El Ministerio de Defensa resolvió sancionar con entre 15 y 30 días de arresto a rigor a cuatro jerarcas de la Armada Nacional que estuvieron involucrados en las tratativas con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas OPV. El castigo es parte de una investigación que desde hace semanas llevan a cabo los adscriptos de la ministra Sandra Lazo.
La sanción alcanza al excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, tal como adelantó Eduardo Preve en redes sociales. La medida, según reconstruyó El Observador, también involucra a otros responsables de la compra: los contralmirantes Miguel De Souza (director general de Finanzas) y José Ruiz (director general de Material Naval) y al capitán de navío Marcelo Da Silva, quien fuera jefe de gabinete de Wilson.
El Frente Amplio es crítico con la contratación a Cardama desde que está en la oposición y la hoy ministra Lazo llegó a reclamar la nulidad mientras era senadora. Ahora, con el contrato firmado y dos transferencias de 8,2 millones de euros ya efectivizadas al astillero español, el gobierno de Yamandú Orsi sigue de cerca la construcción.
Tal como informó El Observador, las actuales autoridades entienden que no tienen elementos suficientes para acreditar que Cardama –cuyo astillero está ubicado en la ciudad de Vigo– haya cumplido el segundo hito necesario para percibir la segunda transferencia millonaria por parte del Estado uruguayo. El gobierno anterior autorizó ese pago luego de que la Armada constatara que Cardama cumplió con el requisito de entregar el Plano de Cuaderna Maestra.
El viernes previo a la Semana Santa un equipo de asesores designado por Lazo recibió a Mario Cardama, titular del astillero, y a representantes de las distintas empresas involucradas para interiorizarse en el proceso de la construcción. Desde la compañía aseguraron que vienen cumpliendo en tiempo y forma con los hitos estipulados en el contrato y que apuestan a completar el tercer hito –la puesta de la quilla– a mediados de mayo.
La compra de dos lanchas OPV, un reclamo de larga data de la Armada, fue resuelta bajo la administración del nacionalista Javier García y asciende a un monto de 82,2 millones de euros.
