Mientras avanza la transición y los distintos jerarcas designados analizan y procesan información para tomar decisiones, entre las futuras autoridades del Ministerio de Trabajo ya hay temas en los que saben cómo procederán apenas les toque asumir los cargos.
Es que el futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el designado subsecretario, Hugo Barreto, tienen decido convocar a un “ámbito de conciliación” para “revisar” el nuevo sistema de certificaciones médicas para los funcionarios públicos, activo desde abril en Presidencia de la República.
Con esa convocatoria estarán cumpliendo con una “sugerencia” realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a raíz de una “reclamación” que la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) hizo sobre este nuevo sistema. Incluso, según pudo saber El Observador, las actuales autoridades también estaban de acuerdo con convocar ese ámbito pero por un tema de tiempos quedará para después del 1° de marzo.
En 2024, COFE presentó una queja ante la OIT por dos motivos. Por un lado, entienden que el nuevo sistema implica una rebaja salarial porque antes de los cambios cobraban el salario completo cuando se certificaban y ahora cobran un subsidio del 75% a partir del décimo día de licencia médica.
El otro reclamo tiene que ver con la falta de ámbitos para negociar este tema previo a su aplicación. Ante el reclamo de COFE, la OIT sugirió este ámbito de conciliación a nivel nacional.
“Lo vamos a revisar pero no quiere decir que a priori no estemos de acuerdo. Si hay cosas que están mal las vamos a cambiar y otras las podemos mantener”, dijo a El Observador una fuente del futuro ministerio que agregó que entienden que el nuevo sistema hizo una “generalización” que “está mal” al asumir un mal comportamiento de todos los funcionarios con las licencias médicas.
A principios de este mes, Castillo dijo –tras una reunión con COFE– que al asumir iban a “investigar si los funcionarios públicos se estaban haciendo los enfermos”. “Es un tema de preocupación porque ha llevado a muchos conflictos y muchas movilizaciones”, dijo en rueda de prensa.
El sistema iba a comenzar a ser aplicado en Presidencia el 1° de febrero de 2024 pero tras un reclamo de COFE el Ministerio de Trabajo decidió postergarlo hasta abril. En aquella oportunidad, el entonces ministro, Pablo Mieres, reconoció públicamente que se habían demorado en repartir el instructivo de cómo se aplicaría y se comprometió a instalar un ámbito de negociación para discutir el tema.
Sin embargo, COFE denunció que ese ámbito nunca se realizó pese a que el sistema comenzó a aplicarse en abril en Presidencia. Progresivamente se fue extendiendo a todos los ministerios, salvo el de Defensa que, por problemas internos respecto a la recopilación de información, pidió una excepción para adherirse al nuevo sistema más adelante.
¿Hubo una reducción de las licencias médicas?
Los números que recopila la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) no permiten concluir si el cambio de sistema tuvo un impacto en la cantidad de días de licencia médica que se piden los funcionarios públicos. Esto porque el nuevo régimen no llega a un año de aplicación en ningún organismo público pero, sobre todo, porque no hay números que sean comparables.
Hasta antes de la aplicación de este sistema, la ONSC recopilaba los días corridos que se contabilizaban como licencia médica. A partir del nuevo sistema, se cuentan los días hábiles en los primeros nueve días y corridos a partir del décimo.
Además, los datos vienen de distintas fuentes. Mientras que hasta 2023 se tomaban del Sistema de Presentismo del Sistema de Gestión Humana a partir de 2024 esa información se toma del Banco de Previsión Social (BPS).
Hechas todas estas salvedades, el Estado igual recopila la información para hacer un “seguimiento en términos cuantitativos de las certificaciones médicas en los organismos públicos”.
Un informe de enero de 2025, al que accedió El Observador, releva la cantidad de funcionarios certificados en Presidencia –organismo que lleva más tiempo con el nuevo régimen– entre abril y diciembre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023.
La cantidad de personas certificadas es el único indicador comparable entre los períodos por los cambios a la forma en que se relevan los datos. En 2023 fueron 837 personas las que se certificaron mientras que al año siguiente fueron 827.
¿Qué cambió?
El proyecto de Presupuesto que envió esta administración al asumir en 2020 incluía la primera propuesta para reformular el sistema de licencias médicas de los funcionarios públicos. Esa primera iniciativa, impulsada por el entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, buscaba equiparar, al menos en parte, el sistema de los públicos con el de la actividad privada.
Mientras que los trabajadores del Estado no perdían salario cuando se certificaban, a los privados se les descuenta el 100% del salario los primeros tres días y a partir del cuarto se les paga un subsidio por el 70% del salario.
El primer intento fracasó por cuestionamientos de legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado. Ese rechazo generó una serie de idas y vueltas entre el Ejecutivo y el Parlamento que llevó a que recién en abril de 2024 –cuatro años después de la propuesta inicial– se empiece a aplicar el nuevo régimen que establece que los funcionarios públicos tienen 9 días de licencia por enfermedad pagos con el 100% del salario y a partir del décimo se les paga un subsidio por el 75% de su sueldo. El régimen deja por fuera a algunas enfermedades como las oncológicas y establece excepciones para las internaciones.
Sin embargo, por ley solo la administración central (Presidencia y ministerios) está obligada a aplicar el nuevo sistema. Los entes autónomos, como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), no están incluidos en el cambio. Para poder obligarlos por ley era necesaria una mayoría especial en el Parlamento imposible de alcanzar porque el Frente Amplio estaba en contra del cambio.
Sin embargo, los entes pueden adoptar el nuevo sistema si los directorios lo aprueban. En la ANEP el expresidente Robert Silva mencionó el tema cuando todavía estaba en el cargo e incluso se hicieron cambios informáticos para poder adoptarlo pero el planteo nunca se llevó a un ámbito formal. El organismo de educación pública era especialmente relevante para las autoridades del gobierno central porque los docentes son de los que acumulan más certificaciones médicas.
“Hay un tema que tenemos pendiente, que está por ley pero tenemos que reglamentar, que es el uso de las certificaciones médicas (…) Es mucho dinero. Estoy hablando de más de US$ 100 millones en la ANEP por año”, decía en julio de 2023 en radio Carve la ministra de Economía Azucena Arbeleche cuando le preguntaron por el presupuesto educativo. En 2022 fueron US$ 177 millones, según informó El País.
Si bien el proyecto se reglamentó nunca se aplicó en la ANEP por ser un ente autónomo. Cuando asuma el nuevo gobierno, el demorado nuevo sistema será revisado.
