En mayo de 2017 la entonces ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, planteó en el gabinete social del gobierno de Tabaré Vázquez eliminar la obligatoriedad de asistir a la educación para poder recibir la asignación familiar. La propuesta, que no llegó a concretarse, generó debates durante varios meses en varios niveles y dividió a la fuerza política entonces gobernante en posturas a favor y en contra.
“Yo al principio comulgaba (con la postura contraria a la de Arismendi) pero hay una parte que no lo puede hacer”, dijo el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y se comprometió a que si es presidente se termina la condición de asistir a la educación para recibir las asignaciones familiares. “No hay forma porque se te descalza una parte de la población”, afirmó en el programa En la mira de VTV.
La posición de Orsi, que es respaldada, entre otros, por el posible ministro de Economía Gabriel Oddone y la diputada especializada en primera infancia Cristina Lustemberg, no genera unanimidad en el Frente Amplio.
“Sigo creyendo que tiene que haber un sistema de incentivos y sanciones que promuevan la escolarización. Estamos en el peor ausentismo de los últimos 30 o 40 años”, cuestionó en diálogo con El Observador Héctor Florit, exdirector de Primaria y una de las principales voces que se opuso públicamente al planteo de Arismendi en 2017.
Las asignaciones familiares son una política de transferencia directa que reciben los menores de los hogares más vulnerables. En 2024 son más de 415 mil menores los que reciben la asignación que varía su monto según la edad (se da desde el embarazo), el grado educativo que cursan y la cantidad de menores en el hogar.
Florit, integrante de la Lista 95 de Mario Bergara y uno de los consultados por el comando de Orsi en temas educativos, aseguró que en este contexto de alto ausentismo, sería una “mala señal” tomar una decisión de este tipo. “Es un problema del derecho de los niños a ir a la escuela”, aseguró y agregó que no es solo aprender sino también evitar situación de riesgo así como promover el trabajo femenino.
La obligatoriedad de asistencia al sistema educativo para recibir la oficialmente llamada Asignación Familiar – Plan de Equidad (Afam-PE) fue establecida en el artículo 6 de la ley N° 18227, aprobada en 2008 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Sin embargo, el primero en aplicarlo fue el gobierno de José Mujica a partir de 2013.
Para Florit es necesario “fortalecer el sistema” aumentando la asignación pero además es necesario mejorar el “seguimiento a través de las maestras, las maestras comunitarias y el programa Escuelas Disfrutables”.
Pero, ¿qué impacto tiene esta obligatoriedad en la asistencia escolar? El Ministerio de Desarrollo Social tiene dos tipos de controles respecto a los beneficiarios de las asignaciones familiares y la asistencia educativa: uno respecto a la inscripción y otro sobre la asistencia.
A mediados de junio el Mides revisa qué niños y adolescentes (de los que reciben la asignación) no están inscriptos en la educación y les notifica que si no se registran, se les dará de baja la transferencia. Además, se activa un protocolo para hacer seguimiento de los menores.
Los datos, inicialmente difundidos por El País, muestran que entre 2018 y 2024 se suspendieron en promedio casi el 90% de las asignaciones de aquellas familias que fueron notificadas. Sin embargo, los números varían desde el 76% de 2023 al 97% de 2019 (en 2020 no se suspendieron asignaciones en este control por la pandemia).
“La amplísima mayoría de los beneficiarios de AFAM-PE (asignaciones) se mantienen vinculados. En 2024, sólo 6.142 de 416.000 menores eran potenciales suspendidos, menos del 2%”, defendió en diálogo con El Observador el director de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi, y agregó que los datos muestran que “el anuncio de la suspensión tiene un efecto ya que se regularizan una porción de ellos”.
Manzi destacó que luego del corte que se realiza en agosto hay familias que regularizan su situación y, en esos casos, la asignación es restituida. En 2023 fueron cerca de mil casos.
En octubre, el Mides hace una segunda revisión, en este caso de asistencia y suspende la asignación de aquellos que no están yendo. En este control, la suspensión siempre ronda el 100% de los notificados.
Este es un tema sobre el que la academia ha trabajado. “Las evaluaciones de impacto señalan que esas políticas tienen incidencia en el 2% o máximo 5% de la población objetivo. De los que se le suspende, solo un porcentaje muy chico vuelve a inscribirse. El tamaño es ridículo”, dijo a El Observador el sociólogo y exjerarca del Mides durante los gobiernos del Frente Amplio, Juan Pablo Labat.
Para el sociólogo hay que “desvincular de una vez” la idea de transferencias condicionadas “para conseguir otros objetivos” porque son útiles para aumentar el “vector ingresos” pero en el resto de los aspectos los efectos, dice el sociólogo, son “marginales”.
“Necesito que el niño se inscriba, vaya, se quede y aprenda. Las asignaciones no contribuyen a que eso suceda”, sentenció.
Lo más vulnerables
Otro de los puntos que abordan varios estudios académicos es que las familias a las que se les suspenden las asignaciones, en general, son las más vulnerables. “Las transferencias condicionadas a la asistencia de los niños, niñas y adolescentes está demostrado en el mundo que no es la estrategia porque perjudicás a los hogares de extrema vulnerabilidad”, dijo Lustemberg en el programa de streaming De no olvidar de Topic.
“Otros trabajos han encontrado que los niveles de sensibilidad de la escolarización ante la exigibilidad de contraprestaciones son bajos (Ceni y Salas 2021), al tiempo que éstas presentan un fuerte carácter regresivo, pues quienes se dan de baja por no cumplirlas son los hogares que presentan mayores niveles de vulnerabilidad social (Sena y Vigorito, 2020)”, dice el trabajo ¿Qué sabemos sobre los programas de transferencias no contributivas en Uruguay? De Ivone Perazzo, Analía Rivero y Andrea Vigorito publicado en diciembre de 2021 por el Instituto de Economía.
De ganar el Frente Amplio las elecciones, la discusión volverá a estar sobre la mesa en el próximo período de gobierno y, entienden algunos, será necesario modificar la ley vigente para poder aplicar cambios lo que llevaría el debate al Parlamento. Sin embargo, otros creen que con cambiar la reglamentación es suficiente. En cualquier caso y en esa eventual circunstancia, tendrán el respaldo del presidente.
