El dirigente frentista compareció a declarar por pedido personal, según informó su abogado, Juan Manuel González Rossi
Charles Carrera
Foto: Leonardo CarreñoEl exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera compareció este martes ante la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, Silvia Porteiro.
La investigación contra el exsenador se centra en la atención médica irregular brindada en el Hospital Policial a un civil entre 2013 y 2017, período en el que Carrera se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior.
Carrera declaró en calidad de indagado, asistiendo al lugar junto a su abogado, según informó en primera instancia El País.
Según pudo saber El Observador en diálogo con el defensor Juan Manuel González Rossi, el dirigente frentista compareció a declarar por pedido personal.
Además, desde la defensa del exsenador le pidieron una reunión a la fiscal para ampliarle datos sobre el tema "que podía no tener tan claro".
Al momento, la fiscal no se comprometió a emitir una fecha específica para el fallo, indicó el abogado.
En diciembre, en una audiencia que se realizó un día antes del comienzo de la feria judicial, la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, no hizo lugar al pedido que planteó la defensa del exsenador de cerrar la causa.
A la salida de dicha audiencia, Carrera destacó que si bien la jueza no dio un plazo, le pidió a la fiscal "que en el marco del Código del Proceso Penal, las diligencias que faltan por desarrollar que se hagan en un plazo razonable".
"Hoy me voy con un poco de tranquilidad porque pude tener mi día ante un juez de la República, un juez de garantías, que escuchó nuestros argumentos", afirmó ese día.
El caso se remonta a 2012, cuando Víctor Hernández, un civil, resultó herido por una bala perdida en La Paloma, presuntamente disparada desde una propiedad del Ministerio del Interior durante una fiesta policial. Carrera dispuso que Hernández fuera atendido en el Hospital Policial y que se le otorgaran tickets de alimentación por $20.000 mensuales a su familia.
Estas acciones, según la fiscal Porteiro, carecían de fundamento legal, ya que el Hospital Policial está destinado exclusivamente a funcionarios policiales y sus familiares directos.
La defensa de Carrera sostiene que sus acciones fueron motivadas por razones humanitarias y que no constituyen delito alguno. No obstante, la Fiscalía argumenta que, aunque las razones humanitarias sean loables, no justifican eludir el marco regulatorio establecido para la atención en el Hospital Policial.
