En una audiencia que se realizó este lunes, un día antes de que comience la feria judicial, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera no hizo lugar el pedido que planteó la defensa del exsenador Charles Carrera, de cerrar la causa por la que es indagado por brindarle atención médica en el Hospital Policial a Víctor Hernández, luego de que perdiera la movilidad por una bala perdida que supuestamente salió de la casa de un comisario en La Paloma, donde se realizaba una fiesta.
Según supo El Observador, la audiencia tuvo algunos momentos tensos, cuando el exsenador que compareció con su abogado Juan Manuel González Rossi, cuestionó la actuación de la fiscal Silvia Porteiro por haber interferido en las elecciones ya que "llamativamente" pidió el desafuero al Senado un mes antes de las elecciones, en las que iba como candidato al Senado en el tercer lugar de la lista 609 del MPP.
En ese momento la fiscal se molestó y dijo que hace un año la acusaron de querer proteger a Carrera, por mantener la causa detenida, y ahora la acusan de querer perjudicarlo. Porteiro pidió que la "dejen trabajar" y no le endilguen más intencionalidades políticas. Se refería a que el 24 de julio de 2023 senadores del oficialismo que habían integrado la comisión investigadora -en la que el Frente Amplio se negó a participar- se reunieron con el entonces fiscal de Corte Juan Gómez para cuestionar el estancamiento que tenía el caso.
En la audiencia de este lunes ante el planteo de Carrera y su defensor, la fiscal explicó por qué motivo aún no se ha expedido sobre si imputará a Carrera por abuso de funciones o archiva el caso.
Afirmó que después que pidió el desafuero al Senado la respuesta oficial demoró un mes en llegar. Ante eso, la defensa de Carrera le respondió que no era una excusa válida porque al día siguiente de que se oficializó el pedido de desafuero Carrera renunció al Senado.
Además, señaló que luego de las declaraciones de testigos, se encuentra corroborando esa información. A pedido de la defensa de Carrera declararon entre octubre y los primeros días de noviembre el ex subsecretario del Ministerio del Interior y exintegrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faroppa y el abogado de Ielsur Martín Fernández, para que explicaran que cuando Hernández resultó baleado, en 2012, desde Serpaj, Ielsur y la Inddhh tomaron conocimento de su caso y le pidieron al Ministerio del Interior que se le prestara asistencia.
También dieron su testimonio un ex funcionario de Sanidad Policial, la expresidente de ASSE, Susana Muñiz y el penalista Gonzalo Fernández. Este último declaró sobre un informe que presentó a la Fiscalía en el que el penalista opinó que en este caso no existió delito porque se trató de un acto humanitario por darsele atención a una persona baleada, presuntamente por un policía, en el que no existió dolo.
En la misma línea se pronunció el grado 5 de la Universidad de la República, Germán Aller, quien opinó que los delitos contra la administración pública, como es el de abuso innominado de funciones, no admiten una imputación por imprudencia, negligencia o impericia, sino que debe existir una intención de dañar a la administración pública y un daño concreto, es decir dolo.
“A mi entender no hay dolo (...) no veo cómo imputarle un delito contra la administración porque no puede ser una responsabilidad penal objetiva, tiene que ser estrictamente una responsabilidad penal subjetiva, que la persona actúa con la intención de afectar a la administración para obtener un provecho propio o de terceros”, afirmó en declaraciones a La Diaria.
González Rossi también pidió el testimonio de la periodista Georgina Mayo para que relatara lo que le declaró el exdiputado del Partido Nacional José Carlos Cardoso,quien tuvo un grave accidente, en una nota en la que le contó el entonces ministro Eduardo Bonomi "apoyo para la persona baleada” en La Paloma.
"Tuve mi día ante un juez"
A la salida de la audiencia, Carrera declaró a los medios que si bien no logró lo que pedían, destacó que si bien la jueza no dio un plazo, le pidió a la fiscal "que en el marco del Código del Proceso Penal, las diligencias que faltan por desarrollar que se hagan en un plazo razonable".
"Hoy me voy con un poco de tranquilidad porque pude tener mi día ante un juez de la República, un juez de garantías, que escuchó nuestros argumentos", afirmó.
Además reiteró sus quejas por estar desde hace dos años y medio bajo investigación. "Este caso trajo perjuicios al Frente Amplio, a mi organización política y a mí en particular, que sufrí un proceso de desafuero. Era un senador de la República que estaba en funciones, en ejercicio, fui un senador electo que no pude ser proclamado por esta situación de público conocimiento (...) hay muchas cosas en juego pero además uno tiene que tener certidumbre por su propia vida personal, más cuando uno tiene hijos chicos que los tiene que cuidar y mantener".
La fiscal Porteiro pidió el desafuero del senador Carrera el 25 de setiembre y planteo que “se extralimitó ostensiblemente en sus deberes” ya que a través de actos arbitrarios perjudicó a la administración, con el fin de favorecimiento económico a particulares”. Estimó que las prestaciones otorgadas a Hernández totalizaron U$S 260.350 y que la situación en la que se encontraba el paciente en el Hospital Policial era “anómala, indebida e irregular” porque “no era funcionario policial, ni familiar de policía, ni ingresa en las categorías lógicas de autorizaciones especiales”.
