Los legisladores volverán a reunirse este jueves antes de tomar la definición
Tres diputados comenzaron este miércoles a analizar el planteo de su colega Nicole Salle para instalar una comisión que investigue la gestión de la pandemia del covid-19 en Uruguay.
Los legisladores son Gustavo Salle (padre de la diputada denunciante e integrante también de Identidad Soberana), Federico Preve (Frente Amplio) y Pablo Abdala (Partido Nacional), quienes se pusieron a leer a contrarreloj las centenares de páginas que forman parte de la solicitud ya que tienen hasta las 21 horas para expedirse.
Y si bien resta una nueva reunión, que está prevista para este jueves a las nueve de la mañana, el pedido corre riesgo de no salir, ya que tanto en el Frente Amplio como en el Partido Nacional son poco afines a aceptarla aunque presentarán argumentos e informes diferentes, según supo El Observador por fuentes parlamentarias.
La ponderación para adoptar la posición incluye desde razones jurídicas hasta una valoración política acerca de la conveniencia de habilitar una investigación impulsada por personas que niegan la existencia de la pandemia y critican el desempeño de la ciencia uruguaya.
Tanto blancos como frenteamplistas reconocen que hay puntos que vale la pena profundizar –como pueden ser los contratos firmados con las farmacéuticas o la gestión sanitaria– pero dudan de que sean suficientes como para habilitar la comisión.
A su vez, entienden que viabilizar la investigadora puede permitir a Salle darle una mayor institucionalidad a buena parte de las ideas que profesó en campaña y que lo llevaron al Parlamento.
Tanto Preve como Abdala hicieron consultas políticas a las bancadas del Frente Amplio y el Partido Nacional para terminar de definir.
El Partido Colorado no está en la comisión pero sus legisladores deberán pronunciarse cuando la solicitud sea discutida en cámara. Inicialmente, los legisladores se inclinan por rechazarla.
Consultado por El Observador antes de cerrar la postura, Abdala señaló –a título personal– que a su entender el planteo “carecía de fundamento” ya que era demasiado genérico sin señalar aspectos específicos a investigar. Su posición alcanza a la mayoría de la bancada.
La ley que regula estas comisiones establece que su cometido es “investigar situaciones que se consideren ilícitas o irregulares” o “reunir información sobre asuntos y cuestiones en los que no se presume la existencia de ilicitudes o irregularidades a fin de legislar en esas materias”.
En tanto, Nicole Salle dijo a El Observador que en la reunión de este miércoles –la primera tras el planteo realizado en la sesión del martes– los legisladores le hicieron “preguntas puntuales” acerca de los “incumplimientos legales” que creía que se habían cometido.
La diputada denunciante respondió que se habían violado leyes, cometido actos inconstitucionales, que se emitió “publicidad engañosa” respecto a la eficacia de las vacunas y que no hubo farmacovigilancia ni control de efectos adversos. Aseguró que lo que ella había presentado eran “indicios que ameritan investigar” y reconoció que Abdala le pidió pruebas.
Federico Preve, por su parte, consideró que el tema era de “altísima sensibilidad para toda la población” por lo que debían actuar con “seriedad y profundidad”.
Gustavo Salle, el tercer integrante de la comisión –y el único que se inclina a apoyarla–, defendió la necesidad de investigar y se mostró partidario de citar incluso al expresidente Luis Lacalle Pou.
“Lacalle Pou es el principal responsable. Él salió a decir por el tema de las vacunas: es esto, toda la extorsión de las farmacéuticas, o no hay vacunas. Hay que traerlo y preguntarle cómo lo extorsionaron, qué le dijeron”, afirmó en rueda de prensa.
Nicole Salle fundamentó la solicitud de la comisión investigadora en un documento de 83 páginas –al que sumó varios anexos– en el que cuestiona la pandemia y remarca que es necesario contar con información acerca de las decisiones tomadas por el gobierno.
“La gestión de la pandemia de covid-19 en Uruguay ha dejado una serie de interrogantes sin respuesta y una cantidad creciente de damnificados que merecen explicaciones. La solicitud de una comisión investigadora no es un acto político ni una persecución ideológica. Es una necesidad ética y moral para garantizar que el Estado responda por sus acciones y corrija cualquier daño que haya causado”, escribió.
La legisladora señaló que la investigación tiene como finalidad “esclarecer” las decisiones adoptadas por el gobierno nacional, el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Presidencia de la República y otros organismos estatales en relación con la emergencia sanitaria y sus efectos en la población.
A su vez, mencionó que se han identificado “serias preocupaciones” en relación con la “autorización de uso acelerado de inóculos, los contratos firmados con laboratorios internacionales, la falta de acceso a información pública sobre su contenido y efectividad, y los efectos adversos reportados sin la debida atención de las autoridades competentes”.
En este sentido, planteó como uno de los objetivos “esclarecer distintos aspectos de la estrategia de vacunación implementada y contribuir a garantizar que futuras políticas de salud pública se ajusten a principios de seguridad, eficacia y respeto a los derechos ciudadanos”.
También busca saber si existieron “presiones externas” por parte de “organismos internacionales o de las propias empresas farmacéuticas” para impulsar campañas de vacunación masiva “sin los debidos estudios de seguridad y sin una adecuada información a la ciudadanía”.
“En este contexto, se vuelve esencial acceder a los contratos firmados con laboratorios como Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sinovac, que hasta la fecha no han sido divulgados en su totalidad”, remarcó.
Por último, en otro de los pasajes, señaló que era imprescindible investigar si existe alguna “posible correlación con el aumento de la mortalidad”, el aumento de “distintas enfermedades” e incluso la “disminución de la natalidad”.
