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28 de marzo 2025 - 5:00hs

Nadie creía demasiado en lo que Romina Celeste Papasso tenía para decir el 28 de marzo de 2023. Hasta entonces Papasso era para la opinión pública —si es que la opinión pública la conocía— una mujer trans, militante del Partido Nacional, que llamaba más la atención por su desfachatez e histrionismo que por lo que tuviera para decir. Había estado a los gritos en la explanada de la Intendencia de Montevideo, insultando al invitado de Carolina Cosse, Luiz Inácio Lula da Silva, para un acto en el que homenajearía al presidente brasileño. Terminado el verano en el que se hizo famosa por escupir a una funcionaria municipal, empezó la historia que revolcó al entonces principal senador del gobierno a una cárcel en Florida.

¿Qué denunció Papasso ese 28 de marzo en la tarde? Fue en el programa Hacemos lo que podemos, que se transmitía por cable, cuando dijo al aire —después de varios días de anunciar en sus redes sociales que denunciaría a un pedófilo que estaba metido en política desde hace muchos años— el nombre de Gustavo Penadés.

La afirmación era, en palabras resumidas: Penadés me levantó en su auto en Parque Batlle cuando yo tenía 13 años, me llevó a un motel, tuvimos relaciones sexuales y me pagó por eso. En ese momento, hace 19 años, Papasso todavía se identificaba como varón.

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Primera reacción: “Soy gay, no pedófilo / es todo mentira”

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Gustavo Penadés durante la declaración que brindó a la prensa en el Parlamento
Gustavo Penadés durante la declaración que brindó a la prensa en el Parlamento

Lo primero que estuvo en juego fue la credibilidad de él —el político inteligente e intachable— versus la credibilidad de ella —una trabajadora sexual escandalosa y adicta a llamar la atención en los medios— y la balanza parecía inclinarse hacia el político, que hizo pública por primera vez su orientación sexual y se escudó en eso para decir que ese era el motivo por el cual ahora lo trataban de pedófilo. Incluso, amenazó en un mensaje público con llevar a la Justicia a Papasso por difamación e injurias.

Eso, sin embargo, no pasó. Más bien, todo lo contrario: la Fiscalía tomó la denuncia pública de oficio y empezó a investigar a Penadés.

El sistema político, entonces, se dividió entre quienes se inclinaron por respaldar a Penadés y quienes fueron más cautos al decir públicamente que esperarían el desarrollo del caso judicial antes de esbozar una conclusión.

Entre los primeros estuvo el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou. “Le creo a él”, dijo en una conversación informal ante periodistas. "Hace 30 años que lo conozco, y a esa persona que denunció por primera vez no la conozco, no tengo trato. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes: viene un amigo de ustedes, una persona que conocen hace 30 años, los mira a los ojos y dice ‘yo no fui, yo no hice nada, no es cierto’. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza", dijo luego en otra rueda de prensa.

Algo similar sucedió con el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que no demoró en respaldar a su amigo y compañero político de la Lista 71. "Estamos con una situación de indignación, pero la expresó él mejor que nadie en conferencia de prensa, dando la cara en forma individual y diciendo que va a hacer acciones individuales. Esto es una difamación y lo tiene que probar en la Justicia. Él es el que va a la Justicia; la otra persona no va a la Justicia, va a las redes a destruirlo. El senador confía porque está muy tranquilo”. "Frente a inconsistencias me juego por mis amigos, esa es mi forma de ser. Me pueden fallar, y si me fallan soy más duro porque me fallaron con una amistad. Yo sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo. La justicia dirá, estoy esperando a la Justicia", agregó después en entrevista con El Espectador. Juan Martín Rodríguez, legislador de la lista 71, también dedicó unas palabras de apoyo a quien era su “gran amigo” y “líder político”: “Existe un total respaldo y apoyo al compañero y su liderazgo está fuera de discusión”, dijo entonces a El Observador, y remarcó que estaba “convencido de su inocencia”.

Los respaldos de parte del sistema político ante la primera denuncia generaron las primeras rispideces, tanto hacia adentro del Partido Nacional como en la Fiscalía que veía cómo varios referentes políticos empezaban a defender al acusado y, como contracara, quitaban credibilidad a los denunciantes.

El tema fue que las denuncias se empezaron a acumular, y muchos de quienes tuvieron esas posturas iniciales tuvieron que revisar el apoyo explícito que le habían dado a Penadés.

Después de dos años, en la Justicia hay 12 declaraciones anticipadas (contando a la abuela de uno de los denunciantes que también declaró como testigo y un caso que se remonta a cuando Penadés era adolescente) que serán usados por la Fiscalía cuando comience el juicio. A eso se suma un reciente testimonio que ya declaró en Fiscalía pero todavía no lo hizo en audiencia judicial.

El desafuero

El 30 de mayo, dos meses después de la denuncia pública de Papasso, la fiscal Alicia Ghione pidió el desafuero de Penadés para poder investigarlo. Allí argumentaba el pedido citando algunos de los testimonios que había recabado hasta ese momento. Una semana después, el Senado votó por unanimidad su desafuero.

La “trama”

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La Fiscalía develó la trama que montaron Cuiñas y Taroco para ayudar a Penadés
La Fiscalía develó la trama que montaron Cuiñas y Taroco para ayudar a Penadés

La primera entrevista que dio Gustavo Penadés, una vez desaforado, fue a radio Universal. Allí, habló de que había una trama en su contra, que las denuncias eran mentira y que, como la calidad de los testimonios era baja, los supuestos perpetradores que querían difamar habían apuntado a la cantidad de denuncias para robustecer su estrategia de enchastre. Fue así que salió a la luz el nombre de Jonathan Matropierro, un joven que se había presentado como Mateo públicamente para apoyar la denuncia de Papasso y acercarle otros posibles denunciantes al caso. El periodista Pablo Fernández dio cuenta de que Mastropierro tenía un prontuario delictivo que había sido dado a conocer algunos años antes en el programa Así nos va, vinculados a estafas por las que cumplió pena de cárcel. La versión de Penadés era que tanto él como Papasso eran quienes lideraban esa estrategia para destruirlo.

La teoría de Penadés, sin embargo, se dio vuelta tres días después de su cumpleaños 58. El 10 de octubre, la fiscalía pidió su imputación por 22 delitos, en su mayoría vinculados con la explotación sexual de menores. También fue imputado el profesor Sebastián Mauvezín, que aparecía nombrado en varias denuncias como intermediario en la explotación.

La fiscal Ghione dijo en esa audiencia que había peligro de que Penadés quedara en libertad dado que había usado el aparato estatal para amedrentar a posibles víctimas en la causa.

Dos días después, fueron imputados el director del Comcar, Carlos Taroco, el funcionario del Parlasur Diego Cuiñas, el policía Federico Rodríguez, quien trabajaba en Inteligencia Carcelaria, y otras tres personas, involucradas en lo que la fiscal llamó “una estafa procesal”: la fiscalía pasó a utilizar el término "trama" para referirse a la maniobra pergeñada por este grupo de hombres que perseguían a Mastropierro y a Papasso, así como también a sus vínculos cercanos, para intentar dar con los denunciantes en el caso.

La duda recae sobre los denunciantes

20240507 Romina Celeste y Paula Díaz

Más allá de “la trama” llevada a cabo por Penadés y otros funcionarios públicos para desacreditar a las víctimas del caso, es cierto que las únicas dos que son conocidas públicamente —Mastropierro y Papasso— han hecho su parte para perder credibilidad ante la opinión pública.

Mastropierro, con antecedentes por estafas, se había hecho de US$ 300 mil después de sobornar a uno de sus clientes empresarios en la prostitución VIP. Él se defiende al decir que se trató de un “acuerdo” entre partes y que, de hecho, no hay denuncias ante la Justicia por este caso. Además, en la denuncia contra Penadés ha caído en algunas contradicciones con respecto a las fechas en las que dice que mantuvo encuentros sexuales con él. Los defensores del exlegislador lo denunciaron ante otra fiscalía por presuntos delitos de explotación sexual de menores a partir de un video que había en un viejo celular de Mastropierro que fue integrado a la carpeta fiscal.

El momento más álgido, sin embargo, fue protagonizado por Papasso. En medio de la campaña electoral, y después de haberse autoposicionado como una especie de vocera de denuncias de explotación sexual, inventó una denuncia contra el entonces precandidato a presidente Yamandú Orsi: dijo que él había levantado a una trabajadora sexual en el Parque Roosevelt una década atrás y la había golpeado. Esa mujer, Paula Díaz, hizo la denuncia judicial para intentar dar validez al supuesto caso. Dos meses más tardes, Díaz reconoció en el programa Santo y Seña que había sido todo inventado por Papasso, y sugería que ella había adoctrinado al resto de los denunciantes más jóvenes de la causa contra Penadés para que declarara contra el senador.

Las dos terminaron condenadas por la Justicia. Papasso sigue presa por varios delitos —había inventado un chat falso para presentar como prueba ante la Justicia en el caso Penadés y tenía otras investigaciones en curso— y lugo de un periplo por la cárcel de San José y Durazno, fue trasladada a la cárcel de Rocha.

Todo esto puso en duda la sostenibilidad del caso ante un eventual juicio e hizo que la fiscalía volviera a revisar lo que había hecho hasta el momento. De hecho, parte de los denunciantes fueron convocados nuevamente para declarar, aunque ratificaron la totalidad de sus denuncias.

El juicio que se viene: la identidad de las víctimas y el valor de la prueba

Gustavo Penadés

La fiscal tiene ahora hasta junio para presentar una acusación contra Penadés. En el juicio se presentarán las pruebas recabadas tanto del lado de la fiscalía como de los denunciados, y la discusión versará, en esencia, sobre la suficiencia de los testimonios como prueba para condenar a Penadés. Sus defensores, Laura Robatto y Homero Guerrero, sostienen que los relatos de los denunciantes son inverosímiles e incongruentes, y que no se puede probar que lo que dicen efectivamente haya pasado. Para eso, presentarán toda prueba o indicio que eche por tierra esos relatos.

Hasta ahora, el mayor cuestionamiento que han hecho es que se haya admitido en el juicio que las víctimas declararan con identidad reservada, voz distorsionada, con un ocultamiento de la identidad sin plazo, bajo el argumento de que Penadés no puede defenderse si ni siquiera saber quiénes lo están acusando. Del otro lado, la fiscalía y los abogados defensores sostienen que las víctimas deben seguir teniendo la identidad reservada debido a que Penadés ya demostró —con la trama— que es capaz de amedrentar a las víctimas.

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