El documento se firmará este jueves; el gobierno de Yamandú Orsi podrá hacerle modificaciones en acuerdo con el consorcio
La administración de Luis Lacalle Pou firmará este jueves el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo para la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí, el balneario de San José.
La rúbrica quedará a cargo de las autoridades salientes de OSE e incluye una cláusula específica que habilita a la administración de Yamandú Orsi a hacerle modificaciones siempre y cuando se ponga de acuerdo con el consorcio, según dijeron a El Observador fuentes de la empresa pública.
Los informantes dijeron que se optó por firmar e incluir la cláusula que autoriza los cambios para evitar que el contrato vuelva a ser estudiado por el Tribunal de Cuentas.
La hora de la suscripción del contrato aún no está definida. Para este jueves también está prevista una sesión del directorio de OSE.
La firma del contrato era manejada este miércoles como una posibilidad en el Frente Amplio ya que no habían tenido notificación oficial.
El consorcio Aguas de Montevideo está integrado por las empresas Ciemsa, Fast, Saceem y Berkes. Fue el que presentó la iniciativa privada al comienzo de la administración de Lacalle Pou y luego ganó la licitación internacional convocada por OSE.
El proyecto consiste en una toma de agua en el Río de la Plata; una estación de bombeo; una aductora de agua bruta; una planta de tratamiento de agua potable; una reserva de agua (pólder); una aductora de agua tratada, y una serie de obras para conducir el agua hasta los tanques de Cuchilla Pereira.
La construcción tiene un costo de US$ 294 millones que será asumido por los privados.
OSE pagará una vez que se ponga en funcionamiento. Serán unos US$ 890 millones (US$ 50,6 millones anuales durante 17 años y medio) ya que el modelo financiero elegido es de “pagos por disponibilidad”.
La planta podrá producir hasta 200 mil metros cúbicos por día que se incorporarán al sistema metropolitano actualmente abastecido únicamente por la planta de Aguas Corrientes.
La construcción en Arazatí es defendida por el gobierno saliente de Luis Lacalle Pou y rechazada por el entrante de Yamandú Orsi.
El tema es uno de los focos de discordia de la transición y fue conversado por los mandatarios en el único encuentro que tuvieron poco después de la victoria del frenteamplista.
La semana pasada en una reunión en la Torre Ejecutiva, el gobierno y el consorcio propusieron a las autoridades entrantes (el secretario Alejandro Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño) algunas modificaciones.
El planteo fue construir una segunda toma en un curso de agua dulce y achicar o quitar el pólder. El lugar más viable es Riachuelo en Colonia, 80 kilómetros al oeste de Arazatí.
La solución encarece el proyecto (cada kilómetro de tuberías cuesta US$1,2 millones) en unos US$ 100 millones pero apunta a eliminar la controversia respecto a la salinidad ya que la toma se utilizaría cuando se registraran episodios de salinidad en el Río de la Plata.
Tras la reunión, Sánchez señaló que iban a estudiar los cambios propuestos aunque aclaró que sus discrepancias iban más allá de la salinidad, ya que también tenían reparos técnico-ambientales, legales y con el modelo económico y de gestión seleccionado por el gobierno.
Este miércoles, tras la presentación de su equipo de Ambiente, Ortuño dijo que recientemente habían recibido las modificaciones por escrito –como las habían pedido– y que las analizarían para formar una posición y hacérsela llegar a Orsi.
Pese a esto, reiteró que su posición personal era que los cambios “no suponen una modificación sustancial al proyecto” ni “levantan el grueso de los cuestionamientos” que había resumido Sánchez.
A su vez, dijo que el Frente Amplio mantenía la visión crítica porque entendía que debían aprovechar la oportunidad para “estudiar estos cambios en el marco de una política nacional de aguas que incluirá proyectos estratégicos de infraestructura”.
El flamante jerarca subrayó que la firma del contrato “limitaría enormemente” el diálogo nacional y “generaría consecuencias negativas” en OSE.
Por último, reiteró que la prioridad era la construcción de la represa en Casupá, la cual “tiene un largo fundamento técnico” pero “también de la realidad”. “Todo eso aconseja que nos tomemos el tiempo y que no haya, por lo tanto, una consolidación del proyecto como ha planteado el presidente Lacalle Pou", sentenció.