La mayoría de las protestas se concentraron en Cochabamba, en el centro del país, donde el exmandatario de 64 años tiene su base política.
Con varias carreteras interrumpidas, Bolivia está semiparalizada por las protestas de campesinos que desde hace nueve días piden "el cese de la persecución judicial" contra su líder, Evo Morales, investigado por el presunto abuso de una menor cuando era presidente.
La mayoría de las protestas se concentraron en Cochabamba, en el centro del país, donde el exmandatario de 64 años tiene su base política.
Con piedras, tierra y fogatas, los campesinos interrumpieron vías que conectan ese departamento con La Paz (oeste), Santa Cruz (este), Sucre (sur) y Potosí (sur). Este miércoles los choferes de transporte público de La Paz anunciaron que también tomarán esta ciudad por 24 horas debido a la escasez de combustibles.
Pero la falta de diálogo entre manifestantes y gobierno, así como el silencio de la fiscalía sobre la "aprehensión" que anunció contra Morales, investigado por "estupro, trata y tráfico de personas", aprietan aún más el nudo que inmoviliza a Bolivia.
Enfrentados por la candidatura de la izquierda oficialista para las elecciones de 2025, Morales acusa al presidente Luis Arce, su exministro, de intentar "proscribirlo" de la carrera presidencial con la apertura de múltiples investigaciones penales.
Aunque las protestas comenzaron con la intención de evitar la posible captura del líder aimara, ahora exigen que Arce encuentre una salida a la crisis derivada de la falta de dólares y combustibles.
El detonante de los bloqueos fue el anuncio de la fiscal Sandra Gutiérrez de que preparaba una orden de aprehensión contra Morales por el presunto abuso a una menor con quien tuvo una hija cuando era mandatario. Pero luego no volvió a pronunciarse sobre la investigación.
El exmandatario asegura que se trata de "otra mentira más", pues el mismo caso se investigó y archivó en 2020.
Sus partidarios exigen a Arce que detenga la investigación en su contra, a pesar de que eso está en manos de una entidad de justicia autónoma.
"Hay demasiados indicios de que las instituciones, y en este caso el Ministerio Público, deben estar en una pulseada interna, tratando de medir. Porque de salir una orden de aprehensión, hay que reconocer que al gobierno se le pone cuesta arriba el panorama" con respecto a las movilizaciones, opina Valverde.
Con información de AFP