El síndico designado por la Justicia en el concurso necesario del Grupo Larrarte dispuso un procedimiento para que los inversores que tengan ganado a su nombre puedan retirarlo. Según dijeron a El Observador fuentes del caso judicial, ya se autorizó a varias personas a retirar los animales.
El abogado Juan Pablo Decia, que representa a 33 damnificados por los negocios del grupo, informó que son pocos los inversores que tenían ganado registrado a su nombre y aclaró que "en ningún caso supera el 20% de los animales que deberían tener". De todos modos, esas personas los están sacando con un consignatario y con anuencia del síndico, el abogado Alfredo Ciavattone, quien quedó como administrador de los bienes en el concurso.
Decia precisó que de sus 33 clientes "solo tres tenían algún animal a su nombre". En un caso una persona tenía una sola vaca.
Para saber cuántas cabezas de ganado tiene cada inversor deben consultar al SNIG (Sistema Nacional de Información Ganadera) del MGAP con su usuario y contraseña. Si no tiene esos datos se puede concurrir a la oficina de la calle Constituyente.
Para cumplir con el procedimiento el síndico estableció un procedimiento por el cual una vez que el inversor acredita tener ganado, se ubica en qué campo está y se autoriza que un consignatario designado por el titular, lo retire. Según se informó por el momento se han hecho unas pocas entregas.
Según surge del expediente concursal, la jueza María Constanza Farfalla autorizó al síndico también al pago de créditos laborales y designar a un tasador para que haga un inventario de los bienes en poder de la empresa. Para esa tarea se designó al rematador Sergio Fain.
A su vez, las fuentes dijeron que en esta primera etapa el síndico Ciavattone está intentando "ordenar la casa" y tomar algunas medidas de ahorro. Para ello se decidió entregar el local de García Cortinas que era alquilado y se está analizando la utilidad que se le puede sacar a los campos arrendados ya que fueron pagados por adelantado.
El concurso necesario y sus implicancias
La Justicia decretó el concurso necesario del Grupo Larrarte, luego de concluir que la empresa no logró acreditar que su actividad no sea fraudulenta ni entregó documentación que respalde que se encuentra en condiciones de pagar lo que debe a los deudores.
El concurso necesario lo puede solicitar un acreedor, socio o responsable personal de la persona jurídica y cuando se decreta las facultades de administración de la empresa y la disposición del patrimonio quedan suspendidas y quedan a cargo del síndico.
Además implica la intervención de las comunicaciones del Grupo Larrarte y de sus responsables en lo relacionado con la actividad profesional y se les prohíbe salir del país o cambiar de domicilio sin la autorización de la sede.
El síndico también está a la espera de que la empresa le entregue información para saber quiénes son los acreedores del grupo, ya que hasta el momento no ha entregado toda la documentación que se le ha requerido.
