superviniente, el contrato dice que se configurará cuando por “motivos no previsibles” al firmarse sobreviniere una “excesiva onerosidad que determine en forma directa la ruptura sustancial de la ecuación económico-financiera resultante al tiempo de su celebración y siempre que los eventos que la causen no constituyeran riesgos asegurables en Uruguay al momento de su ocurrencia”.
El punto aclara que no se consideran causas de excesiva onerosidad sobreviniente las “originadas en condiciones macroeconómicas, ni los paros o huelgas generales o sectoriales resueltas por el PIT-CNT”.
En otro apartado se detalla que podrá rescindirse “en cualquier momento por mutuo acuerdo de las partes” con las consecuencias que ambas convengan siempre que haya consentimiento escrito de los acreedores financieros.
“En ningún caso OSE abonará al contratista una suma mayor a la de las inversiones realizadas y acordadas de conformidad con el presente contrato, descontando el grado de amortización de las mismas y la estimación de costos que tendrían los trabajos que deban realizarse para que las condiciones de entrega de las instalaciones cumplan con lo dispuesto en los documentos contractuales”, dice el texto.
A su vez, se establecen causales para una “terminación anticipada” y nuevamente se habilita que pueda ser de mutuo acuerdo o de forma unilateral “si existen razones de interés público debidamente fundadas y resueltas por el Poder Ejecutivo”, algo que “dará derecho a indemnización al contratista”.
Si bien está en el contrato, la posibilidad de rescindir no ha sido manejada por las autoridades de Orsi. En la entrevista en Brecha, Díaz señaló que las rescisiones tienen consecuencias “legales, económicas y reputacionales”. “Cualquier rescisión unilateral de un contrato genera consecuencias en esos tres planos. Uruguay tiene un reconocimiento a nivel internacional y ahí hay una cuestión reputacional que habrá que analizar”, sentenció.
Aunque ha sido uno de los más críticos ya desde su época de director de OSE por la oposición, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, evitó referirse a la renegociación durante su discurso de asunción.
Este jueves, Ortuño anunció que había ordenado a OSE reactivar los trabajos para avanzar en la construcción de la represa en Casupá, la obra que impulsó el Frente Amplio. “La crisis hídrica vivida recientemente en el país, dejó un aprendizaje y un mensaje contundente: el agua potable tiene un enorme valor y no está asegurada” por lo que era necesario “hacer un conjunto de obras de infraestructura articuladas en un plan estratégico de mediano y largo plazo asumidas por el gobierno, el sistema político y la sociedad como política de Estado en clave nacional”.
A su vez, aseguró que trabajará con la Presidencia de la República y los organismos involucrados en la propuesta de un plan nacional de infraestructura que “asegure el abastecimiento de agua para el consumo humano hasta 2050 y la mejora de la disponibilidad de agua para la producción”.
En 2020, pocos días después de asumir, Luis Lacalle Pou renegoció el contrato con UPM para la construcción de la segunda planta de celulosa en Pueblo Centenario.
El nacionalista había cuestionado duramente el acuerdo y señalaba que el gobierno había cedido demasiado en pedidos de los privados.
Tras tres meses de negociaciones, en mayo de ese año, Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa que había cumplido con su palabra y modificado el contrato logrando un ahorro de “más de US$ 250 millones para el gobierno”, algo que fue rechazado por los dirigentes del Frente Amplio, que consideraron que estaba faltando a la verdad y vistiéndose con “ropa ajena” porque algunos de los cambios ya estaban acordados.
