Hasta el momento, se reportan al menos 60 muertos, incluyendo siete excombatientes desmovilizados y un líder social, además de más de 600 personas desplazadas o confinadas, según la Defensoría del Pueblo.
Un conflicto en ascenso
Los municipios más afectados son Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú, donde se han registrado desplazamientos masivos y confinamientos forzosos. Entre las víctimas se encuentra Carmelo Guerrero, un reconocido líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT).
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el alto riesgo para firmantes del acuerdo de paz de 2016, líderes sociales y sus familias. "Muchas personas, incluyendo niños, enfrentan un riesgo especial de ser secuestradas o asesinadas debido a las amenazas del ELN", advirtió la institución, subrayando que numerosos desplazados buscan refugio en las montañas o cruzan la frontera hacia Venezuela.
Impacto en comunidades indígenas
La Asociación de Comunidades y Caciques del Pueblo Yukpa de Norte de Santander (YUKPAOJETAW) denunció desplazamientos en varias comunidades indígenas. Al menos 631 personas han sido afectadas, incluidas 180 refugiadas en el casco urbano de Tibú y cinco familias que huyeron a Venezuela.
Respuesta militar y política
El Ejército colombiano ha desplegado 300 soldados adicionales en la región para contrarrestar la violencia. Según el general Giovanni Rodríguez, comandante de la Segunda División del Ejército, el objetivo es reforzar las bases militares y garantizar la seguridad de los corredores viales, especialmente entre Tibú y Cúcuta.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de los diálogos con el ELN, calificando los recientes ataques como "crímenes de guerra". Las fuerzas armadas también han intensificado operaciones de evacuación médica, facilitando el traslado de heridos desde áreas rurales hacia centros urbanos.
Una crisis que exige atención internacional
La violencia en Catatumbo subraya la fragilidad de la implementación del acuerdo de paz de 2016 y la persistencia de actores armados en la región. Los desplazamientos masivos y las violaciones de derechos humanos demandan una intervención urgente para proteger a las comunidades más vulnerables.
