El abogado Camilo Silvera, que representa a más de 250 personas entre República Ganadera, Conexión Ganadera y Grupo Larrarte, se refirió a la reunión que mantuvo Pablo Carrasco, uno de los fundadores de Conexión Ganadera, con los inversores y sostuvo que el Estado "tiene que intervenir" y "salvar" a las familias que sufren "las perdidas de una mala gestión".
"[Pablo] Carrasco reconoció expresamente y a viva voz de forma pública que cometía delito y por ende, que tenía responsabilidad penal", dijo Silvera en entrevista con el programa En Perspectiva de Radiomundo.
Tras la reunión de Carrasco con los inversores quedaron "más dudas que certezas". "Entiendo que la Justicia no puede esperar mucho tiempo más", sostuvo.
"La vía que nosotros estamos sugiriendo es la de una denuncia penal", mencionó el abogado.
Pese a esto, aseguró que esta vía no deja por fuera "la posibilidad de realizar un acuerdo privado".
"Va a ser una de las formas de resolver el conflicto", reflexionó Silvera.
Tras esto, el abogado aseguró que la "solución" tendrían que salir a buscarla "quizá con capitales del Estado".
"Nosotros estamos manejando la posibilidad de que sea el Estado el que venga a dar una ayuda. El Estado tiene que intervenir y salvar a estas 4 mil familias que están sufriendo las pérdidas de una mala gestión de una empresa", dijo.
La propuesta de Giovio y la entrada del Estado
Este martes, el contador Ricardo Giovio participó de la presentación virtual de Conexión Ganadera. Allí presentó los números de la compañía y aclaró que su trabajo se enfocaría en buscar posibles soluciones para que la empresa salga de la compleja situación financiera a la que se enfrenta.
Una de las que sugirió es que, si los ahorristas deciden que las 100 mil cabeza de ganado se repartan equitativamente entre todos, se podría crear una empresa nueva que iniciaría sin pasivos, con 4 mil socios, 150 millones de dólares de activos y un management profesional. Además, se sugirió por parte de Pablo Carrasco incorporar un socio.
Bajo esta propuesta, Silvera mencionó que el Estado debe hacer una tarea de "mea culpa" por omisión en la falta de los controles y, por tanto, podría ser el "socio de estas empresas".
"El Estado ha intervenido muchas veces en situaciones mucho menos graves, mucho menos significativas a nivel crisis país, ¿por qué no lo puede hacer en este caso?", se preguntó.
"La propuesta que ayer se vislumbró merece el análisis de: ¿quién va a poner ese activo? No lo dijeron ayer. Entonces, es buen momento para que el Estado haga mea culpa y pueda ayudar a estas familias", mencionó.
En este sentido, el abogado reveló que una de las posibles medidas a tomar es una eventual demanda contra el Estado. "Hoy estamos manejando esa posibilidad", advirtió.
"Una vez que avance la etapa de la denuncia penal y una vez que avance también la etapa del concurso, se identificaría la responsabilidad de los distintos organismos del Estado y así iniciar una demanda. Esta posibilidad está siendo sujeto de análisis aún, todavía no se puede confirmar", cerró.
