El Poder Ejecutivo presentó este jueves el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales ante la comisión de Diputados que estudia el tema. En su intervención, los representantes del gobierno argumentaron la urgencia para aprobar el texto y dijeron que la nueva propuesta asegura mayor equidad respecto a otros subsistemas y sostenibilidad en el tiempo.
La principal intervención estuvo a cargo del ministro interino de Economía, Martín Vallcorba –Gabriel Oddone está en Estados Unidos–, y estuvo acompañado por el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, entre otros.
El gobierno explicó el déficit de la caja principalmente por las “condiciones más favorables” en las que se jubilan los afiliados de la caja respecto a otros subsistemas y aseguró que el proyecto presentado por la administración de Luis Lacalle Pou en 2023 –que no se aprobó porque el Frente Amplio y Cabildo Abierto se opusieron– no era sostenible en el tiempo, según reconstruyó El Observador a partir de fuentes que participaron del encuentro.
Esa afirmación generó algunos cruces con el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, que dijo que no había evidencia para hacer esa afirmación y cuestionó el texto porque es más gravoso que le de 2023 tanto con los activos como con los pasivos.
El proyecto del gobierno aumenta la tasa de aportes de los activos de 18% a 22,5% y establece una “contribución pecuniaria” de los pasivos que es gradual según el monto de la jubilación.
El diputado colorado también dijo que es una contradicción del Frente Amplio el adelantamiento del aumento de la edad de jubilación a 65 años para los nacidos en 1973 porque el ahora oficialismo prometió en campaña bajarlo a 60 años de edad.
La reforma jubilatoria general aprobada en la administración anterior establece un aumento gradual a partir de los nacidos en 1973 –que se jubilarán a los 61 años–. Este proyecto, al igual que el anterior de 2023, apura esa transición y los nacidos en 1967 se jubilarían a los 61. Eso iría aumentando de forma gradual hasta que los de 1973 y años siguientes lo harían a los 65 años.
La defensa del gobierno es que el colectivo de los profesionales tiene una mayor longevidad promedio que los integrantes de otros subsistemas.
Otro de los que planteó algunos reparos fue el diputado blanco Pablo Abdala que cuestionó el concepto de equidad ya que, según dijo en la comisión, si no estuviera la urgencia del déficit el gobierno no hubiera enviado este proyecto.
Los argumentos del gobierno
El desequilibrio financiero de la Caja de Profesionales, que según la estimación del gobierno será de US$ 100 millones a partir de 2026 si no se realizan cambios, se debe al “desbalance entre lo aportado durante la vida laboral y lo cobrado en la etapa pasiva”.
Según las estimaciones del Poder Ejecutivo, cada afiliado recibe como pasivo entre 2 y 3 veces “lo que aportó a lo largo de su vida activa”. La caja tiene “condiciones diferenciales para el cálculo jubilatorio” en relación a otros subsistemas, es un colectivo con una mayor longevidad promedio y el déficit se da pese a una “favorable relación” entre activo y pasivo que es de 3 a 1, planteó Vallcorba.
“La Caja ofrece condiciones más favorables que las del BPS para trabajadores no dependientes”, dice la presentación del gobierno a la que accedió El Observador. La tasa de aporte es de 16,5% (18,5% a partir de 2024) frente a una de 22,5% en el BPS en el caso de las unipersonales. La diferencia en ese caso, señalaron desde la oposición, es que mientras en la caja aportan por un ficto, las unipersonales que aportan al BPS lo hacen en relación a su facturación.
El gobierno también señaló que la tasa de reemplazo mínima en la caja es de 50% mientras que en el BPS es de 45% y para el sueldo básico jubilatorio se toman los últimos tres años frente a los 20 mejores años más un 5% del BPS.
“A iguales condiciones (60 de edad y 30 de servicios) un trabajador no dependiente de la CJPPU tiene una relación entre aportes y prestaciones superior a la de BPS (solamente considerando pilar de reparto)”, agrega la presentación. Según el último balance, la jubilación mensual promedio de la caja es de $ 94.721. En el caso de los pensionistas asciende a $ 56.951.
Los cambios
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo plantea para los profesionales activos un aumento del aporte desde el 18,5% al 22,5% del sueldo ficto de la categoría que les corresponda, más los gravámenes porcentuales que por disposición legal percibe la Caja. Para los que obtengan la habilitación profesional este año se mantendrá la escala de 10 categorías y para los que la consigan a partir del 1º de enero de 2026 habrá 15 para evitar saltos tan bruscos entre categorías.
Los pasivos tendrán una contribución pecuniaria. La primera franja, de entre 0 a 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), no tiene aporte previsto. La segunda de entre 6 a 10 BPC aportará un 2%. La tercera franja de entre 10 y 15 BPC pasa a 7,5%; la próxima de entre 15 y 20 a 10% y en la de 20 a más la tasa es de 12%. La BPC para 2025 es de $ 6.576. El promedio es de una tasa de 9%, que generará un piso de ingresos de US$ 40 millones al año.
La inyección financiera del Estado está planteada de otra manera. El proyecto de ley propone para el ejercicio 2025 una asistencia del Estado -a través de Rentas Generales- de $ 110 millones al mes. El total ascendería a $ 1.320 millones al año, equivalentes a US$ 31,1 millones.
Complementa que a partir de enero de 2026 el aporte será el equivalente a dos tercios (66%) del promedio mensual de lo recaudado por la contribución pecuniaria de los jubilados profesionales. Tomando en cuenta el piso previsto de US$ 40 por el impuesto a los jubilados, la inyección estatal de 2026 sería de US$ 26,4 millones.
Además menciona que el Poder Ejecutivo podrá autorizar a la Caja de Profesionales a compensar estos fondos con otros tributos y recursos que la institución recauda en nombre del Estado, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación.
