Cientos de inversionistas denunciaron penalmente a las empresas Conexión Ganadera, República Ganadera y el Grupo Larrarte por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. Según la acusación, estas compañías operaban bajo un esquema Ponzi, dejando a más de 4.000 personas en una situación financiera crítica.
El abogado Camilo Silvera, representante de más de 200 damnificados, declaró en entrevista con Desayunos Informales que las víctimas se encuentran en una situación “calamitosa”, ya que muchas invirtieron los ahorros de toda su vida en este negocio, confiando en una rentabilidad que nunca se materializó.
"Tenemos inversionistas que pusieron la confianza y el ahorro de sus vidas en esta empresa, en este supuesto negocio, y obviamente están con la premura de evitar que hoy se frustre su objetivo de recuperar su dinero”, afirmó Silvera.
El esquema Ponzi detrás del fraude
El mecanismo descrito en la denuncia es el clásico esquema Ponzi, en el cual los rendimientos prometidos a los primeros inversionistas se pagan con el dinero de nuevos aportantes, sin que realmente exista una actividad productiva sustentable.
“Con el dinero que se le sacó a los uruguayos no se compraron vacas, se utilizó para pagar el esquema Ponzi. El dinero entraba para sostener la mentira, no para comprar ganado”, explicó el abogado.
La auditoría realizada a la empresa ya advirtió que será prácticamente imposible recuperar el 100% de lo invertido. Sin embargo, Silvera sostuvo que el foco debe estar en rastrear los fondos y no en una liquidación de activos, ya que esto podría perjudicar aún más a los afectados.
¿Dónde está el dinero?
Uno de los principales desafíos de la investigación es determinar dónde se encuentra el dinero. Según Silvera, esta información la tienen los directores, allegados y familiares de la empresa.
“La clave de la reorganización va a estar en ir a buscar el dinero en donde hoy no sabemos dónde está”, enfatizó.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los inversionistas, quienes esperan respuestas de la Justicia y de los responsables del presunto fraude.
