Una de las últimas resoluciones que tomó el gobierno de Luis Lacalle Pou fue la de enviar al Tribunal de Cuentas, para su aprobación el pago del laudo a Latin American Regional Aviation Holdings (Larah), el consorcio propietario de Pluna, que le ganó al estado uruguayo el arbitraje por el cierre de la aerolínea en 2012. Según dijo a El Observador el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferres, el Ministerio de Economía "tiene dispuesto el crédito para pagar".
"Con lo cual una vez que regrese del Tribunal de Cuentas se pedirá el número de cuenta y la representación de la empresa para pagarles", agregó.
Según había informado a fines de enero el sitio Ciar Global, el gobierno de Uruguay llegó a un acuerdo para el pago de un laudo de US$ 30 millones más intereses.
En febrero de 2024, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) había condenado a Uruguay por expropiación y violar sus obligaciones internacionales de trato justo y equitativo. Larah, en su reclamación inicial, pedía alrededor de US$ 800 millones.
Como ya informó El Observador, el acuerdo entre las partes al que se llegó se demoró porque Larah pidió a cambio una indemnidad penal para los exaccionistas de Leadgate, el grupo privado que controló el 75% de Pluna S.A desde 2007 a 2012. Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch, que fueron procesados por estafa en la justicia uruguaya, pidieron ser absueltos como parte del trato con el gobierno, cosa que el Poder Ejecutivo entiende que "no corresponde".
Cuando se conoció la noticia en noviembre pasado, el gobierno emitió un comunicado en el que señaló que "Uruguay no acepta indemnidad penal solicitada por Larah para los acusados por estafa especialmente agravada por su gestión al frente de Pluna".
"Esto es inadmisible para Uruguay, como para cualquier Estado de Derecho, además de ser violatorio de los principios de separación de poderes y la autonomía técnica de los Fiscales". "Uruguay no acepta indemnidad penal solicitada por Larah para los acusados por estafa especialmente agravada por su gestión al frente de Pluna", enfatizó el texto.
Según Presidencia, Uruguay priorizó buscar "alcanzar una solución amistosa que ponga fin al tema de Pluna y pagar el Laudo" y de acuerdo con ello hizo una propuesta económica con la que Larah estaba de acuerdo.
El duro fallo del Ciadi
El fallo del Tribunal Arbitral del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que condenó al Estado a indemnizar a la empresa panameña, accionista de Pluna, concluyó que Uruguay "expropió ilegalmente la inversión" que había hecho la empresa "a través de un conjunto de medidas que resultaron en la paralización de la compañía y su pérdida de valor total".
Además argumentó que los representantes del gobierno tomaron acciones "contradictorias y erráticas" así como "gravemente imprudentes".
Luego de repasar la historia de la aerolínea y los hechos que la llevaron al cierre en un extenso fallo de 242 páginas los miembros del tribunal incluyeron "como un hecho incontrovertido" que la gestión que Varig hizo de Pluna acumuló pérdidas por US$ 10 millones, y que debido al riesgo jurídico que según el Estado representaban las contingencias de Varig, el Estado decidió tomar una serie de actuaciones entre abril y junio de 2012 (que calificó de "medidas ilícitas") "para obstaculizar la gestión de los privados con el objetivo de retomar el control de la compañía para cerrarla y poner fin a la garantía prevista en el Acuerdo para el Cierre de la transacción".
"Las actuaciones del Estado, además de haber sido contradictorias y erráticas, también eran gravemente imprudentes", sentenció.
En definitiva para el tribunal el Estado incurrió en "la expropiación indirecta" que imposibilitaron que Pluna siguiera operando, y como consecuencia "los inversionistas se encontraron forzados a aceptar una cesión de sus acciones sin compensación".
Otros juicios internacionales en proceso
En las reuniones que mantuvieron por la transición el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, entregó un informe detallado sobre la situación de las demandas internacionales que enfrenta el Estado uruguayo a Jorge Díaz, que asumirá este sábado como prosecretario de Presidencia.
En base a ese reporte, además del de Pluna hay otros juicios internacionales en trámite o que han sido anunciados y están en las primeras etapas.
Uno de ellos está vinculado a la minera Aratirí y se inició luego de que el gobierno de José Mujica declinara continuar con el proyecto para extraer hierro. Uruguay perdió la última instancia de ese juicio por un tema jurisdiccional y actualmente se encuentra en una etapa de apelación ante la Corte de París.
El otro proceso que está en sus inicios fue iniciado por dos accionistas de Montecon, a raíz del acuerdo alcanzado en este quinquenio entre el gobierno uruguayo y la empresa belga Katoen Natie con relación al puerto de Montevideo. Los representantes de Montecon sostienen que al firmar el contrato con esa empresa, el gobierno de Lacalle Pou incumplió los tratados de inversión que Uruguay mantiene con Chile y Canadá y fijó la demanda en unos US$ 600 millones.
Además, el 10 de enero pasado, el gobierno fue notificado del interés de parte de la empresa Asesores Financieros de Andalucía Occidental, Sociedad Gestora de Patrimonios S. A. (AFAO), de entablar un arbitraje contra el Estado uruguayo.
El reclamo de la empresa española surge a raíz de la rescisión del contrato, que se había firmado con la compañía Consorcio Ruta 1 S. A. para hacer una obra en esa ruta. Según informó El País, semanas atrás, el Estado tiene ahora tres meses para contestar esa comunicación.
