Mientras corre el plazo de diez días hábiles para que Conexión Ganadera responda al planteo de concurso necesario, pedido por un grupo de acreedores, el interventor designado por el juez de concurso Leonardo Méndez, el contador Alfredo Ciavattone, se dedica a tomar conocimiento del desarrollo de la empresa y a trabajar en la búsqueda del ganado que queda en la empresa.
Fuentes del concurso judicial dijeron a El Observador que actualmente corre el plazo que tiene la empresa para responder si se allana al concurso necesario (lo acepta y le da la razón a los acreedores) o se opone y presenta argumentos en contra del proceso. También puede pasar que la empresa no responda.
Ese plazo, para el expediente que se presentó primero, se vence el martes de la semana próxima, por lo que se espera que si Conexión Ganadera se allana o no responde, el juez Méndez decrete el concurso el miércoles 19 y designe a Ciavattone como interventor.
Al tratarse de un concurso necesario, pedido por los acreedores, a partir de ese momento Pablo Carrasco, director de Conexión Ganadera, será apartado de la empresa que pasará a ser dirigida por el síndico con el aval del juez para cada decisión que tome.
Antes de la solicitud de concurso, Carrasco había adelantado en una carta a los inversores que su intención era que la empresa se presentara voluntariamente para a concurso.
La semana pasada el juez decidió la intervención urgente de la empresa para cuánto antes comenzar a verificar que exista el activo de US$ 150 millones que representantes de la empresa dijeron tener y preservar la existencia del ganado, ante varias denuncias públicas sobre faltantes de animales en los registros.
En ese sentido, las fuentes del concurso indicaron que Ciavattone está trabjando con el Ministerio de Ganadería (MGAP) en la ubicación y estado del ganado y dijeron que si bien hay faltante los datos señalan que "es bastante el ganado que queda".
De todos modos, agregaron que esa tarea requerirá la colaboración del MGAP y "va a llevar bastante tiempo".
El interventor también viene manteniendo reuniones con Carrasco para interiorizarse en el funcionamiento de la empresa y "organizado aspectos para obtener liquidez para gastos de funcionamiento imprescindibles". Entre esos gastos, señalaron, el pago a los trabajadores que están al cuidado de los animales y gastos sanitarios para mantener el ganado, algo fundamental para que ese ganado reditúe en poder pagarle a los acreedores.
Las denuncias penales
Paralelamente se han ido acumulando numerosas denuncias penales contra Carrasco y los representantes de la empresa por los delitos por estafa, apropiación indebida, falsificación de documento privado, asociación para delinquir y lavado (el dinero obtenido con las estafas y apropiación lo invirtieron en bienes).
El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez asumió la competencia del caso el pasado lunes 3. Hasta ahora se dedicó a la tarea administrativa de unificar las denuncias, reunir la documentación que se adjuntó, verificar nombramientos de los abogados.
El viernes mantuvo una reunión con la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, a la que le pidió "apoyo humano, administrativo, contable y técnico" para poder llevar adelante la investigación penal, ya que también le fue asignado el caso de República Ganadera. El fiscal está a la espera de una respuesta de Ferrero.
Los abogados denunciantes están a la espera de que la Justicia tome medidas cautelares contra Carrasco, como prohibirle salir del país y trabar embargos sobre bienes para evitar que sean vendidos o cedidos.
