Algunos uruguayos residentes en Estados Unidos están con miedo. El presidente Donald Trump agitó el cuco de las deportaciones masivas y, para cumplir con esos objetivos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas prometió redadas para “cazar indocumentados” en Chicago, Nueva York y Aurora. Entre el 10% y 20% de los 69.000 uruguayos que conforman la diáspora en el país norteño no cuenta con la documentación en regla —según estimaciones de los consejos consultivos—, y podrían caer en estas cacerías pese a no ser parte de los 365 con orden de expulsión.
Pero esos mismos uruguayos —muchos de los cuales habían buscado una mejor suerte en el norte tras la crisis financiera de 2002— ya estaban siendo “condenados”, porque desde hace más de dos años “se están quedando sin documento alguno por la imposibilidad de renovar el pasaporte uruguayo”, advierte Nelcis O´Neill, del consejo consultivo Mario Benedetti de Estados Unidos.
Sucede que, tras el escándalo por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, el gobierno uruguayo endureció el proceso para obtener la documentación desde el exterior. El último día de agosto de 2022 promulgó un decreto en el que se exige la presentación de antecedentes judiciales del país de residencia (y no solo los requerimientos de captura de Interpol o el prontuario uruguayo).
El cambio normativo hizo caer la tramitación de pasaportes en las oficinas consulares uruguayas de todo el mundo.
Pero sobre todo impactó en Estados Unidos donde la documentación en regla es más difícil de lograr que en otros destinos, y donde el FBI mantiene un alto estándar en el control de antecedentes.
A la merma de trámites que significó la pandemia del covid-19, le siguió el decreto del último cuatrimestre de 2022. A su vez, la Cancillería había decidido el cierre de los consulados de Chicago y Los Ángeles, aunque abrió la oficina en San Francisco que compensó parte de los trámites en la costa oeste.
“Por la mala conducta de una persona están pagando miles de uruguayos que ahora están con miedo de quedarse en Estados Unidos anclados sin la posibilidad de salir del país, sin anotarse a exámenes que antes lo hacía con el pasaporte uruguayo, y encima con chances de ser deportados”, explica O´Neill, quien está redactando una carta para pedirle al gobierno uruguayo una rectificación.
Para muchos uruguayos, dice el referente que reside parte de su tiempo en Nueva Jersey y parte en Montevideo, el FBI (Buró Federal de Investigaciones por su sigla en inglés) termina siendo sinónimo de miedo en lugar de seguridad.
Después de los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001, en que el impacto de dos aviones hizo caer a las Torres Gemelas, Estados Unidos instaló la ley patriota. Esta norma, que ha sufrido varios cambios, es cuestionada por asociaciones civiles porque le da a los organismos federales y de inteligencia “demasiadas potestades” para la recopilación de datos personales y facilita que una agencia comparta la información con otra.
La nueva era de Trump
Donald Trump cumplió con sus palabras. En la última contienda electoral estadounidense, el magnate prometió mano dura. En menos de dos semanas de su asunción, firmó la ley sobre arresto de migrantes, anunció un centro de detención en Guantánamo para unas 30.000 personas y se peleó con distintos países de la región a quien les obligó a recibir a sus ciudadanos expulsados del norte.
Desde entonces a Uruguay solo se deportó a una persona. “Es lo normal”, dijeron fuentes de la Cancillería, teniendo en cuenta que hasta los años de pandemia se deportaron una veintena de personas (y antes, en 2019, habían sido más de 50). En ese sentido, nada parece indicar un cambio masivo para los ciudadanos uruguayos. La duda es qué pasará a nivel de flujos y rutas migratorias más allá de las deportaciones.
Nueve días después de que la Organización Mundial de la Salud declarase el status de pandemia a causa del coronavirus, el 20 de marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos emitió una normativa que les permite a las autoridades migratorias la rápida expulsión de quienes intenten entrar al país. La razón esgrimida era el riesgo de propagación del virus y llevó el nombre de “Título 42” en referencia al código en el que se escudaron los jerarcas sanitarios.
“La implementación de la legislación de salud y migración a través de la política pública que conocemos como Título 42 fue polémica. Hoy sabemos, gracias a emails que se hicieron públicos, que la Casa Blanca bajo (Donald) Trump presionó a los Centros de Control de Enfermedades (CDC) para imponer la política a pesar de no tener razonamientos médicos para justificarla. El Título 42 usó a la pandemia como excusa para imponer restricciones al asilo”, explicó Rafael Bernal, periodista de políticas migratorias en el periódico The Hill.
Los CDC anunciaron en 2022 que ya no existían motivos sanitarios para mantener la medida restrictiva de ingreso de migrantes, y el gobierno de Joe Biden cambió el estatus. Pero mientras estuvo vigente, se observó un movimiento de norte a sur. Es decir: algunos grupos de cubanos o venezolanos que partían desde Uruguay en busca del sueño Americano pegaron la vuelta.
Según fuentes de la Organización Internacional para las Migraciones, hubo venezolanos que vivían en Uruguay, iniciaron la ruta al norte, pasaron el peligroso tapón del Darién, fueron víctimas de coyotes y siguieron por tierra hasta Estados Unidos. En esa aventura se dieron cuenta de que les era imposible entrar por el Título 42 y retornaron a Uruguay. Cuando se les pregunta si volverían a intentar tamaña ruta, la respuesta es simple: sí.
Por lo cual las amenazas de Trump, o un nuevo Título 42, no parece detener la intención de la humanidad de moverse.
