El abogado Juan Pablo Decia, que representa a más de 30 afectados por los negocios del Grupo Larrarte, presentó un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Alejandro Machado en el que detalla nueva evidencia con el objetivo de que se concrete la imputación del dueño de la empresa, Jairo Larrarte, y varios de sus colaboradores.
En ese documento, según pudo saber El Observador, el abogado señala que la maniobra, por sus montos, no puede haber sido ejecutada solo por Larrarte y que necesariamente tuvo que contar con la asistencia de un equipo técnico.
En ese marco, es que el abogado apunta a Virtin SA, una empresa que, según el abogado, recibió todos los activos de Larrarte SAS. Además, Decia presentó un contrato en el que se le ofrecía a los inversores de Larrarte entrar en un fideicomiso financiero cuyo fideicomitente era esta misma empresa.
Esos contratos lo que buscaban era que los pocos inversores que efectivamente tenían ganado a su nombre, lo cedieran en administración a Virtin SA para que los coloque en un fideicomiso cuyo fiudicario, que es quien lo administra, era el propio Larrarte, según la información presentada por el abogado.
Las denuncias presentadas por Decia ascienden a US$ 3,25 millones y en total los abogados estiman que son más 200 afectados por más de US$ 10 millones.
La empresa PGA, más conocida como Grupo Larrarte, se presentaba en redes sociales como "Líderes en Inversiones Ganaderas" y ofrecía una ganancia fija anual cercana al 11%. La denuncia inicial plantea que la información recabada en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) del Ministerio de Ganadería permite afirmar que la mayoría del ganado que la empresa debía comprar con el dinero de los inversores nunca se compró y que esa plata no fue utilizada para lo que decía el contrato que firmaban ni fue reintegrado.
Es por eso que la denuncia fue por apropiación indebida pero luego se amplió a estafa y asociación para delinquir. Como evidencia de estos delitos se presentaron sus posteos en redes sociales así como las distintas unidades de negocios que componían al grupo.
Los abogados que defienden a los damnificados tiene una “profunda preocupación” por la falta de avances en la causa y entienden que es necesario que la fiscalía avance en la imputación de los denunciados.
“Todos los integrantes de un grupo (empezando por el líder de la banda Jairo Larrarte) que estafaron a más de 200 personas en montos que superan los US$ 10 millones, andan muy sueltos de cuerpo tomando medidas empresariales y de administración que perjudican la investigación, que alteran la prueba y que en definitiva atentan contra las magras chances que tienen los acreedores de localizar e identificar el destino de sus inversiones”, lamentó Decia en diálogo con El Observador.
Más implicados
Además de Jairo Larrarte, los denunciantes pretenden que también se imputen a otros colaboradores del empresario. Por un lado señalan al contador de la empresa, Rafael Vinzia, que, según entienden los damnificados, siguió intentando captar inversores una vez que la maniobra ya había salido a luz y prometiéndole una ampliación de la inversión a un inversor que no tenía ganado a su nombre porque la empresa no había respetado el contrato firmado.
La denuncia también señala al padre de Jairo, el señor Jorge Larrarte, a Marcos Ledesma –director de Virtin SA–, a Lorena Olivera (empleada de la empresa) y la abogada Leticia Latorres y también a Lucila Pírez.
Tal como informó El Observador a principios de octubre, Pírez se comunicó con varios inversores ofreciendo sus servicios legales para que se presenten al concurso de acreedores. Al recibir los mensajes de la supuesta abogada, los inversores empezaron a comentarlo en uno de los grupos de inversores de Whatsapp que comparten más de cien personas y rápidamente se percataron de que Pírez decía en su perfil de Instagram que era socia de Leticia Latorres, asesora legal Grupo Larrarte, como informó El Observador.
Ese perfil de Instagram había sido creado por Pírez recientemente. La primera publicación es del 6 de setiembre.
Al buscar el nombre de Pírez en la lista de profesionales habilitados por la Suprema Corte de Justicia su nombre no figura en la web del Poder Judicial por lo que no está habilitada para ejercer. En aquel entonces El Observador se comunicó con Pírez quien no quiso hacer comentarios luego de que se le mencionó que no estaba habilitada.
La abogada Latorres se comunicó con El Observador en ese entonces para aclarar que Pírez no era su socia y que si bien la conocía nunca habían trabajado juntas. De hecho informó que a su pedido, Pírez aclaró en su perfil de Instagram que no eran socias. Consultada sobre cómo había conseguido los contactos de los inversores no pudo dar una respuesta.
Hasta ahora la única medida que tomó la fiscalía fue la prohibición para Jairo Larrarte de salir del país. Esa medida fue tomada por la fiscal de Flagrancia Sabrina Flores que investigó el caso previo a que pasara a la Fiscalía de Delitos Económicos.
