El Ministerio de Defensa comunicó a cuatro jerarquías de la Armada Nacional el arresto a rigor por entre 15 y 30 días como consecuencia de su comportamiento ante las actuaciones de un “grupo de trabajo” dispuesto por la ministra Sandra Lazo en torno a la compra de dos patrullas oceánicas OPV.
La sanción más dura recae en el excomandante en Jefe de la Armada, Jorge Wilson, quien deberá cumplir 30 días de arresto a rigor en el Comando de Infantería de Marina en el Cerro. La medida responde a que, según las actuales autoridades, brindó información falsa al contestar sobre el segundo pago de 8,2 millones de euros al astillero español Cardama, encargado de la construcción de los buques.
Wilson –quien dejó su cargo de comandante el 4 de marzo– había comparecido varias semanas atrás ante esta comisión interna que la ministra Lazo delegó en el asesor letrado Alfredo Maeso y sus adscriptos Damián Rojas (MPP) y Daniel Marsiglia (Partido Comunista).
También por faltar a la verdad o no brindar datos requeridos en torno a los pagos a Cardama fue sancionado el contraalmirante José Ruiz, director general de Material Naval.
Por otro lado, el contraalmirante Miguel De Souza –director general de Finanzas de la Armada– y el capitán de navío Marcelo Da Silva –quien fuera jefe de gabinete bajo la comandancia de Wilson– también deberán cumplir arresto a rigor por llegar tarde a las citaciones o no enviar en tiempo y forma los datos requeridos por la comisión.
Tras varias semanas de actuaciones, el “grupo de trabajo” dentro del Ministerio de Defensa le recomendó a la ministra Lazo que disponga una investigación administrativa para estudiar el fondo del asunto detrás de la compra al astillero Cardama, según reconstruyó El Observador.
Sandra Lazo, futura minsitra de Defensa
Sandra Lazo, futura minsitra de Defensa
Foto: MPP
Los miembros del actual gobierno cuestionan desde que están en la oposición el contrato resuelto bajo la administración del nacionalista Javier García y tienen bajo la lupa el todo el proceso que condujo a la construcción que hoy está teniendo lugar en los talleres de Vigo, España. En este caso, el Poder Ejecutivo tiene poco margen para desandar un contrato que ya está en ejecución y que lleva de parte del Estado uruguayo dos transferencias por 8,2 millones de euros cada una libradas en favor de la compañía española.
El 27 de febrero, a dos días del cambio de mando, el anterior gobierno autorizó el segundo pago bajo la premisa de que Cardama había cumplido con el segundo hito estipulado en el contrato: la entrega del Plano de Cuaderna Maestra. La actual administración del Frente Amplio sostiene que no tiene información suficiente para acreditar que el astillero haya cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones y por eso le solicitaron más datos durante una reunión que tuvo lugar el viernes previo a la Semana Santa en la sede ministerial sobre 8 de Octubre.
Por su parte, la delegación encabezada por Mario Cardama –principal ejecutivo del astillero– e integrada por otras empresas proveedoras en el proceso de construcción de las patrullas oceánicas –Caterpillar, Terma, Cintraval y Escribano– intentó despejar todas las dudas y esgrimió que toda la obra está siendo certificada por Lloyd’s Register.
Cardama apuesta a cumplir con el tercer hito del contrato el próximo 15 de mayo –para el que ya invitó a las autoridades uruguayas– cuando concrete la puesta de quilla sobre el primer buque, ante lo que el Estado uruguayo debería librar una tercera transferencia por el 30% del monto total de 82 millones de euros que sale el proyecto.
Con las sanciones comunicadas a la Armada en el correr de este lunes, el nuevo gobierno apunta primero contra el comportamiento de los principales jerarcas que viabilizaron la compra y se guarda posibles medidas más drásticas para una siguiente etapa, como ser, tal como recomendaron los asesores de la ministra Lazo, una investigación administrativa.
