Cuando el próximo presidente electo se siente por primera vez en su despacho del piso 11 de Torre Ejecutiva, le van a quedar entre dos y ocho meses de tiempo antes de que la Caja de Profesionales se quede sin reservas para afrontar sus compromisos.
Hasta ahí tendrá tiempo el Poder Ejecutivo para mandar al Parlamento un proyecto de ley que le dé más oxígeno al organismo, o empezarán a recaer en el Estado una parte de los US$ 44 millones que cada mes se destinan para pagar las 20.344 pasividades que cubre la institución.
Para ese entonces el déficit ya estará entre US$ 70 millones y US$ 90 millones, y a ese ritmo seguirá creciendo hasta alcanzar en el 2026 los US$ 110 millones, según el documento que la Caja preparó para los partidos en campaña, y al que accedió El Observador.
El más optimista de los escenarios proyecta un agotamiento del portafolio total para junio de 2026, o sino en febrero de ese año.
“Todo lo que este directorio podía hacer, ya lo hizo. Ahora está en manos del Poder Ejecutivo. Vamos a esperar a que pasen las elecciones y sí o sí vamos a ir a tocarle la puerta al gobierno que haya ganado”, dijo el presidente de la CJPU, Daniel Alza.
20240520 Entrevista a Daniel Alza, presidente de la Caja de Profesionales (8).jpg
Foto: Inés Guimaraens
“Fue la asignatura pendiente que nos quedó como país”, lamentó el exministro de Trabajo y actual candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres. En una fatídica jornada para la coalición de gobierno, y al filo del plazo constitucional para legislar en la materia, en octubre del año pasado naufragaron en el Parlamento las dos iniciativas del Ejecutivo para “estirar la agonía” de la Caja, al decir del presidente Luis Lacalle Pou.
El propio candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien hoy parte con ventaja en las encuestas para disputar la victoria, validó la semana pasada la urgencia que tendrá el tema para la futura administración: “Esta reforma que se llevó a cabo en este período no resolvió los problemas de fondo, seguimos arrastrando dificultades que de un momento a otro nos van a explotar probablemente casi de inmediato, como es el ejemplo de algunas cajas”, afirmó durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).
Fracasó proyecto
Un proyecto de ley enviado en setiembre del año pasado a Diputados –una vez concluido el tratamiento de la reforma jubilatoria y a un mes de que empezara a regir la veda constitucional para legislar en materia de seguridad social– pretendió recoger varias de las propuestas entregadas por el directorio de la Caja al gobierno, entre las que se incluyen aumentos de las tasas de aportación para los activos, una contribución pecuniaria por parte de los jubilados y asistencias del Estado a la institución.
Pese al intercambio de varios borradores entre socios de la coalición y a sucesivos cuartos intermedios, Cabildo Abierto se negó en el plenario a votar la iniciativa, resistiéndose a aumentar las retenciones a los pasivos y exigiendo un mayor esfuerzo del Estado.
Mieres, avalado por Presidencia de la República, envió de urgencia un texto alternativo de cara a la última sesión del Senado antes de que empezara a correr el año electoral para al menos aumentar la tasa de aportación de los activos, llevándola de 16,5% al 19% a partir del 2025. Tampoco ese “último esfuerzo” halló eco, ya no solo en los socios, sino en el propio Ministerio de Economía, que garantizó a los senadores oficialistas que la Caja de Profesionales no agotaría sus reservas antes de este período y que alcanzado ese extremo el Estado asumiría un “salvataje” de la institución.
El propio Frente Amplio debió saldar puertas adentro de la Huella de Seregni una discusión sobre cómo posicionarse; el diputado Gustavo Olmos (del sector de Mario Bergara) llegó a manejar que la oposición “explorara alternativas” para ofrecerle al gobierno los votos en determinados artículos del proyecto.
“El problema principal para resolver qué actitud tomar fue que el gobierno mandó un proyecto de manera súper tardía y sin los tiempos necesarios para generar un diálogo y un acuerdo que pusiera el derecho de los contribuyentes y jubilados de la Caja a cubierto”, reclamó el diputado del MPP Sebastián Valdomir, quien agregó que el Frente no fue “el motivante” del naufragio parlamentario del salvataje postulado por el gobierno, sino la forma en que la coalición trató el tema.
Valdomir acusó además que “hubo directores electos por el orden de profesionales que hicieron campaña prometiendo cosas que afectaron a la Caja, reinstalando erogaciones muy fuertes que justamente el anterior directorio había abatido para tratar de tener un proceso financiero un poco más adecuado”.
El diputado del MPP sostuvo que en caso de triunfar el Frente Amplio la reestructura de la Caja de Profesionales deberá discurrir a un “ritmo más acelerado” que lo que resulte del diálogo social que la izquierda pretende convocar para consensuar una nueva reforma de la seguridad social. “Para adelante habrá que sentarse con tiempo. El diseño se hizo con muy pocas profesiones aportantes, se aporta por fictos y muchas veces no tienen relación con los ingresos reales de esos profesionales”, apuntó.
Tanto el exministro Mieres como el diputado blanco Pedro Jisdonian –quien estuvo al frente de la discusión desde la cámara baja– coincidieron en que la futura reforma “no va a diferir mucho de lo que se presentó en 2023”, en tanto “no hay demasiados lugares” donde retocar.
“Es un tema al que va a haber que hincarle el diente. Lamentablemente hubo una mezquindad de no votarlo”, declaró el nacionalista Jisdonian. El colorado Conrado Rodríguez, otro de los negociadores durante la discusión parlamentaria, lamentó que “cuanto más se tarda una reforma, más complicado es hacerla y más drásticas son las soluciones, porque hay menos margen de maniobra”.
Profesionales en no ejercicio
El directorio de la caja resolvió para este año un incremento del 2% en el aporte de los activos, medida que el presidente Alza reconoció como “no simpática”, pero necesaria.
La Caja de Profesionales afronta a la par una caída sostenida de la relación de activos por pasivos, y cada vez más profesionales que prefieren declaran no ejercicio –el 62% están en esa condición–; por otro lado, según el documento de la Caja, “la mayoría de activos aportan por categorías bajas mientras que los jubilados actuales se jubilan por categorías altas (más de la mitad están en la máxima categoría); la institución advierte además que “el colectivo amparado es aún relativamente joven, por lo que en los próximos años generará un número creciente de altas de jubilación”.
El presidente del directorio cuestionó que ante la convocatoria de la Caja a los postulantes de los partidos solo haya concurrido Mieres: “Llama la atención que un tema importante para un colectivo que apuesta por mejorar las condiciones de vida de los Uruguayos, no tenga la atención del resto de los candidatos”, reclamó Alza.
Sobre la mesa también aparecen otras medidas que dividen las aguas: una de las posibilidades esgrimidas por la Caja fue la de extender el cobro de timbres por distintos servicios profesionales –hoy suponen alrededor del 30% de los ingresos del organismo–, o comenzar a ajustar el valor por Índice Medio de Salarios, posibilidad ya descartada por este gobierno; también se ha manejado que haya desde el BPS a la Caja una devolución del IASS que hoy aportan los jubilados profesionales.
