Los abogados que representan a los 1.448 damnificados de República Ganadera están sorprendidos por la demora de la Justicia en decretar el concurso de acreedores. Esa indefinición trae problemas en el manejo de la empresa que presenta problemas de liquidez.
Es por eso que los representantes de los damnificados están a la espera de que esta semana la jueza María Constanza Farfalla tome una definición. Este martes la jueza le volvió a pedir al asesor contable del Poder Judicial que le informe si están levantadas las observaciones.
Luego de eso se espera que defina si decreta el concurso voluntario o lo archiva al considerar que no se han levantado las observaciones. En ese caso es posible que se decrete el concurso necesario que también está en trámite en otro expediente.
Por otra parte, en una reunión que tuvieron en las últimas horas los abogados que representan a los damnificados con la interventora, la abogada Zamira Ayul, les informó del estado de situación de la empresa.
Según relataron a El Observador participantes de la reunión, Ayul les informó que están teniendo problemas de liquidez por lo que tienen previsto vender ganado propio de República y lana para poder pagar los sueldos.
Además les informo que están trabajando en el conteo del ganado y que espera tener esa información en las próximas tres semanas.
En relación al ganado les informó que “el estado sanitario del ganado es adecuado”. Hablaron de un video que circuló el fin de semana en el que se veían animales afectados por garrapata. Les informó que se trata de 500 cabezas y que se les realizará tratamiento para controlar esa enfermedad que puede ocasionar la muerte del ganado.
También les informó que trabajaba en el recupero 3.000 cabezas de ganado que estaban en poder de un escritorio rural sin justificación. Se trataba de ganado que estaba bajo un fideicomiso de garantía y algunos consignatarios. Se reconoció que eran propiedad de República Ganadera.
Cómo se "evaporó" el ganado de República Ganadera
En la reunión con la interventora se habló también de que están buscando información de los retiros de animales que se hicieron antes de que se decretara la intervención de la empresa.
Decenas de inversores se percataron de que el ganado que tenían a su nombre en las guías del Ministerio de Ganadería habían sido vendidos o movidos de los campos donde supuestamente estaban sin su consentimiento.
Sobre ese aspecto, los inversores cuentan con un informe contable realizado en base a la información proporcionada por la empresa a los clientes y por el informe que elaboró el contador en el juzgado, a los que accedió El Observador, que dan cuenta de que la debacle de la empresa ocurrió entre junio y diciembre de 2024.
En ese período la empresa pasó de tener casi 99.000 cabezas de ganado a tener 37.000, por lo que disminuyó en 60% la cantidad de ganado adquirido con el dinero invertido por los particulares.
Otra gráfica realizada con los datos de la empresa indica que los resultados acumulados venían siendo positivos y sufren una aguda caída entre 2023-2024, pero entre el 30 de junio y el 27 de noviembre de 2024, se dio la caída estrepitosa de la masa activa y tamaño del rodeo.
Ese informe indica que en los estados contables de 2024 se detecta un muy brusco incremento en el activo corriente especialmente en el rubro "Semovientes", lo que indicaría un incremento radical en los "activos biológicos", es decir de los animales.
También menciona la cancelación de los "saldos deudores de los socios" por más de $ 31 millones que cobraron y también llama la atención una disminuición de los "Créditos fiscales" por unos $ 83 millones.
Otra observación, es que en el estado de situación del último ejercicio presentado o sea el 2024, surge una deuda de US$ 622.272 con "proveedores de plaza" que fue casi del doble que en el ejercicio anterior.
El informe contable menciona en base a los datos que pondera que "entre el ejercicio 2023 y el 2024 hay un notorio aumento en las ventas tanto de animales como lana y cueros (...) la empresa habría realizado una suertede pre-liquidación antes de solicitar el concurso, en perjuicio de los acreedores actuales y sin ningun aviso sino por lo contrario haciendolos creer que el negocio iba mejor que nunca".
El contador del Poder Judicial luego de examinar la información que entregó la empresa concluyó que el activo asciende a US$ 3.510.195 mientras que el pasivo es de US$ 89 millones (tomando el dólar a 4,482 valor del 6 de febrero de 2025), lo que determina la existencia de un déficit patrimonial de US$ 85.970.025.
